Castro satisface las necesidades de los cubanos pero sigue siendo intransigente con la disidencia

El Gobierno de Cuba ha hecho progresos en lo relativo a la salud, la alimentación, la educación y el trabajo de la población pero sigue siendo intolerante con la disidencia y ha eliminado virtualmente la oposición política, según un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH), una sección de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha elaborado siete informes sobre los derechos humanos en Cuba desde que Fidel Castro llegó al poder, hace ahora 25 años.El trabajo más reciente, hecho en 1979, estaba limitado al tema de los derechos políticos y no hacía m...

El Gobierno de Cuba ha hecho progresos en lo relativo a la salud, la alimentación, la educación y el trabajo de la población pero sigue siendo intolerante con la disidencia y ha eliminado virtualmente la oposición política, según un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre (CIDH), una sección de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha elaborado siete informes sobre los derechos humanos en Cuba desde que Fidel Castro llegó al poder, hace ahora 25 años.El trabajo más reciente, hecho en 1979, estaba limitado al tema de los derechos políticos y no hacía mención de progresos en otros problemas de carácter humanitario. El informe presentado el pasado martes afirma que Cuba, expulsado de la OEA en 1962, "ha demostrado ser notablemente eficaz en cuanto a satisfacer las necesidades básicas de la población". Añade, sin embargo, que su sistema político "está caracterizado por una marcada intolerancia hacia cualquier forma de oposición política, que ha sido virtualmente eliminada".El estudio dice que el Partido Comunista de Cuba está dominado por un pequeño grupo y cumple "un papel excesivamente preponderante". Incluye una referencia a la subordinación del individuo al Estado, especialmente en lo que respecta a los juicios y procesos. "Se crea un clima de incertidumbre y miedo entre la población, afectada por el recorte de las garantías procesales".El informe denuncia que la pena de muerte por delitos políticos es una "amenaza latente" y que las condiciones de las prisiones para los detenidos políticos se han deteriorado en los últimos años.