El Gobierno aumentará un 3% la presión fiscal hasta 1992 para reducir a cero el déficit público

El déficit del Estado deberá ser reducido a cero hacia 1992. Para ello, la presión fiscal tendrá que subir en los próximos años al menos otro 3% sobre el producto interior bruto (PIB), pues no parece posible disminuir el gasto, aunque sí reordenarlo para mejorar las infraestructuras y los servicios una vez que ha contribuido a sanear la economía. Este cuadro de objetivos fue dibujado ayer en Santander durante la primera intervención pública del nuevo secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, quien advirtió que el índice de precios al consumo (IPC) podría haber sido fuerte en julio, aunque...

El déficit del Estado deberá ser reducido a cero hacia 1992. Para ello, la presión fiscal tendrá que subir en los próximos años al menos otro 3% sobre el producto interior bruto (PIB), pues no parece posible disminuir el gasto, aunque sí reordenarlo para mejorar las infraestructuras y los servicios una vez que ha contribuido a sanear la economía. Este cuadro de objetivos fue dibujado ayer en Santander durante la primera intervención pública del nuevo secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, quien advirtió que el índice de precios al consumo (IPC) podría haber sido fuerte en julio, aunque sin alcanzar el 1% registrado durante el mismo mes en los dos últimos años.

En línea con las voces que desde el Banco de España y desde sectores empresariales reclaman que la política fiscal debe ayudar a la monetaria en su objetivo de controlar la inflación sin presionar al alza los tipos de interés, el nuevo secretario de Estado de Economía dijo que estamos en el momento más oportuno para suprimir el déficit público en el horizonte de 1992. A su juicio, el déficit sólo es útil en momentos de recesión económica, por lo que debe ser aprovechada para eliminarlo la actual fase de recuperación, que considera "todavía con cuerda" para el próximo cuatrienio a menos que haya impactos negativos desde el sector exterior.Sin embargo, Pedro Pérez se mostró escéptico sobre la eventual reducción del gasto en términos de producto interior bruto como solicitan al Gobierno las citadas voces. Las administraciones públicas gastan en España 42 de cada 100 pesetas generadas de valor añadido por la actividad económica. Según Pedro Pérez, cuyas opiniones coincidieron con las conclusiones de un curso organizado durante esta semana por Hacienda en la universidad internacional Menéndez Pelayo, hoy el margen de maniobra es más amplio que en los cinco últimos años, cuando la necesidad de contribuir a sanear la economía ha provocado cierta desatención de los servicios públicos a pesar de que las demandas de éstos y la propia población beneficiada por los mismos se ha incrementado.

Los ingresos tributarios del Estado, que en 1982 y 1983 eran inferiores a los gastos en casi un 6% del BIP, han aumentado desde entonces cerca de ocho puntos, de los cuales en torno a cinco han sido absorbidos por el incremento del gasto y otros tres por la reducción del déficit hasta el 3%. esperado para finales de este año, medio punto menos de lo previsto en los Presupuestos del Estado. Pero el nuevo secretario de Estado de Economía reiteró que en los próximos años los dos principios rectores de la política fiscal deben ser suprimir el déficit público y reordenar el gasto para poner mayor énfasis en la inversión en infraestructuras y en los servicios en vez de en el saneamiento.

Dijo que mantener el déficit en el 3% significaría generar cargas financieras futuras que, como ha ocurrido en el pasado reciente, no permitirían atender los servicios públicos y generarían expectativas de alza en los tipos de interés. Además, insistió en que de alguna forma el déficit ya es pagado por los contribuyentes y carece de ideología, pues el signo de un Gobierno ha de valorarse en los indicadores de redistribución y en su postura ante la actuación del sector público.

No obstante señaló que el aumento de la presión fiscal ha de realizarse mediante la mejora de la equidad en el reparto de las cargas, a través de continuar la lucha contra el fraude iniciada en los últimos años y la revisión del sistema de incentivos y deducciones que en la actualidad suman cerca de un billón de pesetas. Sugirió al respecto el centrarse sobre todo en el impuesto sobre la renta para reducir o eliminar las que fueron motivadas por circunstancias coyunturales. Y en la actualidad carezcan de justificación para la política económica. Pero negó que ello requiera modificaciones en los tributos existentes y no se pronunció sobre la vigente polémica administrativa en torno a la necesidad de mantener o no el 10% de la deducción en las inversiones para la compra de segunda vivienda.

Los precios en julio

Sobre el IPC de julio, Pedro Pérez, quien presidió la junta superior de precios y procede de la Secretaría General de Comercio, reveló que las primeras impresiones -aun cuando la Administración todavía carece de datos significativos y sólo ha estimado algunos componentes del índice- señalan que "sería muy difícil que tengamos un IPC brillante". Tras recordar que en julio de 1986 y 1987 los precios al consumo subieron el 1% porque la alimentación se encareció un 2,2%, dijo que se trata de un mes extraordinariamente alcista por la introducción en el mercado de nuevos productos de temporada que le dan dicho sesgo.

Pedro Pérez subrayó que esto no significa "que vayamos a repetir el l%" [registrado en el mismo mes en los dos últimos años] y que, en cualquier caso, si saliera elevado -está previsto que el Instituto Nacional de Estadística podría publicarlo el próximo día 19- "no tiene por qué llevar a la revisión de los objetivos de precios, porque la experiencia dice que después del verano el IPC devuelve parte de dichas subidas. Frente al 3% de objetivo para final de año, hasta junio el incremento acumulado es del 1,6%; en los 12 últimos meses ha subido un 4,3%.