Los obispos nicaragüenses denuncian que la Junta Sandinista ha emprendido una campana de persecución contra la Iglesia
La Conferencia Episcopal nicaragüense denunció ayer, en su primera declaración oficial tras la expulsión de 10 sacerdotes extranjeros (cuatro de ellos españoles), ordenada el pasado lunes en Nicaragua, que la Junta Sandinista ha desatado una campaña de "persecución contra la Iglesia". Un decreto del arzobispo metropolitano de Managua, monseñor Miguel Obando y Bravo, pide, que, a partir del próximo 15 de julio, y durante 10 días, "se eleven en todas la parroquias de la archidiócesis preces al Señor y a la Virgen Santísima por la Iglesia que sufre en Nicaragua y por los causantes de esos sufrimi...
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La Conferencia Episcopal nicaragüense denunció ayer, en su primera declaración oficial tras la expulsión de 10 sacerdotes extranjeros (cuatro de ellos españoles), ordenada el pasado lunes en Nicaragua, que la Junta Sandinista ha desatado una campaña de "persecución contra la Iglesia". Un decreto del arzobispo metropolitano de Managua, monseñor Miguel Obando y Bravo, pide, que, a partir del próximo 15 de julio, y durante 10 días, "se eleven en todas la parroquias de la archidiócesis preces al Señor y a la Virgen Santísima por la Iglesia que sufre en Nicaragua y por los causantes de esos sufrimientos".
Los obispos afirman, en un documento conjunto, que la situación por la que atraviesa la Iglesia católica en Nicaragua es "grave y dolorosa", y que la expulsión de los 10 sacerdotes, que ejercían su ministerio en sectores marginados, campesinos y juveniles, "no es una cuestión aislada".Añade la Conferencia Episcopal que esa medida se encuadra en una estrategia "para debilitar, desacreditar y atemorizar a la Iglesia" y a los sacerdotes, que cumplen su misión "en sincera comunión con sus obispos y el Papa".
Mientras que en el plano internacional los hechos ocurridos en Nicaragua "se consideran sumamente graves", el Gobierno sandinista "trata de minimizarlos", añaden los obispos. La Conferencia Episcopal afirma que a los pocos medios de comunicación independientes, incluida Radio Católica, no se les permite informar sobre la expulsión de los religiosos. Según los obispos, las autoridades sandinistas continuamente, "y de un modo directo", atacan a la Iglesia y "se atribuyen facultades religiosas, intentando definir y orientar sobre asuntos que sólo competen a las autoridades eclesiásticas".
Añaden los obispos que el hecho de que algunos sacerdotes y religiosos ocupen cargos políticos en el Gobierno sandinista no es considerado por la jerarquía católica "como una actitud de benevolencia hacia ella, ya que, por el contrario, eso sirve solamente para ocultar la verdadera situación de la Iglesia católica de Nicaragua".
"Todo lo expresado lo consideran los obispos como una persecución a la Iglesia", concluye la declaración de los obispos.
Campaña electoral
Por otra parte, el bloque opositor de la Coordinadora Democrática Nicaragüense, organismo que agrupa a los socialcristianos, liberales, constitucionalistas, a dos centrales obreras no sandinistas y al sector empresarial disidente, ha pedido al Gobierno que "expulse a todos los internacionalistas que participan en la política interna del país".La coordinadora señala que, mientras chilenos, cubanos, argentinos, alemanes orientales y activistas internacionales de otras nacionalidades "son invitados a participar en la política interna", se expulsa a 10 sacerdotes, dice, por el simple hecho de que algunos de ellos participaron en una marcha de apoyo a otro religioso nicaragüense.
El clima de enfrentamiento social creado por esta reciente decisión del Gobierno contribuirá a elevar el tono de la campaña que se desarrollará entre el próximo 1 de agosto y el 31 de octubre para las primeras elecciones generales, previstas para el 4 de noviembre. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Isidro Morales Paúl, manifestó ayer, tras entrevistarse en Caracas con el miembro de la Junta de Reconstrucción de Nicaragua Sergio Ramírez, que cree que las elecciones se realizarán en igualdad de condiciones para todos los grupos políticos y dentro de unas reglas de juego aceptables.