La polémica sobre el Fondo de Compensación Interterritorial / 1

Una polémica actual de gran relevancia es la que replantea el mecanismo de estimación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). La base porcentual de su reparto afecta directamente a la inversión de la Administración pública incluida en el Fondo (en torno al 40% de la total) y puede orientar la asignación del otro 60%. La elección de unas bases de reparto u otras se traduce en desviaciones de muchos cientos de millones para cada comunidad autónoma, y afecta en consecuencia directamente a sus respectivos desarrollos.Los fuertes desequilibrios espaciales son, sin duda, una razón de peso ...

Una polémica actual de gran relevancia es la que replantea el mecanismo de estimación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). La base porcentual de su reparto afecta directamente a la inversión de la Administración pública incluida en el Fondo (en torno al 40% de la total) y puede orientar la asignación del otro 60%. La elección de unas bases de reparto u otras se traduce en desviaciones de muchos cientos de millones para cada comunidad autónoma, y afecta en consecuencia directamente a sus respectivos desarrollos.Los fuertes desequilibrios espaciales son, sin duda, una razón de peso que nos determina una solución solidaria entre las distintas comunidades, y en esta línea se han pronunciado todos los partidos políticos.

Aceptando este principio, los problemas empiezan cuando queremos plasmar esta solidaridad en cifras concretas. Las discusiones se vuelven bizantinas y los acuerdos al final, y en caso de alcanzarse, adquieren -un carácter político que puede, en algunos. casos, alejarse de los estrictos planteamientos técnicos. Las bases actuales del reparto son:

- Un 70% en función inversa de la renta regional estimada por el INE.

- Un 20% en base a los saldos migratorios del período 1971-80.

- Un 5% tomando en cuenta, pues no se puede decir otra cosa, la tasa de paro.

- Otro 5% se reparte proporcionalmente a la superficie de cada comunidad y, finalmente, se incluye un apartado que recoge la problemática específica insular de Baleares y Canarias.

Tal vez la primera discusión consistirá en saber por qué se han elegido estos cinco criterios de re parto y no otros. A mí juicio, los cálculos deberían realizarse estrictamente, en función de uno o dos indicadores exclusivamente, ya que la superposición de los mis os únicamente sirve para reabrir constantemente la polémica. ¿Por qué un 70% en función de la renta y un - 5% en base a la tasa de paro? ¿Por qué la tasa de paro debe igualarse en peso al criterio de la estricta superficie, cuando los para dos aumentan diferencialmente de año en año y los kilómetros cuadrados por ahora no? ¿Cómo es posible que el flujo migratorio de la década pasada cuente cuatro veces más que la tasa de paro actual?, y así, hasta el infinito.La renta regional per cápita parece ser el criterio más claro y objetivo a utilizar en el reparto y, tal y como podemos observar, ha sido el más utilizado fuera de España para establecer los mecanismos de redistribución interterritorial. Por tanto, la primera observación concluiría con la necesidad de revisar las variables seleccionadas como basó del reparto, ya que su actual configuración y ponderación se presta a infinidad de críticas, procurando alcanzar un consenso en torno a una o dos variables, renta y paro, negociando su ponderación y revisando su cálculo, especialmente en lo que respecta a la tasa de paro. El segundo problema nos lleva a discutir y cuestionarnos la propia estimación de la renta regional. Ciertamente, no es este el momento de criticar la calidad de nuestra información estadística,, pero sí puntualizar que, si alguna estimación va a resultar especialmente discutible y polémica, ésta es la renta regional realizada por el INE.

A pesar de su llamativa presentación metodológica recordándonos que el INE ha utilizado como base y punto de referencia el método de estimación de la Comunidad Europea en sus cálculos regionales (SEGREG), al objeto de ir homogeneizando nuestras estadísticas a las obtenidas por la CEE, los resultados son bastante discutibles. Una comparación puede servirnos de referencia: los datos facilitados por el Banco de Bilbao en su publicación Renta nacional- de España y su disiñbución provincial, de 1979.

El abanico de discrepancias entre las estimaciones del INE y las del Banco de Bilbao respecto a la divergencia media entre ambas (107,5%) oscila desde el 14,4% para el caso de Madrid, hasta el 18,8% para el de Castilla-La Mancha. Estas diferencias resultan ser realmente muy significativas, máxime si pensamos que van a ser adoptadas como base de cálculo para el reparto del FCI y que traducido en términos monetarios se refleja en muchas cientos de millones. Como simple ejercicio práctico en el cuadro nº 1 se calcula cuál sería el reparto del FCI en el tramo renta (70%) tomando en cuenta la estimación del Banco de Bilbao, aplicando los mismos supuestos y manteniendo inalterables los restantes tramos (migración, paro, superficie, componente insular). Los resultados no pueden ser más significativos. Porcada módulo de 100.000 millones de pesetas del FCI (para 1983 está previsto un montante ligeramente superior a los 200. 000 millones) según se utilice la renta regional del INE o del Banco de Bilbao, Madrid, por ejemplo, recibe 1.582,2 millones de pesetas más en el primer caso que en el segundo (un 29,3 % de aumento), mientras que en el otro extremo Andalucía recibe 1.781,4 millones de pe setas menos (un 10,2 %). El abanico relativo se abre entre el +33 % de Cantabria al -30,3 % de Castilla-La Mancha. Realmente las discrepancias no pueden ser más acusadas.

¿Cuál de las dos estimaciones que no! llevan a resultados tan dispares ofrece un mayor margen de fiabilidad? La respuesta resulta, cuando menos, complicada. Aceptar los resultados de una de las fuentes entraña un posicionamiento, que exigiría un superior conocimiento de ambas metodologías y que rebasa los límites de este trabajo.

Ahora bien, ciertos datos nos están indicando algunos defectos de cierta consideración en la estimación del INE, que exigiría una revisión. Así, por ejemplo, la fuerte ascensión de la renta per cápita navarra hasta situarse por delante de la de. Madrid no parece aceptable, ya que implicaría una especialmente favorable evolución diferencial de la renta navarra que no se constata en otras fuentes e indicadores.

No resulta, a su vez, especialmente justificable la caída de la cuota de renta de Extremadura, Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha, en relación con las mejoras relativas de Madrid y Cataluña, por ejemplo, cuando, en principio, no podemos admitir que las tasas de crecimiento diferenciales entre ambos conjuntos de regiones en el período 1977/1979 hayan sido capaces de cerrar el bache de renta, ni siquiera en términos relativos.