Un recuento imposible

Establecer la cuantía aproximada de los robos de arte sacro cometidos en España en las últimas décadas parece casi imposible. Sin embargo, los expertos hablan de varios miles de millones de pesetas.En los últimos años, y especialmente a partir de 1977, se han recrudecido los asaltos de este tipo, sobre todo en la mitad norte de la Península. En el año citado se cometieron, entre otros, los importantísimos robos de la catedral de Murcia, de la cámara santa de la catedral de Oviedo y el de la catedral de Burgos. Sin embargo, el año definitivo de los traficante, fraudulentos ha sido, hasta ahora,...

Establecer la cuantía aproximada de los robos de arte sacro cometidos en España en las últimas décadas parece casi imposible. Sin embargo, los expertos hablan de varios miles de millones de pesetas.En los últimos años, y especialmente a partir de 1977, se han recrudecido los asaltos de este tipo, sobre todo en la mitad norte de la Península. En el año citado se cometieron, entre otros, los importantísimos robos de la catedral de Murcia, de la cámara santa de la catedral de Oviedo y el de la catedral de Burgos. Sin embargo, el año definitivo de los traficante, fraudulentos ha sido, hasta ahora, 1979, v, muy concretamente, el mes de noviembre, en el que se produjo una verdadera oleada de robos, entre los que merece destacarse el del retablo, único en el mundo, de la iglesia de San Miguel de Aralar (Navarra).

Posteriormente se han cometido otros robos importantes, entre ellos, el de la catedral de Roda de Isábena (Huesca), en diciembre de 1979.

Ante este estado de cosas, la Administración, a finales de 1979, pidió a todos los obispos que los objetos de arte valiosos de difícil custodia fueran depositados provisionalmente en los museos diocesanos, y anunció la posible incautación temporal de obras de arte propiedad de la Iglesia, cuando hubiera peligro de robo o expolio, en virtud de la ley de 1933. Recientemente, la Iglesia y el Estado han, llegado a un acuerdo para proteger el patrimonio que queda bajo jurisdicción eclesiástica. Según este acuerdo, el Estado reconoce la función primordial de culto de estos bienes y se decide a acometer conjuntamente la realización de un inventario de los bienes artísticos y documentales en poder de la Iglesia.