Militares republicanos acusan a Defensa de retrasar el cobro de sus pensiones

El presidente y el vicepresidente de Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, Antonio Beltrán y Fernando Arias, respectivamente, han acusado al Ministerio de Defensa de retrasar el cobro de las pensiones mínimas que les fueron reconocidas a los militares republicanos en la ley publicada el pasado 1 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. Según Beltrán y Arias, Defensa está retrasando el envío a Hacienda de un informe previo sobre el reglamento de concesión de dichas pensiones, lo que también originará retrasos en los cobros.

De acuerdo con los datos de F...

El presidente y el vicepresidente de Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, Antonio Beltrán y Fernando Arias, respectivamente, han acusado al Ministerio de Defensa de retrasar el cobro de las pensiones mínimas que les fueron reconocidas a los militares republicanos en la ley publicada el pasado 1 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. Según Beltrán y Arias, Defensa está retrasando el envío a Hacienda de un informe previo sobre el reglamento de concesión de dichas pensiones, lo que también originará retrasos en los cobros.

De acuerdo con los datos de Fraternidad Democrática, el problema afecta a más de 15.000 militares que ingresaron en las Fuerzas Armadas de la República con posterioridad al 18 de julio de 1936. Según altos cargos de Defensa, sin embargo, el borrador del reglamento sobre el que deben presentar el informe ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda, pero en él se hace referencia a temas que son de la competencia del Ministerio de Defensa, como las acreditaciones de los servicios prestados o el reconocimiento de los grados alcanzados.Con respecto a los militares republicanos que ya eran profesionales de las Fuerzas Armadas antes del 18 de julio de 1936, una comisión especial del Ministerio de Defensa ha elaborado un informe sobre los derechos que corresponden al colectivo, integrado por cerca de 9.000 personas. Según la ley 37/1984, estos militares se encuentran en la situación de retirados y cobran sus pensiones como tales.

Sin embargo, aún no se ha realizado la reglamentación para determinar si pueden vestir uniformes militares con las correspondientes graduaciones, ocupar viviendas del Patronato de Casas Militares o usar la tarjeta militar oficial.

Según estas fuentes, a este colectivo de militares le serán reconocidos estos derechos, "aunque con algunas limitaciones", y, por ejemplo, podrán utilizar el uniforme en los actos oficiales.

Estas mismas cuestiones deberán ser analizadas en los casos de los militares republicanos que ingresaron en los ejércitos con posterioridad al 18 de julio de 1936, si bien Defensa considera, inicialmente, que no se trata, con escasas excepciones, de .militares profesionales". En este sentido, Antonio Beltrán ha comentado que, en una entrevista que mantuvo el pasado mes de enero con el director general de Relaciones Informativas de la Defensa, Luis Reverter, éste le preguntó: %Qué uniforme se van a poner ustedes?% a lo que Beltrán respondió: "El del Ejército español". "¿Y qué cruces o distintivos?", insistió Reverter. "Las que nos corresponden..., las reglamentarias..., las que nos dieron", respondió Beltrán. "Queremos que se deje de hablar de dos ejércitos y se hable de uno solo: el español", ha declarado Beltrán.

Sentencia en Estrasburgo

El abogado de la Asociación de Aviadores de la República Luis Roldán puso el problema de los militares republicanos en manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en enero de 1984, después de que el Tribunal Supremo de España sentenciara que el contencioso de los militares republicanos debía ser resuelto por el poder legislativo y no por ningún tribunal en concreto.El Tribunal Supremo basó esta sentencia en el artículo 82, apartado a, de la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pero este artículo ha sido anulado por el Tribunal Constitucional el pasado 15 de febrero.

Este hecho ha sido comunicado por Roldán al tribunal europeo, que ya solicitó el correspondiente informe al Gobierno español.