España vendió legalmente a Argentina 187 ametralladoras antiaéreas montadas con licencia alemana

España vendió en 1980 a Argentina 187 ametralladoras antiaéreas, calibre 20 milímetros, montadas en Oviedo por la Empresa Nacional Santa Bárbara con piezas y licencia de la entidad alemana Rheinmetall. En esta venta, según la parte española, no hay irregularidad alguna, aunque una carta del presidente de la Santa Bárbara certificaba que las armas tenían como destinatario al Ejército español, pero en la República Federal de Alemania está abierto un expediente de exportación ilegal contra Rheinmetall. Las armas son producto residual de un programa frustrado de colaboración entre la empresa alema...

España vendió en 1980 a Argentina 187 ametralladoras antiaéreas, calibre 20 milímetros, montadas en Oviedo por la Empresa Nacional Santa Bárbara con piezas y licencia de la entidad alemana Rheinmetall. En esta venta, según la parte española, no hay irregularidad alguna, aunque una carta del presidente de la Santa Bárbara certificaba que las armas tenían como destinatario al Ejército español, pero en la República Federal de Alemania está abierto un expediente de exportación ilegal contra Rheinmetall. Las armas son producto residual de un programa frustrado de colaboración entre la empresa alemana y la española, según fuentes próximas a ésta.

El problema del escándalo de las ametralladoras presuntamente desviadas por España hacia Argentina (Ver EL PAÍS de 20 de julio) hunde sus raíces en la política española de potenciación de la industria bélica, cuyo principal agente es la empresa Santa Bárbara, del Instituto Nacional de Industria (INI). Esta empresa, que desde 1964 viene colaborando con Rheinmetall, abordó en 1978 la cofabricación con la firma alemana de un a ametralladora antiaérea tipo 20 milímetros -el calibre de la OTAN-, para las Fuerzas Armadas españolas y con miras a la exportación.Los problemas comenzaron cuando en noviembre de 1979 el Gobierno de la RFA, mediante una nota verbal dirigida al Ministerio español de Asuntos Exteriores, puso como condición para autorizar el contrato de cofabricación que las armas se destinaran exclusivamente a los ejércitos españoles. En caso de posible exportación, la RFA exigía retener el control del comercio. Ante esas condiciones, Santa Bárbara no aceptó y el programa quedó congelado.

Entre tanto, la empresa española había comprado, por valor de más de más cien millones de pesetas, un pedido de diversas piezas, con las que se montaron en Oviedo las primeras 187 ametralladoras de este tipo en España. Las ametralladoras se montaron, efectivamente, pero ante el abandono del programa dejaron de interesar, incluso a las Fuerzas Armadas españolas, visto lo cual se decidió venderlas para recuperar las inversiones realizadas.

Argentina, que había intentado comprar las ametralladoras directamente en la RFA, sin obtener permiso del Gobierno alemán, compró, a comienzos de 1980, las montadas en España, con todos los requisitos legales exigidos en España, es decir, con autorización del Gobierno. Poco después, el semanario alemán Der Spiegel denunciaba en un artículo presunta exportación ilegal, a través de España.

Una carta del presidente de Santa Bárbara, el teniente general Manuel Nadal Romero, enviada el 20 de noviembre de 1979 a las autoridades alemanas, "certifica" que las piezas que después se transformarían en ametralladoras tenían como destinatario a las Fuerzas Armadas españolas. Para Santa Bárbara esta carta no implica ningún compromiso, en primer lugar porque formaba parte de un proyecto frustrado, según la parte española, por las exigencias alemanas.

"Certificado de último destino"

Pero, sobre todo, Santa Bárbara no se considera obligada porque el único documento válido para una reclamación por desvío ilegal de armas sería lo que se llama un "certificado de último destino". Este es una autorización oficial del Gobierno, que firma el director general de Armamento, del Ministerio de Defensa, y no existe en el caso de las piezas de ametralladoras Rheinmetall de 20 milímetros.España achaca las exigencias alemanas a problemas políticos internos de la RFA. La venta de armas sería un tema que Gobierno y oposición alemanes utilizan para atacarse, y así, las autoridades de la RFA decidieron, primero, negar la autorización a Argentina, y, después, exigir a España el control sobre las armas montadas en Oviedo.

Rheinmetall, por otra parte, tiene, al parecer, varios problemas por supuestas exportaciones ilegales de armas, pero Santa Bárbara mantiene una política de prudencia y se guarda mucho de sugerir que su socio alemán tenga que ver en la denuncia de Der Spiegel. Al fin y al cabo, no hay tantas empresas dispuestas a colaborar con su tecnología.

Este es el talón de Aquiles de nuestra industria bélica. Las autoridades españolas están empeñadas en que nuestro país se haga un sitio en el mercado mundial de fabricación de armas, entre otras razones porque es un saneado negocio y porque se considera que ningún país que carezca de una basé sólida en este sector puede aspirar a tener un peso decisivo en la escena internacional.

Una potencia en ciernes

España se está convirtiendo en una potencia en la fabricación de armas de guerra, con la empresa nacional Santa Bárbara como principal protagonista, y a través de la cual el Estado controla el 100% de la fabricación de aviones y barcos, y un 70% del resto de las armas de guerra. Esta sociedad tiene actualmente dos fábricas de armas automáticas, otras dos de cartuchería y espoletas, una más de munición de artillería, explosivos y pólvoras, otra de material pesado, que fabrica desde piezas de artillería hasta carros de combate, y un centro de ingeniería, el CETME.El problema para el desarrollo radica en que hasta los años sesenta no se hizo nada en este campo, mientras se cubrían las necesidades con la ayuda norteamericana procedente del acuerdo de 1953. De un comienzo tímido a base de fabricar con licencias extranjeras, se pasé a una segunda fase de desarrollo, consistente en la cofabricación de productos entre empresas españolas y de otros países. Ahora se trata de implantar el "codesarrollo", participando como socios no sólo en la fabricación, sino también en la comercialización.

El empuje decisivo se dio con la creación del Ministerio de Defensa y, dentro de él, la Dirección General de Armamento, que hoy mantienen la política de no aceptar ningún contrato si no es en condiciones de plena colaboración, es decir, participando en pie de igualdad en la comercialización. De ahí que cuando el Gobierno de la RFA exigió el control unilateral de las ametralladoras de 20 milímetros que se proyectaba fabricar en Oviedo, Santa Bárbara optó por detener el proyecto, en todo caso a la espera de que Alemania cambie de parecer.