El viaje del presidente del Gobierno a Rabat

La pesca, razón de la expansión española en África

La pesca fue, desde tiempos remotos, la razón básica de la expansión española por tierras africanas. Las costas saharianas fueron, un punto de apoyo para canarios y peninsulares. Ya en 1346, un mallorquín, Jaime de Ferrer, visitó ¡as costas de Río de Oro. Dos años antes, Alfonso XI de Castilla se reservó derechos en África ante el papa Clemente VI, la autoridad internacional de la época. En 1499, Juan II otorgó la zona africana situada entre los cabos Bejador y La Guera a su vasallo don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia. El tratado de Alcacobas, ratificado posteriormente por los de Torde...

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La pesca fue, desde tiempos remotos, la razón básica de la expansión española por tierras africanas. Las costas saharianas fueron, un punto de apoyo para canarios y peninsulares. Ya en 1346, un mallorquín, Jaime de Ferrer, visitó ¡as costas de Río de Oro. Dos años antes, Alfonso XI de Castilla se reservó derechos en África ante el papa Clemente VI, la autoridad internacional de la época. En 1499, Juan II otorgó la zona africana situada entre los cabos Bejador y La Guera a su vasallo don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia. El tratado de Alcacobas, ratificado posteriormente por los de Tordesillas y Cintra, reconoció a Castilla los derechos sobre la berbería y la zona entre La Guera y Bojador, a cambio del reconocimiento a los portugueses de derechos en Fez y Guinea.En 1491, los Reyes Católicos otorgaron a Alonso Fernández de Lugo la capitanía general de las costas de Africa, desde La Guera a cabo Bojador.

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Los Reyes Católicos, al crear la Casa de la Contratación de Sevilla, en 1503, para concertar el comercio con las Indias, hicieron extensivas las atribuciones de ésta a Santa Cruz de Mar Pequeña y cabo Guera, y la autorización concedida a los canarios para operar en la zona lleva él. título altamente edificante de "para saltear. moros en berbería".

Desde la paz de Tetuán en 1860, que puso término a la guerra hispano-marroquí, se reconoció a España el derecho a ocupar Santa Cruz de Mar Pequeña, que para entonces ya nadie sabía exactamente dónde se había encontrado. Ifni, que la sustituyó, no fue ocupada efectivamente hasta 1934.

Este territorio tendría que ser retrocedido a Marruecos en 1969, pero, al calor de la retrocesión, España vio confirmados sus derechos históricos a la pesca en aquellas aguas. Aunque admitía que éstos fuesen sometidos a un cierto control, expresado en la necesidad de obtener licencias de pesca.

El desarrollo ulterior del derecho del mar, llevaría a Marruecos a extender su zona de pesca de doce a setenta millas invalidando, y a la par violando, la Convención de Fez de 1969, por estimar Marruecos que "las circunstancias habían cambiado". El destino de, esa Convención de Fez de 1969 será ilustrátivo de posteriores acuerdos pesqueros, sometidos desde entonces a numerosas contingencias.

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Por un lado, sobre ellos incide la evolución del derecho y la aspiración de los países costeros a sacar el máximo de partido A sus riquezas. Por otro, la presión que se deriva del estado de permanente confrontación pormiotivos territoriales, particular de las relaciones entre España y Marruecos.

Tan efímero como la Convención de Fez será el acuerdo pesquero del 31 de diciembre de 1973, con el cual se pretendió sustituir a aquélla, y que será víctima de los avatares que precedieron la entrega del Sahara occidental. Después de 1975 y de la cesión del Sahara, se volvió a hablar de cooperación pesquera, e incluso se intuye que los protocolos anejos al acuerdo incluyeron amplios privilegios para la pesca.

En cualquier caso, y en el marco de ese espíritu de cooperación facílitado por la nueva cesión temtorial. España y Marruecos firma ron en Rabat un nuevo acuerdo de pesca el 17 de febrero de 1977, que rebajaría los supuestos privilegios concedidos por las actas anejas a la cesión del Sahara, pero por su amplitud y contenido se convirtió sin duda en el más importante acuerdo firmado hasta la fecha.

Esta convención fue ratificada por el Parlamento español después de que el PSOE, entonces oposición, se opusiera a ella por razones de principio. Pero 1978 y los dos años siguientes no serían fastos en las relaciones hispanomarroquíes, debido a las incongruencias de la política magrebí de UCD, a las bizantinas distinciones de Marcelino Oreja entre cesión de soberanía y cesión de administración con referencia al Sahara, y a los coyunturales coqueteos de UCEI con el Polisario.

Los marroquíes no ratificaron el acuerdo en cuestión, y con ello comenzó una etapa de apresamientos masivos, casi todos ellos técnicamente impecables, pero en gran parte políticamente motivados, y Marruecos sometió a España y a su sector pesquero a las incertidumbres de unos acuerdos transitorios de un mes, tres meses, prorrogados siempre in extremis, y en las peores circunstancias.

La llegada de Calvo Sotelo al poder, en febrero de 1981, con una clara opción promarroquí, permitió que paulatinamente se serenasen las relaciones, y dio pie al rey Hassan II para proponer a España la tan traída y llevada cooperación global con vistas al año 2000, que es, con menos pomposidad, lo que ahora está en juego.

El Gobierno socialista que llegó al poder tras las legislativas de 1982 asumió plenamente la apertura promarroquí iniciada por el Gobierno Calvo Sotelo, la matizó con una proyección política global hacia el Magreb en su conjunto, y ésta parece tener mayor alcance y consistencia que todas las anteriores. Por el momento, tropieza con el hecho de que Marruecos parece considerar, paradójicamente, al Gobierno del PSOE como más débil que el anterior de UCD, y en consecuencia le somete a mayores exigencias económicas y, en lo que a la "última reivindicación territorial" concierne, a un planteamiento más urgente.

El viaje de Felipe González a Rabat debe permitir a ambos Gobiernos clarificar cuáles son sus verdaderos objetivos e intenciones, y de este conocimiento directo tal vez salga una etapa de cooperación más positiva de España con los países del Magreb, que pasa, no obstante, por una costosa actualización de las relaciones económicas.

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