La reforma democrática no ha pasado del BOE a la aulas

La joven democracia española parece haber aceptado con demasiada facilidad el cómodo y un tanto genérico principio de que la escuela suele ir siempre muy por detrás de la evolución de las ideas. Del análisis de unos cuantos aspectos del sistema educativo se obtiene la impresión de que si el golpe del 23 de febrero hubiese triunfado, la nueva dictadura apenas necesitaría introducir el menor cambio en una escuela que, en la práctica, sigue en la misma situación en que se encontraba al comenzar el curso 1975-76.

No quiere esto decir que la Administración educativa de los sucesivos Gobierno...

La joven democracia española parece haber aceptado con demasiada facilidad el cómodo y un tanto genérico principio de que la escuela suele ir siempre muy por detrás de la evolución de las ideas. Del análisis de unos cuantos aspectos del sistema educativo se obtiene la impresión de que si el golpe del 23 de febrero hubiese triunfado, la nueva dictadura apenas necesitaría introducir el menor cambio en una escuela que, en la práctica, sigue en la misma situación en que se encontraba al comenzar el curso 1975-76.

No quiere esto decir que la Administración educativa de los sucesivos Gobiernos de la transición democrática no se haya preocupado de legislar en una dirección positiva. Como se verá de inmediato no es precisamente legislación lo que falta. Lo que sucede es que, como decía hace muy pocas semanas un inspector técnico de EGB en un coloquio público sobre la reforma de la educación básica, «el BOE no mueve la educación de un país».«El sistema educativo constituyeuna base imprescindible para el logro de una sociedad democrática en la cual la convivencia pacifica y armónica permita la realización del individuo en todas sus dimensiones, ordene su contribución al bienestar de los demás y considere el respeto mutuo como valor general y de obligada aceptación». Así reza el preámbulo de sendas órdenes ministeriales de Educación y Ciencia, de 29 de noviembre de 1976 y 6 de octubre de 1978, por las que se establecen nuevos contenidos en las orientaciones pedagógicas del área social en la segunda etapa de la educación general básica.

La segunda de estas órdenes ministeriales, mucho más precisa, progresista y ambiciosa que la primera, señala una serie de objetivos de inequívoca voluntad reformadora. Entre estos objetivos figuran el de «preparar para el ejercicio y respeto de los derechos y deberes de ciudadanía las libertades democráticas y los derechos humanos fundamentales» o el de «desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de autonomía moral y el sentido de responsabilidad que permitan descubrir e interpretar los valores de la sociedad y defenderse de todo tipo de manipulación». Finalmente, las nuevas orientaciones pedagógicas se proponen que el alumno llegue a «alcanzar un compromiso personal y social de solidaridad, defensa y apoyo a la democracia, a los valores humanos esenciales y a la patria».

Clima de libertad

Los objetivos, pues, están claros. Como las orientaciones específicas «para la actuación docente», que también desmenuza la citada orden ministerial. «El logro de los objetivos generales de la educación», dice en concreto el Ministerio de Educación y Ciencia, «está muy condicionado a la personalidad del profesor y a sus actitudes ante los alumnos, ya que de ello dependerá, fundamentalmente, el clima de libertad y responsabilidad en que ha de desarrollarse el trabajo escolar». También dice que «la escuela debe tener una organización comunitaria que estimule la fijación de esas actitudes y esquemas de comportamientos positivos, lo cual dependerá, más que de la adquisición de conocimientos programados, de la calidad de las relaciones interpersonales que caracterizan al centro y de las relaciones que el profesor establece con sus alumnos y ayuda a crear entre ellos en el aula y fuera de ella, así como de su apertura a la comunidad circundante».

Objetivos, orientaciones para la actuación docente, sugerencias metodológicas... Sucede, no obstante, que todo esto no ha pasado del Boletín Oficial del Estado a la práctica. Ni el BOE ni la revista Vida Escolar, donde el Ministerio reproduce puntualmente sus orientaciones pedagógicas, suelen llegar a las manos de la gran mayoría de los maestros. Todo lo más, los profesores se encuentran de pronto con,una interpretación concreta de los nuevos contenidos propuestos por la Administración en la forma de un determinado libro de texto. Pero la explicitación de los objetivos, las sugerencias metodológicas, la revisión de pautas de conducta, esa reconsideración permanente de «las relaciones que el profesor establece con sus alumnos», a las que aludía la orden ministerial citada, se diluyen en la propia tinta del Boletín Oficial del Estado.

En el caso concreto de las órdenes ministeriales a que nos venimos refiriendo hay que advertir que tuvieron su reflejo en algunos libros de texto, no en todos. En unos casos, en forma de separatas ofrecidas por los editores a las escuelas; en otros, mediante la incorporación en las últimas ediciones de unas cuantas lecciones añadidas al final del temario de geografía e historia o de ciencias sociales, bajo el epígrafe de educación ética y cívica.

