La Comisión Europea de los Derechos Humanos admite a trámite una parte de la demanda contra el Gobierno español

La Comisión Europea de los Derechos Humanos, del Tribunal Internacional de Estrasburgo, ha admitido a trámite parcialmente la demanda planteada contra el Gobierno español por los tres independentistas catalanes condenados por el asesinato del industrial catalán José María Bultó: Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo. La citada comisión investigará la denuncia de que los tres independentistas no gozaron de un proceso justo y equitativo y de que no se les aplicó en la sentencia el principio de presunción de inocencia. Investigará también el hecho de que fueran condenados basándose en ...

La Comisión Europea de los Derechos Humanos, del Tribunal Internacional de Estrasburgo, ha admitido a trámite parcialmente la demanda planteada contra el Gobierno español por los tres independentistas catalanes condenados por el asesinato del industrial catalán José María Bultó: Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo. La citada comisión investigará la denuncia de que los tres independentistas no gozaron de un proceso justo y equitativo y de que no se les aplicó en la sentencia el principio de presunción de inocencia. Investigará también el hecho de que fueran condenados basándose en su propia confesión ante la policía, según ellos arrancada mediante torturas.La comisión ha rechazado, sin embargo, la denuncia relativa a las supuestas torturas a que fueron sometidos mientras se encontraban detenidos. Al parecer, el rechazo se ha producido sobre la base de que las torturas supuestamente cometidas se produjeron en octubre de 1980, antes de que España firmara el Convenio Internacional de los Derechos Humanos.

También ha sido rechazada la queja de los independentistas de que no se les aplicara la amnistía de 1977, que afectó, por ejemplo, a los activistas de los GRAPO, pero no a los independentistas catalanes. La decisión de la Comisión de los Derechos Humanos fue tomada por unanimidad durante una reunión que finalizó a las seis de la tarde. El Tribunal de Estrasburgo depende del Consejo de Europa.

El resultado de la deliberación fue comunicado primero a los representantes del Gobierno español y, posteriormente, al equipo de abogados denunciantes.

La aceptación a trámite de la demanda no significa que se admita la culpabilidad del Gobierno español en el incidente judicial. Simplemente, significa la apertura de unas diligencias informativas, tras las cuales podría propugnarse un pacto entre ambas partes. Sólo en última instancia, después de un complicado procedimiento procesal, podría llegar el caso al Tribunal de Estrasburgo.

El abogado José María Morenilla, agente de España ante el Tribunal de Estrasburgo, que ha trabajado profundamente el caso, explicó ayer que "de ninguna manera la aceptación de la demanda puede interpretarse como un auto de procesamiento". Para este abogado, esta aceptación significa que existen "leves indicios de supuestas irregularidades".

Se asegura en medios jurídicos qué, desde 1981, fecha en que España suscribió la declaración de los Derechos Humanos, se han presentado una media de 80 demandas anuales contra este país. Oficialmente, sólo se han registrado 55 demandas, y el resto no fue ni siquiera tomado en consideración. El Gobierno español tiene conocimiento oficial de sólo cuatro de ellas.

Cándido Conde Poumpido

La reunión de la comisión empezó a las 9.30 horas y se prolongó hasta las cuatro de la tarde, con un paréntesis de dos horas para comer. La sesión se abrió con la intervención del representante del Gobierno español, el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, Cándido Conde Poumpido, quien habló durante cerca de 100 minutos. A continuación intervino el abogado francés Christian Etelin, que representa los intereses de uno de los demandantes en sustitución del letrado Ignasi Doñate. Por último, habló el otro abogado de los demandantes, August Gil Matamala.Los abogados demandantes decidieron introducir en el grupo a este letrado francés por su experiencia en demandas de este tipo y para que pudiera exponer ante el tribunal un relato concreto de los hechos denunciados sin necesidad de los intérpretes oficiales, rehuyendo así el peligro de que se modificaran algunas matizaciones importantes.

La presencia de Conde sorprendió a los abogados demandantes por la importante personalidad jurídica de éste. El fiscal justificó su presencia alegando que se trataba de la primera demanda planteada contra el Estado español. No quiso dar ninguna explicación relativa a la cuestión de fondo y aseguró que el asunto sería explicado en una amplia nota informativa que se dará a conocer próximamente.