El centro, entre el Norte y el Sur

FUE UNA lástima que la moción de censura socialista contra el Gobierno, tormenta que ha refrescado saludablemente el pesado clima de pagajoso consenso, calentado por pactos secretos y complicidades ocultas, distorsionara el debate sobre la situación económica. Porque, junto al terrorismo que campea, en el Norte, el paro que hace estragos por todo el país, y especialmente en el Sur, constituye un motivo de preocupación central para los españoles y un caldo de cultivo para la desestabilización democrática.El galimatías del señor Abril Martorell a propósito del diálogo Norte-Sur probablemente nac...

FUE UNA lástima que la moción de censura socialista contra el Gobierno, tormenta que ha refrescado saludablemente el pesado clima de pagajoso consenso, calentado por pactos secretos y complicidades ocultas, distorsionara el debate sobre la situación económica. Porque, junto al terrorismo que campea, en el Norte, el paro que hace estragos por todo el país, y especialmente en el Sur, constituye un motivo de preocupación central para los españoles y un caldo de cultivo para la desestabilización democrática.El galimatías del señor Abril Martorell a propósito del diálogo Norte-Sur probablemente nació no tanto del desconocimiento del tema por el interesado (se trata, al fin y al cabo, de un asunto situado en la periferia de la teoría económica y al alcance de cualquier persona medianamente informada) como de la falta de idoneidad del vicepresidente del Gobierno para los juegos de ingenio, la improvisación parlamentaria y las metáforas irónicas. Por lo demás, la intervención del señor Abril Martorell, simplemente inane por su fracaso para reconducir las alusiones veladas y los barroquismos hacia el centro del debate económico, fue notablemente empeorada por el señor Jiménez Blanco, que conjuró en el Congreso los fantasmas de la vieja figura del político abogado, dotado de una inútil labia capaz de rebajar una discusión parlamentaria al nivel de un juicio por desahucio, Tan sólo la contestación del ministro de Economía al señor Lluch reconcilió el ejercicio del poder con la competencia profesional y la honestidad en la discusión; al igual que las puntualizaciones del ministro de Hacienda a los señores Solé Tura y Tamames sobre cuestiones tributarias se ajustaron a los perfiles técnicos del tema sin extralimitaciones ni salidas de pie de banco.

La intervención del señor Leal, si bien dejó en claro su posición teórica acerca del gasto público, no acusó recibo de las responsabilidades del Gobierno en el desmesurado crecimiento de los gastos corrientes y transferencias estatales durante los últimos meses. Resulta así que el partido en el poder, a la vez que incoa un duró juicio de intenciones contra los socialistas por sus proyectos de ampliar el sector público, se muestra incapaz de aplicar sus recetas teóricas a su propio comportamiento y suelta las bridas para una alarmante galopada del gasto público. Los aproximadamente 300.000 millones de pesetas de déficit en 1979 pueden convertirse, a finales de 1980, en 500.000 millones. El año pasado, las inversiones propiamente productivas del sector público apenas rebasaron el 7% de los tres billones y medio de pesetas de los gastos totales de las administraciones públicas, que incluyen al Estado, a la Seguridad Social, a los organismos autónomos y a las corporaciones locales. Cifras que no pueden sorprender a nadie que haya leído, hace pocos días, que las cuentas de la vieja de Televisión Española asignan tres cuartas partes de los 21.000 millones de pesetas ingresados por publicidad al pago de nóminas. Y cifras que sólo pueden empeorar a la vista de la política gubernamental de regalar balones de oxígeno a las empresas públicas estructuralmente deficitarias, a los sectores en crisis y a los medios de comunicación estatales.

