El Gobierno francés nacionalizará bancos e industrias valorados en más de un billón de pesetas
El nuevo Gobierno francés nacionalizará la banca privada y los once grupos industriales más importantes del país. Garantizará la independencia de la información estatal, abolirá la pena de muerte, suprimirá la ley denominada Seguridad y Libertad y la jurisdicción de excepción (Tribunal de Seguridad del Estado). Presentará la próxima semana un texto ante la Asamblea destinado a realizar la descentralización del poder. Rebajará la edad de retiro a sesenta años establecerá la semana de 35 horas de trabajo, reformará la seguridad social, garantizará los derechos de los inmigrantes, creará un impue...
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El nuevo Gobierno francés nacionalizará la banca privada y los once grupos industriales más importantes del país. Garantizará la independencia de la información estatal, abolirá la pena de muerte, suprimirá la ley denominada Seguridad y Libertad y la jurisdicción de excepción (Tribunal de Seguridad del Estado). Presentará la próxima semana un texto ante la Asamblea destinado a realizar la descentralización del poder. Rebajará la edad de retiro a sesenta años establecerá la semana de 35 horas de trabajo, reformará la seguridad social, garantizará los derechos de los inmigrantes, creará un impuesto sobre las grandes fortunas, suprimirá los prefectos y limitará el programa nuclear.
En el plano diplomático, Francia acentuará su política comunitaria, abordará la ampliación de la CEE de manera constructiva y, muy especialmente, respetará las alianzas, en primer lugar con EE UU, aunque alerta sobre la inquietud que constituye el actual desequilibrio de fuerzas de Occidente respecto a la URSS. Estos son los puntos esenciales del programa de Gobierno presentado ayer por el primer ministro, Pierre Mauroy, ante la Asamblea Nacional dominada por los socialistas.Una Francia "fuerte, solidaria, responsable y defensora de los derechos del hombre" fue la que ayer esbozó Mauroy, al inicio de la primera sesión de la legislatura, como ambición del presidente François Mitterrand. Este último, precediendo el discurso del primer ministro, dirigió un mensaje a los 491 diputados, leído por el presidente de la Asamblea, Louis Mermaz, en el que resaltó que la carta de acción gubernamental sólo puede inspirarse en los compromisos que él adquirió durante su campaña electoral con los franceses: "Si algo más se hiciese, el pueblo sería consultado".
Mitterrand, pues, para desvanecer la desconfianza que aún inspira en algunos medios económico-políticos nacionales e internacionales, reafirmó que cumplirá sus moderadas promesas electorales y nada más. El conjunto del programa gubernamental, destinado a ser realizado esencialmente en los dos próximos años, perfila las ambiciones mitterrandistas: transformar la sociedad francesa, política, económica, social y diplomáticamente, en el sentido de "una nueva ciudadanía", expresión de Mauroy que quisiera abarcar "más justicia, más libertad y una sociedad en la que no sólo se hable el lenguaje de las cifras".
El capítulo más esperado de las reformas que van a sustanciar el cambio francés era el relativo a las nacionalizaciones. A partir del próximo septiembre, la banca privada pasará a integrar el servicio público. Quedan excluidas de la nacionalización los pequeños bancos locales o regionales. Los bancos extranjeros tampoco serán nacionalizados. Dato importante: el patrimonio industrial de la banca privada no será nacionalizado, es decir, que las participaciones delos bancos afectados en la industria serán devueltas al sector privado. La banca que va a pasar al sector público representa el 20% del mercado actual.
Es de notar que el 40% de este sector, representado por los tres primeros bancos franceses, ya fue nacionalizado en 1945 por el general Charles de Gaulle. Según la filosofía gubernamental, esta nacionalización tiene por objeto principal "controlar el crédito en función de los intereses generales".
El conocido grupo aeronáutico Dassault, fabricante de los aviones Mirage, será el primer nacionalizado, en las semanas próximas, de los once grupos industriales que pasarán al sector público: Puk, número uno del aluminio francés; Rhone Poulenc, líder de la química en este país; Roussel-Uclaf, de la petroquímica; Saint Gobain, líder también del cristal; Honeywell-Bull, primer constructor de ordenadores; CGE, de las telecomunicaciones y compoentes electrónicos; Thomson, de los electrodomésticos de Matra y las firmas siderúrgicas Usinor y Sacilor. En algunas de estas empresas participan accionistas extranjeros, que podrán optar por la venta de sus paquetes al Estado o continuar manteniendo sus acciones. El Gobierno se compromete a pagarles a los accionistas "de manera equitativa".
En el momento presente, la capitalización bursátil de las bancas y de las industrias nacionalizables asciende a 70.000 millones de francos (más de un billón de pesetas), que el Estado pretende indemnizar según una fórmula, no establecida aún, que no grave el déficit presupuestario ni la salud de la moneda. El sector público, que alcanzaba el 12% de la actividad nacional francesa, con las nuevas nacionalizaciones se sitúa al nivel del 18% escaso.
El cambio de la sociedad francesa se materializará también en todos los demás aspectos del funcionamiento del país la ley de descentralización será sometida a la Asamblea la semana próxima. Un nuevo estatuto de los medios audiovisuales "garantizará la independencia de la información" en los medios estatales "respecto al Gobierno y a los poderes financieros".
Política exterior
El capítulo de la política internacional se titula la Francia "de los derechos del hombre". La Francia de Mitterrand quiere ser defensora de los derechos humanos y de un nuevo orden internacional. Una Francia más generosa con el Tercer Mundo, de igual manera que al abordar el desarrollo de la CEE marca el enfoque de la nueva diplomacia gala, que reafirma su afiliación a la Alianza Atlántica, a Estados Unidos en particular.En el plano puramente comunitario, el Gobierno francés piensa ahondar en el "espacio social europeo" expuesto por Mitterrand en la reciente cumbre de Luxemburgo, y estudia la ampliación del Mercado Común.