Juicio por el vertido de un cargamento de alcohol industrial apto para el consumo humano
El juicio contra Carles Andreu-Abelló, dirigente de la Unió de Pagesos, visto esta mañana en la Sala Quinta de la Audiencia Territorial, por el vertido de un camión cisterna que transportaba alcohol para uso industrial, pero apto para el consumo humano, se ha convertido en una defensa de la agricultura española frente a las importaciones de productos extranjeros, informa Efe.
"¿Cuántos juicios de esta clase se han visto en Francia por la destrucción de los productos agrícolas españoles?", se preguntaba el abogado defensor, el diputado por el PSUC en el Parlamento español Josep Solé Barb...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juicio contra Carles Andreu-Abelló, dirigente de la Unió de Pagesos, visto esta mañana en la Sala Quinta de la Audiencia Territorial, por el vertido de un camión cisterna que transportaba alcohol para uso industrial, pero apto para el consumo humano, se ha convertido en una defensa de la agricultura española frente a las importaciones de productos extranjeros, informa Efe.
"¿Cuántos juicios de esta clase se han visto en Francia por la destrucción de los productos agrícolas españoles?", se preguntaba el abogado defensor, el diputado por el PSUC en el Parlamento español Josep Solé Barberá. Este letrado estaba asistido por los abogados Aurné Camps, diputado por CiU en el Parlamento catalán, y Casas Salat, diputado por ERC en el mismo Parlamento autónomo.Los hechos que motivaron el juicio, según el auto de procesamiento, tuvieron lugar el 19 de junio de 1979, cuando tres vehículos no identificados desviaron un camión, sobre las once de la mañana, en la salida de la autopista II, a Santa Margarita y Monos. El camión, de la empresa Transportes Vifolle, SA, y conducido por José Reventós Prunera, transportaba 31.627 litros de alcohol desembarcados el día anterior en el puerto de Barcelona, para usos industriales, porque de hecho era vínico, es decir, apto para el consumo humano.
Los campesinos consiguieron que el camión se desviase hasta las proximidades de una riera llamada Can Salinas, donde se hallaban unas cincuenta personas; después de analizar el contenido de la cisterna y comprobar la aptitud para el consumo del alcohol, procedieron a derramarlo.
El conductor del camión reconoció, en el transcurso del juicio, que no se ejercieron coacciones sobre él ni sobre el camión, por lo que el fiscal retiró este cargo.
Según la versión de los hechos que se desprende del interrogatorio del procesado y de los testigos que, además del conductor del camión, fueron el parlamentario por CiU Pedro Parera y el miembro de la Unió de Pagesos Antonio Cartana, Carles Andreu-Abelló no participó en el derrame de alcohol. El procesado se hallaba allí para protestar contra este tipo de importaciones y no pudo evitar que tras la comprobación de sus características los campesinos exaltados derramasen aquel líquido que perjudicaba sus intereses.
El domingo anterior a estos hechos, día 17, había tenido lugar una manifestación masiva de campesinos en Tarragona, en la que participaron también campesinos de otros lugares de España, además de Cataluña, para protestar contra la importación de alcoholes. Por otra parte, el mismo ministro de Comercio había remitido una carta a la Unió de Pagesos anunciando el fin de estas importaciones lesivas para los intereses de los productores de alcohol españoles.
El procesado también expuso que en el trienio 1975-1977 las importaciones de alcohol industrial habia sido de 13.000 hectolitros, mientras en el trienio 1978-1980 ascienden a 1.300.000 hectolitros, causando un daño importante a la industria alcoholera española.
Finalmente, la defensa expuso que la empresa destinataria de la mercancía ni siquiera había reclamado la propiedad de la misma, por lo que negó que existiesen daños y reclamó la libre absolución de Andreu-Abelló.