Cuatro años de dictadura en Argentina deberán tener su Nüremberg

Casi paralelamente se cumplen cuatro años desde que las fuerzas armadas se hiciesen con el poder, cuando el general Jorge Rafael Videla propone una «apertura» hacia los civiles a través de un documento titulado pomposamente Bases políticas. En absoluta coherencia con lo que han hecho durante estos cuatro años, las fuerzas armadas y los civiles que les rodean plantean una apertura que, en verdad, es una puerta sólidamente cerrada en la cara de la sociedad civil, a la que falazmente se convoca.La realidad es que las definiciones contenidas en estas Bases políticas son una inflexión...

Casi paralelamente se cumplen cuatro años desde que las fuerzas armadas se hiciesen con el poder, cuando el general Jorge Rafael Videla propone una «apertura» hacia los civiles a través de un documento titulado pomposamente Bases políticas. En absoluta coherencia con lo que han hecho durante estos cuatro años, las fuerzas armadas y los civiles que les rodean plantean una apertura que, en verdad, es una puerta sólidamente cerrada en la cara de la sociedad civil, a la que falazmente se convoca.La realidad es que las definiciones contenidas en estas Bases políticas son una inflexión más en el discurso represivo y reorganizador de la sociedad que ha mantenido la dictadura. Inflexión que se une a todos los decretos que, a lo largo de 48 meses, han abolido por la fuerza toda normativa democrática que fijaba tanto la Constitución, hoy archivada, como la tradición democrática del país; que se encadena con la ley de Asociaciones Gremiales para atomizar el movimiento obrero y despolitizarlo, y que se vincula, en fin, con la violencia represiva ejercida a través de múltiples canales para acallar y eliminar todo tipo de oposición, por tímida que fuese, a su proyecto de imponer una determinada estructura económica y política. La sociedad argentina se encuentra, por tanto, sumergida en el código del autoritarismo, la militarización y el terror de Estado.

Pero estas Bases políticas tan singulares, en tanto emanan del poder militar e incluyen a sus miembros, a la vez, como protagonistas principales del futuro político y como jueces de quienes pueden o no participar en su plan de democracia controlada y fragmentada, son, también, nítidamente correlativas a la ley 22.068, mediante la cual la dictadura ha tenido el gesto de máximo cinismo de convocar a los miles de desaparecidos -eufemismo que engloba a los que ella mató o mantiene en prisión sin reconocerlo- a que se presenten en un plazo determinado. Si así no lo hiciesen serán dados legalmente por muertos. Inversión extrema de la legalidad: las fuerzas armadas asesinan impunemente y luego escriben e imponen la ley que legitima su terrorismo.

Se calcula que, desde el 24 de marzo de 1976, cuando desde la madrugada las fuerzas del orden establecido fueron ganando la calle, las fábricas, colegios, universidades, oficinas públicas, sindicatos, sedes de partidos y domicilios privados, han sido secuestradas entre 25.000 y 30.000 personas y que se asesinaron otras 15.000. Para la legalidad ilegal de la dictadura y quienes se benefician con ella, tanto a nivel nacional como internacional, los desaparecidos ya están muertos. Para los demócratas, exigir el esclarecimiento de su paradero es una de las claves de la lucha antidictatorial, porque no todos han sido asesinados, según lo demuestran diversos testimonios.

De esta forma, mediante el terror compulsivo, la dictadura busca imponer un proyecto muy similar al establecido en otros países latinoamericanos. Dicho con un máximo de síntesis, este proyecto apunta a redefinir el papel de Argentina dentro del mercado mundial y, paralelamente, consolidar el poder económico y político de una minoría sobre la mayoría. Las estadísticas nos vienen a decir que en estos cuatro años la acumulación, por parte de los sectores del gran capital que poseen el control del mercado industrial, agropecuario, financiero y comercial, ha sido tan abultada como vertiginosa, al tiempo que, solamente en el primer año de Gobierno militar, la participación de los asalariados en el ingreso nacional decayó en un 40%.

La infraestructura industrial que hasta 1975 se orientaba fundamentalmente para abastecer al mercado interno, se busca que hoy produzca casi prioritariamente para la exportación. Con salarios que oscilan en el equivalente de las 10.000 pesetas mensuales y con precios iguales o superiores a los vigentes en el Estado español, el empresariado elige entre cerrar o producir para el mercado mundial. Pero es en el sector agrario donde el gran capital nacional e internacional y las fuerzas armadas basan fundamentalmente su plan, relanzando este sector en un momento en que los alimentos se han convertido en un arma de poder económico y político en todo el mundo. Los terratenientes conservan sus tierras y la renta derivada de ella, las corporaciones trasnacionales se ocupan de la comercialización de su producción y el campesinado se hunde en la pobreza del minifundio o emigra a la ciudad para ofrecerse.

Para este plan de ultraliberalismo, guiado por la mano fría del, a la vez, industrial, latifundista, gestor del capital extranjero, fiel discípulo de Milton Friedrnan y los Chicago boys, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, es necesario jugar hasta el final el juego de la competencia -aplicar las famosas y siempre trágicas, para la mayor parte de los ciudadanos, «ventajas comparativas»-, y desnacionalizar progresivamente el país.

De allí que el plan político se complementa tan perfectamente como en el mecanismo de un reloj con el proyecto económico: la eliminación de la oposición acompaña la eliminación de la industria pequeña no competitiva y de los gastos estatales en salud pública o en subsidios para los productos básicos de consumo de la población. Reafirmación del poder latifundista y de la concentración industrial, comercial y financiera, y concentración del poder en una elite de militares y civiles tecnocráticos; fin del Estado benefactor y abrir paso al Estado policial, que aceita y resguarda el funcionamiento de la libre empresa.

Esta libertad de empresa es la que ha acentuado el subdesarrollo del país: mortalidad infantil, desnutrición, analfabetismo, falta de viviendas, son efectos que se han incrementado en los últimos cuatro años, tanto como los accidentes laborales. Una de las más brillantes universidades de América Latina está despoblada y miles de argentinos deambulan en el exilio. Las torturas más brutales son, por tanto, un segmento más, aunque el más evidente, Junto con los asesinatos, de una cadena de violaciones de los derechos humanos. Por que no poder comer todos los días, estar sometidos al paro sistemático para que los salarios sean bajos, no poder acceder a la. enseñanza, tener prohibida la lectura de tantos y tantos autores y vivir en un clima paranoico de incitación a la delación también significa para todos los ciudadanos el ser violados en sus derechos más elementales.

Dentro de Argentina rige el discurso del terror. Ahora, cuando decenas de miles marcharon al exilio, cuando se ha desplegado un operativo de militarización que cubre y controla el país y ya cumple cuatro años, cuando se declaran como apaciblemente muertos a quienes fueron asesinados o permanecen sometidos a tan sofisticadas como brutales torturas, y mientras la resistencia debe apelar al recurso de la máxima imaginación, ese discurso del terror quiere tomar la forma de la institucionalización, del gatopardismo; quiere lavar el rostro de su barbarie y, en una doble operación, cimentar las bases de una nueva Argentina a la medida de los dominadores. A esta jugada debemos oponernos todos los demócratas, argentinos o no, porque este Gobierno no ha dejado ni pretende dejar de ser una dictadura, porque la restitución de las libertades civiles, políticas y sindicales no pueden ser recortadas imponiendo condiciones y preferencias, y porque los militares y sus aliados deberán responder ante la historia por sus crímenes, deberán también tener su Nüremberg.