Abortar en España

EL DESARROLLO de la ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida popularmente como la ley del aborto, se anuncia tan polémico como el debate que levantó su tramitación en las cámaras. Las dificultades que se dan en el caso de la mujer de Gijón (ver EL PAÍS de ayer) para que le sea practicada la operación añaden todo el dramatismo a la situación que bien pudiera mover la meditación sobre el cinismo social.La primera señal de alarma ha sonado con la circular del Ministerio de Sanidad que instruye a los directores de los hospitales públicos sobre el derecho de todo el pe...

EL DESARROLLO de la ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida popularmente como la ley del aborto, se anuncia tan polémico como el debate que levantó su tramitación en las cámaras. Las dificultades que se dan en el caso de la mujer de Gijón (ver EL PAÍS de ayer) para que le sea practicada la operación añaden todo el dramatismo a la situación que bien pudiera mover la meditación sobre el cinismo social.La primera señal de alarma ha sonado con la circular del Ministerio de Sanidad que instruye a los directores de los hospitales públicos sobre el derecho de todo el personal sanitario a negarse en cualquier momento a participar en una interrupción de embarazo. La circular especifica que el personal que preste sus servicios en establecimientos sanitarios podrá manifestar su opción a no participar en la interrupción voluntaria del embarazo en todos o en algunos de los supuestos calificados como no punibles en el Código Penal. La objeción podrá hacerse sin motivación concreta, por escrito o por cualquier otro medio, dirigida al director del centro donde el interesado preste sus servicios, y será válida indefinidamente o en un caso concreto. La revocación podrá hacerse en las mismas condiciones. La confidencialidad queda asegurada. Es decir, que el personal sanitario podrá hacer saber al director del centro su posición ante cada caso. Estas directrices, en principio generosas con, la conciencia individual, no han gustado, sin embargo, a ninguno de los colectivos sanitarios que participaron activamente en el debate sobre el aborto.

Los sectores conservadores, nucleados en torno a la Organización Médica Colegial, pillados a contrapié por el carácter flexible de la circular, que no obliga a nada al personal sanitario, piden que se regule la objeción de conciencia por ley, pese a mostrarse recelosos al principio mismo de la objeción de conciencia, ya que, en su opinión, daría pie a la creación de listas negras. Estos sectores insisten además en que lo que está en debate no es sólo objeción de conciencia, sino también objeción de ciencia, que garantiza la libertad de conciencia, del médico.

Por su parte, los sectores profesionales que han defendido la ley de interrupción del embarazo consideran que la circular del ministerio es lo suficientemente vaga como para dar lugar a todo tipo de arbitrariedades y, lo que es más importante, no garantiza plenamente el derecho a abortar de la mujer que se encuentre en los tres supuestos que prevé la ley. La posibilidad de que el personal sanitario acepte practicar un aborto unas veces sí y otras no, según cada caso y por los motivos que considere oportunos, crea, de hecho, una situación de inseguridad en las pacientes, que no tendrán nunca la certeza de que su caso sea resuelto. La falta de claridad en torno al tema puede permitir además que médicos que sean objetores en sus horas de trabajo en hospitales públicos realicen abortos en clínicas privadas. Para evitar esta situación, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide que la objeción se realice en un solo acto que sea renovable anualmente con conocimieno público.

El Gobierno, al redactar la circular, parece haber querido eludir la previsible campaña en su contra de los sectores reaccionarios y evitar una nueva batalla legal. En lo que no parece haber reparado el Gobierno, tan preocupado siempre por los profesionales de la medicina, es en si garantiza que la ley aprobada por los representes del pueblo español tenga cumplida garantía en la red sanitaria pública. No vaya a ser que el aborto se convierta en un imposible para la sanidad pública y un provechoso negocio para la medicina privada.

El caso citado parece confirmar que las vacilaciones del Ministerio de Sanidad ante el corporativismo de algunos sectores de la medicina pueden tener su reflejo en el desarrollo de la ley de interrupción del embarazo de la misma forma que lo han tenido en la ley de Sanidad. Hay, no obstante, en España numerosos profesionales de la medicina que tienen una buena oportunidad para demostrar que el comportamiento de la Organización Médica Colegial no logrará manchar de desprestigio social a toda una profesión, a pesar de las torpezas del Ministerio de Sanidad.