El fraude del control de taquilla supera los 4.000 millones de pesetas

A lo largo de los primeros ocho meses del pasado año, en 2.987 salas cinematográficas se exhibieron 4.123 películas, que fueron vistas por 63.678.222 espectadores y que produjeron una recaudación de 15.514.236.229 pesetas. Según estimaciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), durante este período se han defraudado 4.654 millones de pesetas, el 30% de la recaudación declarada, y se calcula que a lo largo del año esta cantidad puede alcanzar los 8.000 millones.

En el departamento de protección del ICAA, organismo que depende del subdirector Ramón Cercó...

A lo largo de los primeros ocho meses del pasado año, en 2.987 salas cinematográficas se exhibieron 4.123 películas, que fueron vistas por 63.678.222 espectadores y que produjeron una recaudación de 15.514.236.229 pesetas. Según estimaciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), durante este período se han defraudado 4.654 millones de pesetas, el 30% de la recaudación declarada, y se calcula que a lo largo del año esta cantidad puede alcanzar los 8.000 millones.

En el departamento de protección del ICAA, organismo que depende del subdirector Ramón Cercós, se asegura que el fraude se centra en las salas periféricas y rurales, que su práctica es la mayor dificultad para hacer una planificación real sobre el mercado del cine y que todos los datos que se aventuren sobre el alcance del fraude son aproximativos, si bien siempre están por debajo de las cifras reales.El fraude sobre el control de taquilla parece ser uno de los problemas más graves y antiguos que arrastra el cine español. Si la ex directora general del ICAA Pilar Miró y su reciente sustituto, Fernando Méndez Leite, se han referido al tema diciendo que es el auténtico cáncer de la industria y, por tanto, supone su máximo peligro, otros directores generales intentaron antes, también sin éxito, limpiar el mercado. El pasado mes de septiembre, las principales asociaciones de profesionales del sector (exhibidores, distribuidores, productores) pedían por escrito al Ministerio de Cultura que se tomaran medidas urgentes, ya que las formas de defraudar son múltiples y el dinero que se defrauda es mucho y preocupante para todos los que actúan correctamente.

El primero en intentar ordenar el mercado interior fue José María García Escudero, en diciembre de 1964, año en el que funcionaban 6.500 salas en toda España. Los exhibidores estaban obligados a enviar mensualmente un parte en el que se señalaba el número de entradas vendidas por sesión y la recaudación de las mismas. Un cuerpo de 100 inspectores se encargaba de intentar evitar que los partes se quedaran en el camino. El primer año de aplicación de esta medida, 1965, la recaudación fue de 5.000 millones de pesetas, cuando en el ejercicio anterior la Sociedad General de Autores de España (SGAE) había presentado un balance de 2.000 millones.

Los intentos de unificación de billetaje y de la inclusión de un ticket con el sello del ICAA no han servido para arreglar el problema, ni siquiera para terminar con la rueda, consistente en que el portero se queda con la entrada que le entrega el espectador y el mismo billete vuelve a ser vendido una y otra vez en la taquilla. La situación se agravó, según funcionarios del ICAA, cuando en 1975 se permitió a la mitad de las salas cinematográficas que pagaran su impuesto para huérfanos directamente a las juntas provinciales de menores, dependientes del Ministerio de Justicia.

Actualmente, los sistemas de defraudación son variados, y la inspección, compuesta por alrededor de 100 personas, parece ser insuficiente. Además de la rueda, el sistema más extendido en cines pequeños y familiares, el fraude se puede producir con la venta de entradas semejantes a las oficiales, falseando el libro de registro o simplemente no entregando ninguna entrada a los espectadores. Otra práctica extendida es el falsear los resultados obtenidos por una exhibición de una película. "Los distribuidores suelen obligar a contratar las películas por lotes", explican en el ICAA, "para cumplir cuota de pantalla, de forma que es muy frecuente decir que se han exhibido películas españolas que nunca se han puesto en pantalla".

Una de las consecuencias inmediatas de este fraude afecta al Fondo de Protección Cinematográfica. Hasta el pasado mes de diciembre, este fondo estaba nutrido por cinco tasas: 500.000 pesetas por subtitulado y doblaje de películas extranjeras, tasa complementaria del 1% de la recaudación hasta los 100 primeros millones de recaudación y del 0,5% cuando se sobrepasan los 100 millones, 25 pesetas por metro de película virgen utilizado, el 5% de la cantidad pactada en los contratos de publicidad en el cine, 25 pesetas por la expedición de certificados de películas extranjeras y el 30% de la recaudación bruta de la exhibición de películas "X". El pasado año, este fondo estuvo integrado por 3.074 millones de pesetas, incluidos 1. 121 del Fondo de Protección Cinematográfica.

Saneamiento

El saneamiento de este mercado interior ha sido ya solicitado por las asociaciones profesionales. El productor Juan Miguel Lamet, autor del programa electoral presentado por el PSOE ante el sector cinematográfico, opina que hablar ahora de este tema es echar una cortina de humo sobre los problemas reales. "Es un tema muy antiguo que no se ha querido tocar a lo largo de estos tres años de gestión socialista. Hace mucho que se sabe que el fraude supera el 30% y que eso son miles de millones. La solución estaría en mecanizar el sistema de control con una solucion semejante a la del metro o hacer como en el teatro, que cada noche hay que presentar la recaudación".Para Alfredo Matas, productor, distribuidor y exhibidor, hay un factor detonante del fraude: la actuación de los distribuidores. "Hay muchos más cines que películas rentables. Los distribuidores hacen contratos a porcentaje en unas condiciones incumplibles. Creo que hay que racionalizar los contratos de distribución en función de las posibilidades reales de las salas. Esta medida afectaría a la propia industria. Pero desde fuera, desde la Administración, habría que imponer sanciones millonarias, encarcelar al defraudador y que su cara saliera en todos los periódicos. Así se acabaría el problema. Y no se hace porque no se quiere, porque todos sabemos quiénes son los que defraudan y nos perjudican a los honestos".