El déficit descenderá 100.000 millones en valores absolutos
El déficit no financiero del Estado descenderá por primera vez en valores absolutos en 1987, según el proyecto de ley presentado ayer. Las previsiones cifran el déficit, no financiero en 1,317 billones de pesetas, 100.000 millones de pesetas menos que en 1986, lo que representa el 3,7% del producto interior bruto (PIB). A esta cifra habrá que sumar otra adicional, hasta el 4% del PIB, si se alcanza un acuerdo en las negociaciones para el sistema de financiación de las comunidades autónomas.Las cargas financieras de los déficit públicos de ejercicios anteriores suponen ya la mayor parte de las ...
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El déficit no financiero del Estado descenderá por primera vez en valores absolutos en 1987, según el proyecto de ley presentado ayer. Las previsiones cifran el déficit, no financiero en 1,317 billones de pesetas, 100.000 millones de pesetas menos que en 1986, lo que representa el 3,7% del producto interior bruto (PIB). A esta cifra habrá que sumar otra adicional, hasta el 4% del PIB, si se alcanza un acuerdo en las negociaciones para el sistema de financiación de las comunidades autónomas.Las cargas financieras de los déficit públicos de ejercicios anteriores suponen ya la mayor parte de las nuevas necesidades de financiación en que incurre el Estado cada vez que se inicia un año fiscal. Los mayores gastos que ingresos del Estado, descontado el pago de intereses y amortizaciones de la deuda ya en vigor, equivalen solamente el 1,2% del PIB, mientras que hace un año eran el 1,7% del mismo.
El borrador del proyecto de ley establece que para financiar este déficit el Estado no podrá aumentar la circulación de deuda pública en vigor entre el primer día y el último de 1987 en más de 1,45 billones de pesetas. Al tiempo, el Estado podrá incurrir al Banco de España por un importe no superior al 12% de los gastos aprobados. El proyecto no establece esta vez los límites máximos que se pueden emitir en cada una de las fórmulas de deuda pública sino que permite una total flexibilidad para el Estado a la hora de financiarse en los mercados.