Trabajo y Seguridad Social

EL ACTUAL Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el que mayor movilidad de titulares ha tenido en los tres años largos de legislatura. Cinco ministros (Calvo Ortega, Sánchez Terán, Pérez Miyares, Sancho Rof y Rodríguez Miranda) han dirigido la actividad de un departamento cuya denominación también ha variado con excesiva rapidez, como si el Gobierno vacilara a la hora de bautizar su contenido o de delimitar sus fronteras: Trabajo a secas, primero; Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, en el intermedio; y Trabajo y Seguridad Social, en la actualidad.Rafael Calvo Ortega, que representó la co...

EL ACTUAL Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el que mayor movilidad de titulares ha tenido en los tres años largos de legislatura. Cinco ministros (Calvo Ortega, Sánchez Terán, Pérez Miyares, Sancho Rof y Rodríguez Miranda) han dirigido la actividad de un departamento cuya denominación también ha variado con excesiva rapidez, como si el Gobierno vacilara a la hora de bautizar su contenido o de delimitar sus fronteras: Trabajo a secas, primero; Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, en el intermedio; y Trabajo y Seguridad Social, en la actualidad.Rafael Calvo Ortega, que representó la continuidad entre ambas legislaturas, arrancó con el compromiso claro de modificar el marco de relaciones laborales, el más enquistado en las prácticas del anterior régimen, y adecuarlo al modelo de una democracia moderna y de una sociedad industrial. Se trataba de acabar con el reglamentismo gironiano y avanzar en paralelo al cambio político y al cambio económico definido por la Constitución. Las variaciones normativas más significativas han sido el Estatuto de los Trabajadores y Ley Básica de Empleo.

El Estatuto de los Trabajadores, fruto de una negociación entre UCD y el PSOE vigorosamente combatida por los comunistas y vista con recelo por los nacionalistas, representó un giro copernicano en las relaciones laborales existentes al menos hasta 1977. El propósito fundamental de ese nuevo marco legal fue flexibilizar el mundo de la empresa. Sin embargo, casi tres años después de la promulgación del Estatuto, parte de su contenido espera todavía el correspondiente desarrollo normativo. La eventualidad de una victoria socialista en las próximas elecciones abre, por lo demás, una interrogante acerca de los nuevos rumbos que un Gobierno del PSOE podría emprender, a la vista de las experiencias de los años transcurridos, para la instrumentación de esa importante ley orgánica.

La Ley Básica de Empleo, impuesta unilateralmente por UCD sin negociación con los socialistas y orientada a descargar el déficit público mediante la limitación de las prestaciones de desempleo, ha tenido efectos prácticos negativos para la población desocupada. Los trabajadores despedidos reciben ahora menor protección y el período para la percepción de los subsidios ha sido recortado. Desde la entrada en vigor de esta ley, el número de perceptores del seguro de paro disminuyó de forma notable. Estas adversas repercusiones sólo han podido ser corregidas de manera temporal por el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), cuya vigencia termina con el año en curso. En cualquier caso, a medida que se van agotando los plazos de sustitución del viejo sistema por otro nuevo, el número de familias carentes de cualquier tipo de subsidio ha aumentado. Por otra parte, la reforma del empleo comunitario para las comunidades de jornaleros, siempre anunciada y siempre postergada por los sucesivos Gobiernos de UCD, queda como tarea pendiente para la próxima legislatura. Parece evidente que el empleo comunitario, rechazado por los propios beneficiarios como generador de "vagos y maleantes", no es la fórmula adecuada para paliar eficazmente el desempleo agrícola. El segundo ministro de Trabajo de la época, Salvador Sánchez Terán, tuvo que soportar la primera huelga de hambre de todo un pueblo, Marinaleda, en pleno verano.

En cualquier caso, el dato por el que los sucesivos ministros de Trabajo de UCD durante este período serán recordados, con independencia de que su responsabilidad sea sólo parcial en el desastre, es el impresionante crecimiento de la cifra de parados. Al celebrarse las elecciones de 1979 se acababa de traspasar por vez primera la barrera del primer millón de desempleados. Tres años más tarde, esta cifra se ha duplicado y los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan la realidad de más de dos millones de personas en paro. Esta espectacular cifra, que refleja en términos friamente estadísticos el drama humano de tantas familias españolas, colocó teóricamente el problema del paro en el primer lugar de la política económica de los Gobiernos de UCD. Se sucedieron los pactos sociales, bajo distintos nombres, hasta llegar a la forma de factura más clásica: el Acuerdo Nacional de Empleo, firmado a tres bandas por las centrales sindicales, la patronal y el Gobierno, cuya clave era la renuncia de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo de los salarios con la contrapartida solidaria de que se generasen puestos de trabajo. Complementariamente, la firma del ANE significó institucionalizar la presencia de las fuerzas sociales -asociaciones patronales y centrales sindicales- en la vida administrativa del país, notable avance respecto a los antiguos Pactos de la Moncloa de la anterior legislatura, firmado por los partidos-políticos. Sin embargo, el intento del ANE de potenciar el tejido social no ha logrado llevar a cabo su objetivo principal: la creación de empleo suficiente para rectificar la línea ascendente del paro. Así, dos meses antes de finalizar la vigencia del pacto social a tres bandas, la opinión generalizada es que el sacrificio salarial de los trabajadores no ha ido acompañado por un esfuerzo paralelo del Gobierno -a través de la inversión pública- y de los empresarios -a través de la inversión privada- para generar empleo y que tampoco se ha contenido el proceso inflacionista, hasta entonces atribuido monocausalmente a los costes salariales. Tarea primordial de quien gobierne tras las elecciones legislativas será cambiar la sensación de amargura y decepción de trabajadores y de los parados ante el hecho de que la contención salarial establecida por el ANE no haya impulsado la creación de empleó. En materia laboral, el periodo comprendido entre 1977 y 1982 ha sido, en última instancia, el escenario de una sostenida escalada del paro, proceso que ha tenido su reflejo en el desplazamiento de la conflictividad desde las luchas reivindicativas para aumentar o mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores hasta las batallas defensivas para conservar los puestos de trabajo.