Protestas por el procesamiento del profesor Tomás Pollán

El procesamiento, por supuestas injurias al Ejército, de un profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, Tomás Pollán, en relación con las expropiaciones del futuro campo de tiro de El Teleno (León), ha sido protestado en una nota de la comisión de afectados por el proyecto militar, en la que éstos afirman solidarizarse con el primero y asumir "moralmente el contenido de una serie de artículos publicados en El Faro de Astorga, que han servido de base para la querella del ministerio fiscal, a instancia del gobernador civil, Angel García del Vello.La comisión había convo...

El procesamiento, por supuestas injurias al Ejército, de un profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, Tomás Pollán, en relación con las expropiaciones del futuro campo de tiro de El Teleno (León), ha sido protestado en una nota de la comisión de afectados por el proyecto militar, en la que éstos afirman solidarizarse con el primero y asumir "moralmente el contenido de una serie de artículos publicados en El Faro de Astorga, que han servido de base para la querella del ministerio fiscal, a instancia del gobernador civil, Angel García del Vello.La comisión había convocado recientemente una conferencia de Prensa para apoyar las reivindicaciones de los vecinos -un total de catorce pueblos, distribuidos en 61 kilómetros cuadrados-, que tuvo que celebrarse, según uno de sus portavoces, en presencia de la Guardia-Civil. El mismo portavoz manifestó que la actuación de los miembros de la Guardia Civil supuso una coacción directa a los afectados, que también aseguran tener problemas a la hora de exponer sus reivindicaciones en la Prensa local, por presiones gubernativas.

La protesta de los vecinos y la dimisión de la mayor parte de los cargos municipales de la zona han paralizado momentáneamente las expropiaciones. El proyecto del Ministerio de Defensa, firmado en la época de Rodríguez Sahagún, prevé unas indemnizaciones de casi 1.000 millones de pesetas -a una media de quince pesetas por metro cuadrado- para ocupar un frente de diez kilómetros de largo por más de seis de ancho, ya utilizado anteriormente como zona de maniobras. Los pueblos afectados acceden a que el Ejército pague un canon o alquiler por los terrenos, en su mayor parte montes comunales, sin llegar a la expropiación, que les privaría de sus principales recursos económicos.