Reflexiones tras una dimisión
JORDI GOULA
La dimisión de un director de caja de ahorros no es algo habitual. Que esta dimisión esté relacionada, según la Prensa, por la presión ejercida por los empleados ante un eventualmente insatisfactorio aumento salarial resulta, cuando menos, insólito. Máxime si tenemos en cuenta que estos empleados representan una élite, en cuanto a su nivel medio retributivo, y que el propio Banco de España había aconsejado seguir una política de austeridad, hecho en el que, por otro lado, insiste al tratar con las entidades de ahorro en general. Es lógico pensar, pues, que el impositor se plantee una serie de ...
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La dimisión de un director de caja de ahorros no es algo habitual. Que esta dimisión esté relacionada, según la Prensa, por la presión ejercida por los empleados ante un eventualmente insatisfactorio aumento salarial resulta, cuando menos, insólito. Máxime si tenemos en cuenta que estos empleados representan una élite, en cuanto a su nivel medio retributivo, y que el propio Banco de España había aconsejado seguir una política de austeridad, hecho en el que, por otro lado, insiste al tratar con las entidades de ahorro en general. Es lógico pensar, pues, que el impositor se plantee una serie de interrogantes sobre un sector en el que, por encima de todo, sigue ondeando la bandera de la seguridad, y en el que sus principales adalides publicitarios son los propios empleados y, por supuesto, la Obra Benéfica Social. El impositor, en definitiva, puede preguntarse dónde radica el poder decisorio en unas entidades que, en puridad, no son propiedad de nadie, y, sobre todo, cuáles son los colectivos más beneficiados en unas instituciones que comenzaron siendo benéficas y siguen sin tener el lucro como fin último de su actuación.La primera cuestión ha preocupado siempre a los medios gubernamentales. Tan cierto como que nunca se ha dado con una solución satisfactoria. La situación actual es aleccionadora. Tenemos una ley de Cajas promovida por el Gobierno central impugnada desde la Generalitat de Cataluña (donde reside el 2251. de los recursos de las cajas), y otra ley, alternativa a esta última, impugnada por Madrid. La diferencia principal entre ambas estriba en el peso que deben de tener las corporaciones públicas dentro de los órganos rectores de estas entidades. Las acusaciones mutuas de intento de politización o de continuismo conservador, no hacen sino reflejar la dificultad de encontrar una salida eficaz.
Por lo que respecta a la segunda cuestión, la respuesta quizás es todavía más difícil, ya que los tres colectivos a los que en principio debe afectar la actividad de las cajas positivamente, siendo distintos, pueden estar interrelacionados en algunos aspectos: usuarios de la Obra Benéfica Social (OBS), impositores y empleados.
Una parcela en regresión
Analizando la evolución de los fondos destinados a la OBS en los últimos años, puede llegarse a la conclusión de que se trata de una parcela en regresión, motivada tanto por los cambios generales acaecidos en el país como por la filosofía que el Banco de España intenta trasladar a las entidades, fundamentada en la necesidad primordial de capitalización y en la competitividad dentro del sistema. Así, mientras en 1981 las cajas destinaban conjuntamente el 35% de sus excedentes a la OBS, en 1984 la participación se reduce al 24%, mientras que la parte dedicada a acumulación de reservas pasa del 53% al 62% en el período.
Los impositores, por su parte, han gozado durante muchos años -sobre todo mientras la competencia no había entrado en el campo de la economía doméstica- de una serie de ventajas importantes en el campo del crédito, fundamentalmente el destinado a la vivienda. Es obvio que resulta complejo cuantificar hasta qué punto y en qué medida este colectivo se ve más beneficiado que el resto. En cualquier caso, parece que por esta vía -positiva- no quedan excesivas dudas. Donde sí pueden aparecer es en el aspecto remunerativo del ahorro, sobre todo el pequeño. Dejando aparte el encarecimiento medio del pasivo en los últimos tiempos como consecuencia de una política comercial de captación más agresiva, y de la aparición de nuevos instrumentos de colocación, lo cierto es que en octubre de 1985 todavía había más de tres billones de pesetas en libretas de ahorro, es decir, un 4 17. del total de los depósitos, a un tipo de interés del 3,75%. En este apartado no parece que el impositor, fundamentalmente pequeño, pueda sentirse excesivamente satisfecho en cuanto a la remuneración percibida a través de sus ahorros.
El tercer colectivo aludido, el de los empleados, es el menor en número, situándose en 64.000 en 1984. Vaya por delante que la utilización de cifras medias puede desvirtuar las conclusiones, pues, al igual que operativamente empiezan a existir diferencias importantes entre las cajas, también existen en cuanto a política retributiva del trabajo. Así, por ejemplo, el coste por empleado medio de las tres grandes cajas catalanas se situaba en 1984 un 30% por encima del promedio de cajas nacionales. En cualquier caso, para valorar el grado de satisfacción relativa de este colectivo es preciso ponerlo en relación con una serie de puntos de referencia. En el caso de la caja que es motivo de estas líneas, al igual que sucede con las otras dos grandes de Cataluña, el nivel de coste por empleado se situaba en 1984 un 50% por encima del promedio de los siete grandes bancos. Esta importantísima diferencia obvia cualquier comentario adicional.
Aunque la comparación entre el coste del personal y la dedicación de fondos a la OBS no puede establecerse linealmente, ya que el primero depende de unos factores muy concretos y el segundo es residual, en función de los excedentes obtenidos y del nivel de capitalización de la entidad puede utilizarse por lo menos como indicador de tendencia, en cuanto a un colectivo que va a más y otro que va a menos. En 1981, por cada peseta que se destinaba a OBS, 6,50 servían para remunerar al personal; en 1984, esta relación era ya de 1 a 8,25. Estas cifras se refieren al conjunto de las cajas, lo que implica que pueden existir sustanciales diferencias entre entidades.
A la vista de todo ello, el impositor probablemente puede seguir sin entender hechos como los relatados al principio, y que quizá se conocen excesivamente simplificados a través de los medios de comunicación. Pero es indudable que tienen un trasfondo preocupante para todos aquellos que siguen otorgando un futuro importante a estas instituciones y entre los que se encuentra en lugar destacado la autoridad monetaria. Y preocupan también, como es lógico, a todos aquellos que tienen conciencia del contexto de austeridad en que se viene desenvolviendo el mundo laboral.
Jordi Guola es economista.
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