El ministerio deducirá de las subvenciones 700 millones que la patronal debe al profesorado

El Ministerio de Educación y Ciencia proyecta deducir de las subvenciones a la enseñanza privada para el ejercicio de 1984 unos 700 millones de pesetas, que es el monto aproximado de las cantidades correspondientes al incremento del 3% del salario de los profesores para el tercer cuatrimestre de 1983. Este aumento fue pactado entre el Ministerio y los trabajadores con motivo del tercer convenio colectivo del sector, pero los empresarios afirman que no se sienten obligados por este pacto. Más que una retención propiamente dicha, lo que con toda probabilidad hará la Administración es condicionar...

El Ministerio de Educación y Ciencia proyecta deducir de las subvenciones a la enseñanza privada para el ejercicio de 1984 unos 700 millones de pesetas, que es el monto aproximado de las cantidades correspondientes al incremento del 3% del salario de los profesores para el tercer cuatrimestre de 1983. Este aumento fue pactado entre el Ministerio y los trabajadores con motivo del tercer convenio colectivo del sector, pero los empresarios afirman que no se sienten obligados por este pacto. Más que una retención propiamente dicha, lo que con toda probabilidad hará la Administración es condicionar el pago de dichas cantidades a la acreditación de su efectivo abono a los profesores.

Todos los titulares de centros subvencionados han recibido del ministerio las cantidades correspondientes al 3% del incremento acordado. Sin embargo, tanto en la liquidación correspondiente al tercer cuatrimestre de 1983 como en la del primero de 1984, la gran mayoría de aquellos se han venido negando a hacer efectivas a sus trabajadores.La reivindicación del pago de las cantidades correspondientes al mencionado 3% y de un incremento del 9% para este año, son los motivos argumentados por los sindicatos con implantación en el sector de la enseñanza privada para la convocatoria de una huelga de ocho días que dará comienzo el próximo 10 de mayo.

El convenio del año pasado llegó a firmarse, tras no pocas tensiones y alguna huelga, al obtener los trabajadores la promesa de que la Administración incrementaría, con efectos de septiembre a diciembre de 1983, la partida de las subvenciones destinada al sueldo del profesorado en un 3% adicional al 9% de subida global pactada con carácter general para el periodo enero-agosto.

La patronal nunca vio con buenos ojos este acuerdo por cuantó suponía la introducción de una modificación importante en las relaciones entre empresarios y trabajadores, al asumir por primera vez la Administración cierto protagonismo en la singular relación "a tres bandas" que implica el hecho de que la mayor parte de la enseñanza básica, más del 90%, esté subvencionada por el Estado.

La patronal veía en el acuerdo alcanzado con motivo del convenio colectivo del año pasado cierto anticipo del nuevo modelo de subvenciones que acabaría perfilándose en la ley Orgánica del Derecho a la Educación, un proyecto que a la sazón se encontraba en fase de borrador y que, entre otras novedades al respecto, supondrá el pago directo del Estado al profesor de los centros subvencionados concertados. Esto sólo será así cuando la ley, actualmente pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional, entre en vigor.

Sea como fuere, la gran mayoría de los empresarios se negó, pasado septiembre, a abonar el incremento del 3%, y ello a pesar de que la Administración sí les liquidó las subvenciones correspondientes al último cuatrimestre con dicha subida. Los trabajadores recurrieron a la Magistratura laboral invocando el compromiso pactado en el convenio en el sentido de que éste se revisaría en septiembre.

Negativa patronal

La autoridad laboral escuchó a los trabajadores y obligó a la patronal a sentarse a negociar la revisión del convenio, pero ésta ha seguido negándose a aceptar el pago de un incremento que, en su opinión, ha sido impuesto indebidamente por la Administración.Según fuentes sindicales, a estas alturas sólo la patronal del País Vasco, la de algunas provincias de Andalucía, la de Albacete y algunos empresarios de Madrid han cumplido lo pactado en este punto; el resto, en el mejor de los casos, se ha limitado a abonar el reiterado incremento en concepto de anticipo sobre el ejercicio de 1984. Esto quiere decir que abrigan la intención de deducir las cantidades así abonadas en cuanto la Administración les liquide las subvenciones corrrespondientes a 1984.

De otra parte, y ya en cuanto a la negociación del IV Convenio, la patronal se niega a incluir en éste la acumulación del incremento que los trabajadores dicen que se les adeuda al 9% de aumento para 1984, y pretende, según las citadas fuentes sindicales, "reducir en dos puntos ese 9% con que efectivamente el Estado parece que va a incrementar las subvenciones de este año".

Esta pretensión se debe, siempre según los portavoces sindicales, al temor que representa para el empresario el verse obligado a una subida paralela de los salarios del profesorado no subvencionado. "La verdad es", añaden los sindicatos, "que la pretendida solidaridad de los empresarios con la vieja aspiración de que se homologuen los salarios de los profesores del sector privado con los del estatal no es más que un bello argumento que la patronal introduce de vez en cuando, a modo de cortina de humo, en su lista de agravios frente a la Administración".