Publicidad para la colza

AL JUICIO de la colza o del síndrome tóxico, cuyo inicio ha sido fijado para el 30 de marzo, se le califica ya como el más importante de la historia de la justicia española o como el juicio del siglo. También es un banco de pruebas para la endeble estructura de la justicia española.Indudablemente es un desafío para los jueces discernir la verdad judicial entre tantas hipótesis científicas sobre las causas del envenenamiento masivo y entre los intereses antagónicos de procesados y víctimas. En el banquillo de los acusados se sentarán 38 empresarios y químicos de la industria aceit...

AL JUICIO de la colza o del síndrome tóxico, cuyo inicio ha sido fijado para el 30 de marzo, se le califica ya como el más importante de la historia de la justicia española o como el juicio del siglo. También es un banco de pruebas para la endeble estructura de la justicia española.Indudablemente es un desafío para los jueces discernir la verdad judicial entre tantas hipótesis científicas sobre las causas del envenenamiento masivo y entre los intereses antagónicos de procesados y víctimas. En el banquillo de los acusados se sentarán 38 empresarios y químicos de la industria aceitera (otros dos se encuentran en rebeldía fuera de España), y en estrados llevará la defensa o la acusación privada casi un centenar de abogados. En la sala del juicio -el auditorio del recinto ferial de la Casa de Campo, habilitado a estos efectos- podrán seguir el desarrollo de las sesiones unas 700 personas. Aforo, sin embargo, a todas luces insuficiente para dar cabida a los 25.000 afectados si todos ellos estuvieran en condiciones físicas y anímicas para asistir al juicio. Porque 6.000 de ellos todavía sufren en estos momentos secuelas irreversibles.

Mientras tanto, en el recuerdo de todos -dentro y fuera de la sala- estarán las 386 víctimas mortales oficialmente censadas hasta ahora, que según otras cifras alcanzan a más de 600.

Los jueces tendrán que enfrentarse a la enrevesada prosa de los 250.000 folios del sumario; deberán escuchar la deposición de cerca de 2.500 testigos y atender a los informes técnicos que han elaborado unos 250 peritos, parte de ellos extranjeros. Trabajo ingente que exigirá por lo menos cinco o seis meses de sesiones. Como se ve, datos todos ellos abultados e insólitos en la historia judicial española, a pesar de que no han sido infrecuentes en ella los procesos de fuerte repercusión social.

Si hasta ahora no ha sido posible determinar la causa de tantos daños, a pesar de la ingente investigación científica realizada, menos va a ser esto posible, evidentemente, en el acto del juicio. Tampoco es ésta la misión de los juzgadores. Su misión es valorar las pruebas que se aporten al juicio y dictar la sentencia que corresponda. Aunque entre todas ellas destaca por su probabilidad la de que el aceite de colza industrial destinado fraudulentamente al consumo humano fue el vehículo que llevó la tragedia a miles de hogares modestos en un amplio espacio de la geografía española. Y por eso se dilucida ahora la responsabilidad penal de quienes aparecen como culpables de este macabro mercadeo.

Es probable que en un posterior proceso se contemple la responsabilidad penal de quienes a nivel político y administrativo hicieron posible, en una mezcla de omisiones, negligencias y consentimientos, el desarrollo de ese tráfico homicida bajo las mismas narices de la Administración pública. Y es en este proceso donde podría tener solución el grave problema de las cuantiosas indemnizaciones a favor de las víctimas y de los afectados, endosando al Estado el pago de las mismas. Según han dejado entrever fuentes judiciales, esta obligada satisfacción a las víctimas no podrá ser asumida por los actuales procesados, en el supuesto de que fueran condenados, dada la insuficiencia de los bienes de sus empresas.

Pero si el juicio de la colza tiene un objetivo delimitado y, por lo que parece, escasos efectos indemnizatorios a favor de las víctimas, sí puede tener un importante efecto pedagógico o terapéutico positivo sobre la sociedad española. Un atento seguimiento del mismo debería servir para que la ciudadanía de este país, y sobre todo los grupos sociales dirigentes y los responsables políticos, tomen conciencia de que un hecho de consecuencias tan desvastadoras sobre el entramado social no puede tener cabida en una sociedad medianamente organizada. Por eso es indispensable que la vista oral y pública del juicio de la colza tenga la máxima publicidad. Sería deseable que las cámaras de la televisión aprovecharan este caso para estrenarse en el interior de una sala de juicio. La sociedad española en su conjunto, destinataria indiscriminada de la acción criminal, tiene derecho a estar presente en la vista.