Desestimado un recurso español sobre exportaciones agrícolas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea desestimó ayer un recurso con el que el Estado español pretendía lograr la revisión de un sistema de vigilancia de algunas exportaciones agrícolas, aunque por otro lado, anuló un reglamento que encarezca el precio de venta en la CE de vinos españoles de calidad.En marzo de 1986 entró en vigor el llamado Mecanismo Complementario de Intercambio (MCI), que intenta vigilar las exportaciones españolas de patata temprana, de vino y, a partir de 1990, de frutas y hortalizas mediante la obligación para el vendedor, de obtener un certificado en el que se ...

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea desestimó ayer un recurso con el que el Estado español pretendía lograr la revisión de un sistema de vigilancia de algunas exportaciones agrícolas, aunque por otro lado, anuló un reglamento que encarezca el precio de venta en la CE de vinos españoles de calidad.En marzo de 1986 entró en vigor el llamado Mecanismo Complementario de Intercambio (MCI), que intenta vigilar las exportaciones españolas de patata temprana, de vino y, a partir de 1990, de frutas y hortalizas mediante la obligación para el vendedor, de obtener un certificado en el que se especifica el destino final de su mercancía, así como el depósito de una fianza.

El abogado belga Michel Waelbroeck, que defendió los intereses del Gobierno español, argumentó en su día que este reglamento violaba la regla del "stand still", que excluye cualquier nueva restricción, así como los principios de libre circulación de mercancías, de preferencia comunitaria con relación a países terceros, de seguridad jurídica al sumir en la incertidumbre a los exportadores y, por último, por su desproporción con relación al objetivo perseguido.

Los trece jueces que en julio del año pasado rechazaron la petición de Madrid, que hubiese deseado la adopción de medidas provisionales que aliviasen la situación de unos exportadores españoles de vino perjudicados por el MCI, desestimaron el recurso español. La máxima instancia jurídica de la CE aceptó, en cambio, anular el reglamento de febrero de 1986 que establece montantes reguladores con objeto de elevar el precio de los productos vítívinícolas españoles para acercarlo al practicado en la Comunidad.