90.000 desaparecidos en América Latina
El primer congreso de familiares de desaparecidos por motivos políticos en América Latina, celebrado la pasada semana en San José de Costa Rica, cifró en 90.000 el número de prisioneros, de los que se carece de noticias en todo el surcontinente americano, según un documento final publicado el martes en la capital costarricense.En la reunión participaron ochenta delegados de familiares de desaparecidos por razones políticas y representantes de organizaciones internacionales. Los trabajos del congreso permitieron elaborar un plan de lucha contra las desapariciones. Sus conclusiones serán present...
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El primer congreso de familiares de desaparecidos por motivos políticos en América Latina, celebrado la pasada semana en San José de Costa Rica, cifró en 90.000 el número de prisioneros, de los que se carece de noticias en todo el surcontinente americano, según un documento final publicado el martes en la capital costarricense.En la reunión participaron ochenta delegados de familiares de desaparecidos por razones políticas y representantes de organizaciones internacionales. Los trabajos del congreso permitieron elaborar un plan de lucha contra las desapariciones. Sus conclusiones serán presentadas ante la Comisión Internacional de Juristas, en París, y ante las naciones Unidas, en Ginebra, con el fin de que no se permita en ningún caso descartar la responsabilidad de los Gobiernos implicados en los que el congreso consideró como «crímenes contra la humanidad».
En este sentido, el congreso de San José acusó a los regímenes militares de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Haití.
Asimismo, en medios próximos a los delegados, se supo que Sáo Paulo será la sede de una nueva reunión, a mediados de 1982, durante la que se creará una federación latinoamericana de familiares de desaparecidos.
Por su parte, el grupo de trabajo especial de la ONU sobre «desapariciones forzadas o involuntarias de personas», establecido el pasado año en Ginebra por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recibió «informaciones específicas» relativas a un número de casos estimado entre 11.000 y 13.000 personas, y decidió abrir «iniciativas urgentes» no especificadas ante los Gobiernos de los países incluidos. Las denuncias procedían de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Chipre, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Indonesia, México, Nicaragua, Perú, Filipinas, Africa del Sur y Uruguay.