La Universidad de Córdoba

Los abajo firmantes, profesores de la Universidad de Córdoba, deseamos exponer ante la opinión pública las siguientes consideraciones:En estos momentos, la mayor parte del profesorado de la universidad está en régimen de contrato (ayudantes y encargados de curso) o bien de interinidad (catedráticos, agregados y adjuntos); el resto lo integra el profesorado numerario (que constituye el auténtico funcionariado universitario, escalonado, al igual que el profesorado interino, en catedráticos, agregados y adjuntos).

El profesorado no numerario sufre una situación de inestabilidad laboral con...

Los abajo firmantes, profesores de la Universidad de Córdoba, deseamos exponer ante la opinión pública las siguientes consideraciones:En estos momentos, la mayor parte del profesorado de la universidad está en régimen de contrato (ayudantes y encargados de curso) o bien de interinidad (catedráticos, agregados y adjuntos); el resto lo integra el profesorado numerario (que constituye el auténtico funcionariado universitario, escalonado, al igual que el profesorado interino, en catedráticos, agregados y adjuntos).

El profesorado no numerario sufre una situación de inestabilidad laboral contradictoria con la legislación general vigente en nuestro país y que ni siquiera afecta a todos los ministerios del Estado español, sino sólo al de Educación. Tal inestabilidad, proyectada sobre el profesorado interino, se concreta en la obligatoriedad de renovar el contrato cada año y en la posibilidad de quedar desplazado en cualquier momento por un profesor numerario; a esto hay que añadir la circunstancia de que el desplazado no tiene derecho a reclamar el seguro de desempleo, aun cuando cotiza -como todo trabajador- las cuotas de la Seguridad Social.

Para los profesores contratados, la situación se plasma en la duración limitada de su contrato (máximo de dos años, renovables por otros dos) sin que se les ofrezca tampoco un futuro estable. La gravedad de este caso se acentúa por el hecho de que el proyecto de ley de Autonomía Universitaria -recientemente discutido en la ponencia correspondiente del Parlamento- deja en el más completo olvido a este sector del profesorado.

Con todo, los problemas de inseguridad laboral y de insuficiencia salarial no son sino el pálido reflejo de una universidad que no ha sabido todavía ponerse a la altura de la sociedad democrática que estamos construyendo. Y es esa sociedad la que, en definitiva, deberá plantearse la cuestión de si le interesa mantener una institución. que presenta claros síntomas de no cumplir el cometido que le ha sido encomendado. Es urgente un saneamiento de nuestra universidad a todos los niveles, mediante sistemas de control flexibles y eficaces.

Es obvio que los distintos Gobiernos de la UCD no han dado solución a los problemas que hemos esbozado. Esperemos que el Parlamento modifique de manera fundamental la ley de Autonomía Universitaria, de suerte que poda-

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mos al fin encaminarnos hacia la universidad que nuestro tiempo y nuestra sociedad requieren./ y 81 firmas más.