Presión popular en Sanlúcar para que un fiscal sea declarado persona no grata

La mayoría de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se han unido para pedir a su Ayuntamiento que declare persona no grata al, fiscal del Juzgado de Instrucción de aquella población, Julián Sánchez Escribano, a quien acusan de abuso de poder y actuaciones personalistas más que institucionales. También se han dirigido a la Fiscalía General del Estado para solicitar su destitución. Sánchez Escribano intervino en la causa contra un profesor y tres alumnos del instituto de BUP de Sanlúcar por incluir en una revista escolar los textos de las pintadas de los l...

La mayoría de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se han unido para pedir a su Ayuntamiento que declare persona no grata al, fiscal del Juzgado de Instrucción de aquella población, Julián Sánchez Escribano, a quien acusan de abuso de poder y actuaciones personalistas más que institucionales. También se han dirigido a la Fiscalía General del Estado para solicitar su destitución. Sánchez Escribano intervino en la causa contra un profesor y tres alumnos del instituto de BUP de Sanlúcar por incluir en una revista escolar los textos de las pintadas de los lavabos.

A instancias del criticado fiscal fueron detenidos el pasado miércoles los jóvenes Rafael Manzano y Miguel Ibáñez, acusados de ofensas al Poder Judicial cuando participaban en un acto de solidaridad con los cuatro procesados, un profesor y tres alumnos, por la publicación en la revista escolar Al-Andalus de las pintadas que aparecían en los lavabos del instituto Francisco Pacheco de aquella población.Este caso quedó visto para sentencia el pasado día 12, una vez que el fiscal de la Audiencia rebajara la calificación de los hechos: de escándalo público pasó a acusar a los procesados por faltas al orden público. La pena solicitada y pendiente de sentencia definitiva es de 10 días de arresto menor y 20.000 pesetas de multa a cada uno.

Julián Sánchez Escribano actuó como fiscal desde el comienzo de las diligencias en el procesamiento por el supuesto escándalo público, que se iniciaron en la primavera de 1982. Según las fuentes técnicas consultadas, su labor no ha reflejado irregularidades legales hasta que finalmente elevó a la Audiencia de Cádiz los hechos. Se pedía como pena cinco meses de prisión mayor, 30.000 pesetas de multa y siete años de inhabilitación especial para el profesor.

La denuncia que pusieron un grupo de padres y que asumió la fiscalía siguió su curso a pesar de que la mayoría de la asociación de padres acordara en asamblea oponerse a procesamiento alguno.

Movimiento de solidaridad

Este procesamiento generó en la población de Sanlúcar de Barrameda un movimiento de solidaridad en el que participan los principales partidos de izquierda -PSOE y PCA-, junto a otros extraparlamentarios, las centrales sindicales mayoritarias y otras agrupaciones sociales. Con esta amplia representación se creó un comité de solidaridad que ha llevado a cabo varios actos de apoyo, en protesta por lo que se consideraba un juicio contra la libertad de expresión. Entre esas manifestaciones se encontraba el acto realizado el miércoles 11 de septiembre en la víspera de la vista oral. En el desarrollo del mismo fueron detenidos los dos jóvenes a instancias del mencionado fiscal, uno de ellos, Miguel Ibáñez, procesado en el caso de la revista Al-Andalus. Ambos tuvieron que prestar declaración ante el Juzgado y la comisaría de Sanlúcar.Esta decisión del fiscal es la que ha generado una respuesta colectiva tan contundente. Los distintos grupos han llegado a unas conclusiones en las que en primer lugar aclaran que en el mencionado acto no se cometió ofensa alguna a ninguna institución; sólo se parodió de forma espontánea la historia de las pintadas representando a alumnos y a un padre escandalizado. Por todo lo cual y ante la actuación del fiscal han decidido pedir al Ayuntamiento que Julián Sánchez Escribano sea declarado persona non grata por "sus actitudes intimidatorias de abuso de poder y por crear conflicto entre la población por causas inexistentes" y solicitar el cese a la Fiscalía General del Estado por su comportamiento general "su actuación de carácter personal y no institucional".