El Gabinete aprobará los presupuestos de 1987 sin aumentar el dinero de las autonomías

Las siete horas de negociaciones mantenidas ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema definitivo, de financiación terminaron sin acuerdo. El Ejecutivo quiere aprobar el proyecto de presupuestos para 1987 sin modificar las cantidades asignadas en 1986 a las autonomías de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra), que ascendieron a 889.441 millones de pesetas. Pretende así forzar un consenso que sería incluido por vía de enmiendas parlamentarias. Las partes quedaron en verse otra vez dentro de 15 días.

Poco antes de las ...

Las siete horas de negociaciones mantenidas ayer entre el Gobierno y las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema definitivo, de financiación terminaron sin acuerdo. El Ejecutivo quiere aprobar el proyecto de presupuestos para 1987 sin modificar las cantidades asignadas en 1986 a las autonomías de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra), que ascendieron a 889.441 millones de pesetas. Pretende así forzar un consenso que sería incluido por vía de enmiendas parlamentarias. Las partes quedaron en verse otra vez dentro de 15 días.

Poco antes de las 21.00 horas, recién salido de la larga sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -en el que están representados todos los consejeros autonómicos de Hacienda-, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, se reunía con su equipo para cerrar elanteproyecto de ley de presupuestos del Estado, con el fin de que lo estudie el próximo Consejo de Ministros.Las negociaciones de Solchaga y de Joaquín Almunia, ministro de las Administraciones Públicas, con los consejeros autonómicos terminaron un cuarto de hora después de que el Gobierno pusiera por primera vez sobre la mesa una estimación del aumento para las transferencias a las autonomías: 41.000 millones de pesetas. El ministro de Economía rechazó como propias las estimaciones difundidas en la Prensa el pasado verano, que cifraban en 955.000 millones de pesetas la financiacion autonómica para 1987, lo que supondría un incremento del 7,5 sobre la de 1986.

Cinco años

El objetivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera era concretar el sistema definitivo de financiación autonómico para los cinco próximos años, sometido a negociación desde la pasada primavera. Pero la mayoría de las autonomías, a la. vista de que el Ejecutivo ni siquiera había puesto sobre la mesa el dinero disponible para 1987, pidieron rebajar el alcance de un eventual acuerdo a dos o tres años, posición defendida especialmente por Cataluña, Cantabria, Baleares y Galicia, las únicas no gobernadas por socialistas.Antes de dedicar casi toda la jornada a debatir los índices sobre los que se repartirá el dinero de las autonomías en los próximos años, Solchaga propuso como fórmula para cerrar el proyecto de presupuestos y seguir luego la negociación, incrementar las transferencias en un 8,7%, la misma cuantía prevista para los gastos del Estado, aunque sin incluir los 173.767 millones de pesetas dedicados en 1987 a inversión descentralizada a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Esta cantidad quedaría congelada, y de ella se detraería un 25% para repartir también conforme a los nuevos índices. Pero la oposición de Cataluña y Galicia, refrendada implícitamente por otras autonomías, impidió este intento.

Tono pesimista

En ausencia de las versiones procedentes del Gobierno -los funcionarios asistentes a la reunión dijeron que no hablarían porque el ministro Solchaga tampoco iba a hacer declaraciones-, los únicos informantes fueron algunos consejeros autonómicos. Sus versiones estuvieron marcadas por tonos pesimistas. El consejero de Economía de Cataluña, Josep Maria Cullell, afirmó que el sistema debatido tendrá un carácter "más provisional" que el de los seis últimos años, y que el Gobierno no sólo ha silenciado el dinero disponible, sino que parece desinteresado en acortar las distancias entre las autonomías con régimen foral y las de régimen común, pues el sistema de las primeras descentralizaría un 26% el gasto público y el estudiado para las segundas apenas alcanza el 10%.Por su parte, el representante de Galicia, José Antonio Orza manifestó su insatisfacción con las dos opciones planteadas por el Gobierno un cuarto de hora antes de terminar la reunión para empezar a concretar lo discutido durante la jornada. Ambas se basan en reducir la importancia de la población como criterio de reparto con respecto a los criterios estudiados en los últimos meses.

Ahora una alternativa asigna para repartir la financiación ajena al Fondo Interterritorial un 69,1% a la población, un 14,2% a la superficie, el 2,2% a la pobreza, el 1,9%, a la insularidad y el resto al esfuerzo fiscal y a las desigualdades. La segunda atribuye a la población el 64,2%, a la superficie el 30%, a las desigualdades el 3,9% y al esfuerzo fiscal y a la pobreza el 0,3%.

Los socialistas, remisos

Para alcanzar un acuerdo sobre el modelo definitivo resultaron insuficientes la disciplina de partido dentro de las comunidades gobernadas por socialistas, la necesidad de elaborar cuanto antes los presupuestos para el año de las elecciones autonómicas y la esperanza (compartida por autonomías donde gobierna la oposición) en los eventuales frutos de una negociación bilateral posterior con la Hacienda central. Pese a la llamada a la solidaridad realizada el lunes por el presidente Felipe González a los presidentes de autonomías gobernadas por el PSOE, algunos de estos representantes arroparon poco la estrategia de Solchaga.Cataluña y Galicia promovieron sin éxito un intento previo de asumir las recaudaciones del IVA en fase minorista y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Gobierno sólo admitió avanzar en esta línea "cuando sea posible", y transferir desde el próximo año el impuesto sobre actos jurídicos documentados, de escasa recaudación.