¿Qué confianza puede merecer el Gobierno como administrador prudente del dinero de los Contribuyentes cuando, en el mismo momento en que el ministro de Economía hace un justificado alegato contra el desbordamierito del gasto públicio corriente, el ministro de Administración Territorial, anuncia una tómbola de Parlamentos regionales cuyas competencias políticas y su necesidad funcional son mucho menos claras que la proliferación de escaños y sueldos para satisfacer, con cargo al gasto público, las reivindicaciones de status de los notables locales? Como la caridad, la austeridad y la parsimonia bien entendidas empiezan en casa. De nada valdrán las exhortaciones oficiales para que los ciudadanos aumenten su productividad y se aprieten el cinturón, ni las argumentaciones neoliberales contra el ogro filantrópico, mientras el Gobierno siga despilfarrando en gastos corrientes los recursos presupuestarios, sea incapaz de que su grupo parlamentario condicione los nuevos gastos a la existencia de nuevos ingresos y se resista como gato panza arriba a la reforma democrática de la Administración y de las empresas públicas. Esa esperada y siempre aplazada reforma que puede garantizar, a la vez, la eficacia de los servicios, la productividad del sector, la adecuación de los gastos a las labores realizadas y la transparencia de la gestión. Porque los planes económicos del Gobierno no podrán cumplir sus objetivos mientras sean puestos en práctica por un mecanismo perverso que utiliza para su realización medios incompatibles con los fines.

También es preciso, un autoanálisis mucho más severo del Gobierno para descubrir y reconocer sus propios fallos como gestor cotidiano de la política económica. La gente se empieza a cansar de que el Poder Ejecutivo se mueva siempre entre la inculpación abstracta de nuestros males a la crisis energética y a la recesión mundial, pese a lo mucho de cierto que hay en tales afirmaciones, y el amedrentamiento de la opinión pública mediante subrayados y citas de los documentos del PSOE. Porque comienza a ser irritante ese reiterado gesto del Gobierno de quitarse las pulgas de encima para que les piquen a los jeques árabes o a los líderes socialistas. Así, por ejemplo, después de la firma del acuerdo-marco interconfederal entre la CEOE y UGT, de la aprobación en las Cortes -con la buena disposición de los socialistas para negociar su articulado- del Estatuto de los Trabajadores y del notable descenso de la conflictivídad obrera en los últimos meses, es el Gobierno quien tiene que responder de sus demoras y racanerías en la devolución del patrimonio vertical, necesario para que las centrales sindicales pue dan desempeñar su indispensable papel en el sistema de relaciones laborales de una sociedad industrial, madura y compleja.

Se halla fuera de discusión, Por lo demás, que las continuadas alzas de los crudos han influido decisiva y negativamente sobre la inflación y el paro. El valor de las importaciones de petróleo españolas representa el 30% de nuestras importaciones totales y algo más del 5% de la producción interna de bienes y servicios. Pero la misma gravedad de la situación obliga al Gobierno a extremar el rigor a la hora de administrar los recursos cada vez más escasos de una comunidad iniportadora de petróleo y de realizar los imprescindibles reajustes energéticos. La polémica sobre los galgos y podencos de las centrales nucleares no tenía por qué paralizar una energía política de ahorro de petróleo, de fornienlo de otras fuentes alternativas y de aprovechamiento de recursos tan tradícionales como el carbón.

¿Y el debate sobre el paro? En este terreno es, sobre todo, la oposición parlamentaria la que tiene que preca verse de los riesgos de la autocomplacencia y de las tentaciones de pasar el fardo íntegro de las culpas al adversario. Porque un planteamiento emocional de la cuestión del desempleo, aunque justificado en quienes lo padecen, sería inaceptable como punto de partida de cualquier programa alternativo que buscara sinceramente soluciones racionales y posibles y propusiera con honestidad medios congruentes, con los fines. Haría mal la oposición parlamentaria en olvidarque las semillas de la demagogia sembradas por la izquierda en la primera etapa de la República de Weimar, tan ferozmente asolada por el desempleo y la inflación. produjeron la cosecha parda de la dictadura de Hitler, que solucionó parcialmente el desempleo alemán con los preparativos de una guerra apocalíptica.