El fiscal del 'caso Brouard', víctima de las 'tramas negras'

La intervención de Luis Burón Barba, fiscal general del Estado, a instancias de responsables del Ministerio del Interior, según ha confirmado Tiempo, ha intentado descalificar la actuación de Emilio Valerio, reduciendo el suceso a la vía jerárquica que está instituida en el ministerio fiscal. Sin embargo, la investigación que debe realizar Eliseo García Martínez, jefe de la inspección fiscal, no puede reducirse a un incidente de jerarquía, a juicio de todas las fuentes consultadas.Cándido Conde Pumpido, magristrado de San Sebatián y portavoz en el País Vasco de Jueces para la Democracia...

La intervención de Luis Burón Barba, fiscal general del Estado, a instancias de responsables del Ministerio del Interior, según ha confirmado Tiempo, ha intentado descalificar la actuación de Emilio Valerio, reduciendo el suceso a la vía jerárquica que está instituida en el ministerio fiscal. Sin embargo, la investigación que debe realizar Eliseo García Martínez, jefe de la inspección fiscal, no puede reducirse a un incidente de jerarquía, a juicio de todas las fuentes consultadas.Cándido Conde Pumpido, magristrado de San Sebatián y portavoz en el País Vasco de Jueces para la Democracia, ha declarado a este semanario: "Lo importante de este asunto no es la polémica, ni que se produzca un cambio de fiscal en el curso de la instrucción del sumario. Ahora lo que r ealmente importa es que no se abandone ninguna línea de actuación en la investigación, por delicadas que éstas sean en virtud de sus destinatarios". El magistrado Conde Pumpido añadía a esta valoración su "insistencia en la necesidad de una policía Judicial que sólo responda ante los jueces, y no ante sus superiores jerárquicos o políticos".

El hecho de que el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, haya permanecido al margen de la controversia pública, y la intervención del departamento de Interior -presumiblemente para alejar la investigación de los servicios de la Guardiá Civil y del CESID- no han podido causar mayor malestar en los medios jurídicos vascos.

Miembros de la carrera judicial destinados al País Vasco comentan que "al igual que en otras ocasiones en las que se ha intentado investigar conductas presuntamente delictivas en miembros de los cuerpos de seguridad, el estamento judicial se encuentra indefenso ante la ausencia de una policía judicial. Ha ocurrido en los casos de presuntas torturas. Cuando se ordena una investigación, nunca se produce en realidad, se limitan a formular un escrito diciendo que lo han intentado".

Algunos miembros de la judicatura han sido más rotundos con lo sucedido, al declarar a este semanario que "el ministro del Interior se está convirtiendo en el jefe superior de Policía. Es una pena que en un ministerio tan importante para el País Vasco no haya alguien con criterios políticos. La credibilidad en la justicia se está deteriorando gravemente con estos incidentes".

La sombra de otras muertes que no han tenido explicación suficiente, la nebulosa de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), planean sobre este escándalo judicial, provocado en sus orígenes por un joven fiscal que se dirigió directamente a determinados servicios especiales inquiriendo el origen de las armas homicidas.

Un caso que tiene un desgraciado precedente en Italia. En repetidas ocasiones, incluso con el Gobierno socialista en el poder en España, las autoridades judiciales italianas han cursado peticiones de información a las autoridades españolas sobre la forma en que armas procedentes de la policía española llegaron a manos de las tramas negras italianas y sirvieron para asesinar al juez italiano Vittorio Occorsio. Armas que habían sido utilizadas en los años setenta para realizar atentados contra miembros de ETA en el sur de Francia. En todos los casos, las peticiones de información de la policía y las autoridades judiciales italianas sobre la forma en la que unas armas sofisticadas, metralletas Ingramm, adquiridas legalmente por la policía española, habían llegado a manos de terroristas italianos han tenido la callada por respuesta. Los servicios de seguridad españoles no son, realniepte, muy asequibles a ser investigados.