Según se desprende de las declaraciones de algunos directores escolares, muchos profesores han venido dando a estas lecciones el mismo tratamiento que a las de educación cívico-social de los programas de hace algunos años y que a las de formación del espíritu nacional de épocas anteriores, es decir, ninguno.

Por supuesto que se trata de una mera impresión no contrastada y bastante generalizadora que no puede pasar por encima del respeto hacia los numerosos maestros comprometidos con la defensa de la democracia, maestros que reflejan sin el menor género de dudas este compromiso, por ejemplo, en el importante movimiento de las escuelas de verano o en los más variados movimientos, cooperativas y asociaciones de educación popular nacidas, o renacidas en algunos casos, a lo largo de los años de la transición en todas las regiones y nacionalidades.

Actualización del profesorado

En cualquier caso, se trata de iniciativas de carácter particular, asumidas en la mayoría de los casos por las diputaciones y ayuntamientos democráticos y aceptadas con escaso entusiasmo, cuando no con recelo, por la Administración. Una Administración que no acaba de encontrar fórmulas eficaces para resolver el eterno problema de la actualización del profesorado; que tarda demasiado en poner en marcha la reforma de las escuelas del Magisterio, que profesores y alumnos vienen demandando desde hace muchos años, y que no ha demostrado el menor entusiasmo a la hora de llevar a las escuelas, a los institutos de bachillerato y a los centros de formación profesional la enseñanza del ordenamiento constitucional, introducido en los respectivos planes de estudio con la espectacularidad de una norma con rango de ley.

La enseñanza del ordenamiento constitucional se introdujo en los planes de estudio de bachillerato y formación profesional por una ley aprobada por el Parlamento y sancionada por el Rey el 3 de octubre de 1979. Los grupos parlamentarios de la oposición, que no lograron su propósito de que estas enseñanzas tuvieran el rango de asignatura independiente, calificaron la discusión de esta ley como una pérdida de tiempo o como un gesto más o menos solemne, pero, en cierto modo, innecesario, puesto que el Gobierno no necesitaba llevar al Parlamento lo que, en definitiva, no es sino una mera cuestión de plan de estudios.

La reivindicación del carácter de asignatura para la enseñanza de la Constitución permanece. La primera promoción de alumnos del Centro de Estudios Constitucionales, que en los próximos días finalizarán los estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política, iniciados hace dos años, han vuelto a revitalizar el tema.

Los responsables de la Administración educativa objetaron en su

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día que el tema no tenía por qué ser separado de aquellas materias que conforman la formación social y humanística de nuestros estudiantes. Recordaron el escaso interés de asignaturas similares impartidas en el pasado y bautizadas por la tradición estudiantil con la peyorativa calificación de marías.

Los argumentos de la Administración no carecen, probablemente de fundamento, pero no impiden que exista la impresión de que la Constitución se ha introducido con la misma meritalidad aséptica con que se sustituyen unos contenidos por otros en cualquier matería del programa.

Aparte de que no ha habido programas de formación dirigidos al profesorado encargado de impartir los nuevos contenidos, ni siquiera se ha ensayado la posibilidad dc publicar folletos para profesores y alumnos, editar carteles similares al tan difundido testamento de Franco, hasta hace muy poco existente en algunas escuelas, o realizar mesas redondas con los parlamentarios de la provincia, como de forma expresa se sugiere en una de las circulares ministeriales a las que antes se aludía.

Metabolizar la Constitución

Tras el intento de golpe del 23 de febrero, las juventudes de los cuatro principales partidos parlamentarios han comprendido la necesidad «de hacer algo en la escuela». Se ha puesto en marcha una campaña en este sentido, coordinada por la Dirección General de la Juventud, del Ministerio de Cultura. Por medio de carteles, pegatinas, colecciones de cromos, discos y casetes se intentará sensibilizar a los niños en los valores democráticos que inspiran nuestra Constitución. «Más que de informar», en palabras de uno de los organizadores de la campaña, «se trata de metabolizar la Constitución en los escolares».

Pero se trata, una vez más, de una iniciativa extraña a la escuela y a la propia Administración educativa. Entretanto, ni los libros de texto ni el estilo educativo parecen suficientemente impregnados de la filosofía democrática que inspira la propia legislación.

Lo acaban de recordar los educadores reunidos recientemente por el ICE de la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar los programas renovados de la EGB, que el Ministerio se propone incorporar en les próximos cursos. «Una mera renovación de programas es insuficiente para adecuar el sistema educativo a la situación social española derivada de la crisis económica, el mapa autonómico y la democracia».