Editorial:

El juego de las armas

LAS HISTORIAS terribles de El día después de la bomba H no hacen quizá la misma mella en la opinión pública española que en la de otros países. La desnuclearización oficial de España y la suposición de que estamos en una zona geoestratégica menos sometida a un eventual bombardeo atómico -al menos en la primera fase- han podido contribuir a ello. Pero también, y sobre todo, el silencio informativo que la dictadura impuso sobre materias militares y que es celosamente continuado por los Gobiernos de la democracia. El castizo escepticismo de nuestros compatriotas, y la afición a la chapuza ...

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LAS HISTORIAS terribles de El día después de la bomba H no hacen quizá la misma mella en la opinión pública española que en la de otros países. La desnuclearización oficial de España y la suposición de que estamos en una zona geoestratégica menos sometida a un eventual bombardeo atómico -al menos en la primera fase- han podido contribuir a ello. Pero también, y sobre todo, el silencio informativo que la dictadura impuso sobre materias militares y que es celosamente continuado por los Gobiernos de la democracia. El castizo escepticismo de nuestros compatriotas, y la afición a la chapuza nacional, les llevan con frecuencia a suponer que si aquí hiciéramos la bomba atómica la tendríamos que lanzar a mano. Sin embargo, el reciente informe publicado en EL PAÍS por Soledad Gallego-Díaz y Carlos Gómez ha puesto de relieve la firme posibilidad de que España entre en el club de los nucleares.La posición oficial española sobre el arma nuclear -posibilidad de su fabricación, entrenamiento militar y tránsito por el territorio nacional- constituye uno de los puntos más intencionadamente confusos de los últimos Gobiernos y muy principalmente del socialista. La disparidad e incluso contradicción de los distintos textos legales que se refieren a esta materia y la ambigüedad de las declaraciones oficiales muestran la ignorancia a que está sometida la opinión pública.

Es urgente que el actual Gobierno clarifique su actitud de fondo sobre los diversos aspectos que configuran una política de desnuclearización de España. Y ello exige, en primer lugar, explicar ante el Parlamento, y en detalle, las razones que le han llevado a dar un espectacular giro en sus posiciones y no firmar el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), quehasta el momento han firmado unos 120 Estados, y cuya rúbrica nos solicitan tanto Estados Unidos como la Unión Soviética.

Un primer argumento esgrimido por los socialistas (el TNP impediría construir un submarino de propulsión nuclear) ha sido considerado después como "un error", ya que el citado tratado no prohíbe la propulsión. Tampoco se ha retrocedido ante el uso de los argumentos que ya se utilizaron en la época franquista: el TNP -declaró Felipe González en un debate televisivo- es hipócrita y significa una, humillación, pues consolida la desigualdad entre quienes tienen ar mas nucleares, que pueden seguir incrementándolas, y los que no forman parte del club, que se comprometen a no tenerlas nunca. Lo que el presidente ha sido incapaz de explicar es por qué el tratado es humillante cuando él ostenta el poder y no lo era cuando estaba en la oposición. Las condiciones no han variado. La única explicación posible es que ha variado, en cambio, la doctrina del PSOE y que el partido socialista no desecha la construcción de la bormba atómica como una respuesta posible a nuestros problemas de derensa. Si, esto es así, debería decirse.

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Aunque la posición oficial persista en la confusión, existe una interpretación para la negativa a la firma del TNP: algunos países europeos piensan en una defensa europea independiente. Según los socialistas franceses, esa opción exigiría el nacimiento de una tercera potencia nuclear, además de Gran Bretaña y Francia. Y, en estos momentos, el único país que reúne las condiciones para convertirse en la tercera potencia nuclear europea es España, precisamente porque no ha firmado el TNP y porque no forma parte de la organización militar integrada de la Alianza. Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber si el Gobierno socialista considera esa posibilidad.

Algo parecido podría decirse sobre el entrenamiento del Ejército español en el uso de armas nucleares tácticas. La explicación que ha dado el ministro de Defensa de que se trata de un estudio téorico es preocupante. Salvando las pruebas nucleares subterráneas que realiza Estados Unidos, todos los demás estudios de ese género son teóricos en una u otra medida. Y los entrenamientos de todos los ejércitos nuclearizados en el mundo son exclusivamente teóricos: para ser prácticos, tendrían que experimentar con la bomba en el campo de maniobras. Lo que se pone de relieve aquí es que las Fuerzas Armadas españolas no descartan el empleo del arma nuclear. Y es lógico, toda vez que España pertenece a la OTAN y la columna vertebral de la doctrina militar de la Alianza es la de la disuasión nuclear. Llegado a este corolario, vuel ven a mostrarse una vez más los aprietos del Gobierno para cumplir las promesas que, con motivo del referéndum, pretendían descafeinar las consecuencias de la integración en la OTAN.

La desnuclearización de España es también equívoca en otro aspecto: no permitimos que se instalen o almacenen armas nucleares de otros países, pero no decimos nada del tránsito de armas instaladas en navíos y submarinos extranjeros. La pregunta del referéndum sobre la OTAN significó un giro decisivo en la línea del PSOE. El 29 de octubre de 1981, los socialistas defendieron una enmienda para que se prohibiera también el tránsito. En marzo de 1986 se evitó cuidadosamente hablar de tránsito para no enfrentarnos con EE UU, como Nueva Zelanda, y el Gobierno se sacó de la manga la palabra introducir, que admite interpretaciones.

Nadie duda de que el tema es delicado, pero ello no obsta al derecho irrenunciable que tienen los pueblos a que los Gobiernos les expliquen sus decisiones y no las oculten o traten de ponerlas en práctica a sus espaldas. Los socialistas tienen experiencia de cómo se puede convencer a un pueblo para que cambie de opinión al mismo tiempo que el Gobierno. Porque el cambio es legítimo, siempre que se asuman claramente ante la opinión pública las razones. Lo que no es legítimo es el ocultismo, el juego de palabras, y hasta el doble juego, en temas tan capitales.

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