El Senado considera urgente la elaboración de una ley sobre política científica

España contará en el plazo de cuatro o cinco años con centros universitarios competitivos en los diferentes campos de la investigación, señaló ayer el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, en su comparecencia ante el Pleno del Senado. Maravall, que intervino tras la presentación del proyecto de dictamen sobre política de la ciencia elaborado por una subcomisión de la Cámara Alta, expresó también su esperanza en que el proyecto de ley que actualmente elabora su departamento, que denominó ley de Coordinación de la Investigación, haga posible una política científica nacional. El d...

España contará en el plazo de cuatro o cinco años con centros universitarios competitivos en los diferentes campos de la investigación, señaló ayer el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, en su comparecencia ante el Pleno del Senado. Maravall, que intervino tras la presentación del proyecto de dictamen sobre política de la ciencia elaborado por una subcomisión de la Cámara Alta, expresó también su esperanza en que el proyecto de ley que actualmente elabora su departamento, que denominó ley de Coordinación de la Investigación, haga posible una política científica nacional. El dictamen, que considera urgente esta ley, fue aprobado por asentimiento de todos los miembros del Pleno.Entre los aspectos más importantes de esta política figuran la reestructuración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el aumento y buena distribución de los recursos destinados a la investigación y la coordinación de las actividades investigadoras, sin solapamientos ni dedicación a líneas que no tienen horizontes claros en el panorama científico internacional. El ministro de Educación admitió que el tema es urgente, pero no dio plazos para la entrega al Parlamento del proyecto de ley. La universidad y el CSIC constituyen el 75% del potencial investigador español, según las estimaciones oficiales, cifra muy alta en comparación con otros países europeos, donde la iniciativa privada ocupa un mayor porcentaje.

Al referirse en concreto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Maravall citó varios objetivos a lograr: la vinculación de sus actividades a los planes nacionales de investigación, la presencia de representantes de los ministerios con actividades de investigación en sus órganos de dirección y, en general, la flexibilización de su estructura, con posibilidades de movilidad de personal y cierre o creación de institutos. También señaló la necesidad de que el mismo organismo efectúe una evaluación y seguimiento de sus actividades investigadoras.

Estructura autonómica

El dictamen, cuya elaboración se decidió a partir de la comparecencia de Maravall ante el Senado en abril de 1983, se ha realizado con especial atención a la situación de la investigación dentro de una estructura autonómica del Estado, señaló el senador socialista Miguel Ángel Quintanilla, coordinador del estudio. En él se afirma que la organización autonómica constituye una gran oportunidad histórica para hacer frente a la necesaria reforma y modernización de la política de la ciencia en España, y se insta al Gobierno para que presente en el plazo más breve posible un proyecto de ley con este objetivo.La ley debe coordinar la acción del Estado, con participación de las comunidades autónomas y posibilidad de control parlamentario. También se recomienda a las comunidades autónomas que intensifiquen sus esfuerzos económicos y organizativos en esta materia y se doten de estructuras administrativas para potenciar tanto la coordinación interna como externa.