La Asociación pro Derechos Humanos denuncia la indefensión ante el uso de la informática

Los españoles no han alcanzado todavía la categoría de ciudadanos europeos y se encuentran en situación de indefensión frente al uso incontrolado de la informática por la Administración pública. Esta es al menos la denuncia que hace la Asociación pro Derechos Humanos de España, que celebra estos días en Madrid unas jornadas sobre Informática y libertades.

Cuando en la mayor parte de los países del área occidental existen leyes que protegen a las personas contra los abusos de los Gobiernos y otras entidades a través de la tecnología informática, en España ni siquiera se dispone de un pro...

Los españoles no han alcanzado todavía la categoría de ciudadanos europeos y se encuentran en situación de indefensión frente al uso incontrolado de la informática por la Administración pública. Esta es al menos la denuncia que hace la Asociación pro Derechos Humanos de España, que celebra estos días en Madrid unas jornadas sobre Informática y libertades.

Cuando en la mayor parte de los países del área occidental existen leyes que protegen a las personas contra los abusos de los Gobiernos y otras entidades a través de la tecnología informática, en España ni siquiera se dispone de un proyecto legislativo concreto sobre esta materia. La ideología, la salud o la situación financiera de muchos españoles constan en archivos informatizados, que pueden ser utilizados -como de hecho ha sucedido en algunas ocasiones- por los poderes públicos.La Asociación Pro Derechos Humanos ha decidido, ante este vacío legislativo, en primer lugar crear un departamento de orientación al ciudadano sobre sus derechos y garantías frente al uso incontrolado de la informática por la Administración y, en segundo lugar, enviar a todos los grupos parlamentarios una propuesta de ley que desarrolle el artículo 14.4 de la Constitución piara garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos frente al control informático. Así lo han manifestado expertos y catedráticos en las jornadas, que se clausuran hoy en Madrid, y en las que ha participado también la Asociación de Técnicos de Informática.

"Da la sensación de que el Estado quiere conservar intactos el poder y el control sobre la informática, que nos proporciona una serie de datos sensibles sobre los ciudadadanos relacionados con su ideología, afiliación sindical, salud, policiales, económicos", dice José Antonio Martín Pallín, fiscal del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España.

Martín Pallín cree que existe una total y absoluta indefensión del español en materia de protección de datos informatizados, "a pesar de que este derecho está recogido en la Constitución y en el convenio europeo sobre esta materia, que ha sido firmado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado en 1985".

Bancos de datos oficiales

Técnicos informáticos al servicio de la Administración han afirmado que en la actualidad no funcionan de forma interconectada los distintos departamentos que tienen en sus ordenadores datos de todo tipo sobre los ciudadanos, aunque se han referido al pan Reina (Red de Informatización de la Administración), apartado desde hace dos años, fecha , en la que fue elaborado, y que en cualquier momento podría reconsiderarse. El reciente intento de unificar todos o casi todos los datos en una banda magnética que llevaría el futuro carné de identidad podía haber mostrado la intención de ejecutar dicha conexión.En la actualidad existen bases de datos sobre ciudadanos en poder de la Administración en el Ministerio de Economía y Hacienda (utilizan su potente ordenador Rita para datos económicos); Ministerio del Interior, que tiene tres ordenadores, uno de la policía (ordenador Berta), otro para la Guardia Civil (ordenador Duque de Ahumada) y otro para la Dirección General de Tráfico, y finalmente, el Ministerio para las Administraciones Públicas (ordenador Rita, distinto del de Hacienda, con el que se están procesando, por ejemplo, las incompatibilidades de los funcionarios).

Habría que añadir a todo esto los datos informatizados sobre salud que se encuentran en poder del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Nacional de Salud (Insalud) y la mayoría de los grandes hospitales de la red pública.