Abril Martorell garantiza prioridad para el sector público escolar

«Ha existido y sigue existiendo el propósito de prioridad para el sector público, y esta prioridad no hay que confundirla nunca, nunca, con una dinámica que genere una exclusividad del sector público. Todos los monopolios son malos e incluso el del sector público.» Con estas palabras, el vicepresidente económico del Gobierno, Fernan do Abril Martorell, concluía anoche una intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que se produjo antes de la votación final y que parecía corresponderse a la exigencia de los sectores progresivos de UCD, como contrapartida al voto afirmativo que má...

«Ha existido y sigue existiendo el propósito de prioridad para el sector público, y esta prioridad no hay que confundirla nunca, nunca, con una dinámica que genere una exclusividad del sector público. Todos los monopolios son malos e incluso el del sector público.» Con estas palabras, el vicepresidente económico del Gobierno, Fernan do Abril Martorell, concluía anoche una intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, que se produjo antes de la votación final y que parecía corresponderse a la exigencia de los sectores progresivos de UCD, como contrapartida al voto afirmativo que más tarde otorgaron al texto.

Abril Martorell comenzó afirmando que es falsa la afirmación de que con el texto de la ley se producirá un demérito de la enseñanza pública y que eso no es cierto ni desde la trayectoria anterior ni desde la perspectiva de futuro. Afirmó que, en conjunto, el sector público de la enseñanza ha pasado del 84,7% al 87,1%. «Quiero indicar», añadió, «para los que no entienden de números, que el máximo es cien.» En ese momento se produjeron aplausos y claros gestos de ironía en las filas socialistas.«En consecuencia», añadió, «el sistema educativo no estatal ha disminuido su participación presupuestaria del 15,3 % al 12,9 % en el trienio 1977-1980. El total de alumnos de enseñanza no estatal significa el 40% del total, y en este tiempo», prosiguió el vicepresidente, «se han creado 1.270.000 plazas de EGB, de las que 500.000 han ido a sustituir plazas en malas condiciones.»

« El lenguaje de los hechos», frase que repitió con insistencia, «indica que existe también una cierta holgura en EGB, con un sobrante de plazas superior a las 500.000, aunque existen todavía disfuncionos a lo largo y ancho del país. Las dos cosas son ciertas y simultáneas. En consecuencia, hay que afirmar que no es exacto el que no exista alternativa en el sector público. Se ha pasado, en términos de presupuesto inicial, de 102.000 millones a 215.000 millones. El crecimiento ha sido del 110%, en términos constantes. En cuanto al futuro, el Gobierno pretende una escolarización general entre los cuatro y dieciséis años, en condiciones que garanticen una enseñanza de calidad, con prioridad para la EGB, en la que existen 300.000 puestos en malas condiciones, y con la segunda atención puesta en la formación profesional. Ese objetivo, cuando se cumpla», dijo Abril Martorell, «nos situará en vanguardia de la Europa democrática, y nosotros pensamos que no es una utopía que en tres o cuatro años, el 90 % o 95% de los niños en edad preescolar estén escolarizados, y que la misma cifra de alumnos lo esté hasta los dieciséis años de edad.

Aseguró también que de un total de cinco millones de niños de EGB, algo más de dos millones reciben enseñanza no estatal y, en consecuencia, «no se puede simplificar ni se puede hacer un debate en torno a este tema reduciéndole a un problema de ricos y pobres. Es una realidad que sociológicamente se extiende a niveles populares con capas amplias de la sociedad».

Réplica de Alfonso Guerra

Tras la intervención del vicepresidente del Gobierno Abril Martorell, hizo uso de su turno de explicación de voto el diputado socialista Alfonso Guerra, quien denunció la «arrogancia» puesta de manifiesto por el partido del Gobierno a lo largo de todo el debate, y señaló que UCD no ha hecho el menor esfuerzo para llegar a un entendimiento con las demás fuerzas de la Cámara en un asunto de tanta trascendencia como es el futuro de la educación del país.

Se refirió a este respecto a la voluntad expresada con anterioridad al inicio de los debates por el propio ministro de Educación, quien había declarado expresamente que en la educación no era conveniente el acuerdo.

Aludió posteriormente a los intentos de satisfacer con esta ley a la clientela política de un Gobierno que se tambalea, y se refirió personalmente al presidente del Gobierno, de quien dijo que sólo se ocupa por mantenerse en el poder. En ese instante, Adolfo Suárez acalló con un gesto sensible los murmullos con que fueron acogidas estas palabras entre los miembros de su grupo parlamentario.

El diputado socialista dijo también que el Estatuto de Centros representa la imposición de tina ley ,que consagra los privilegios acumulados por la enseñanza privada durante el franquismo y que UCD había hecho de esta ley una cuestión de Estado, con la pretensión de romper la ambigüedad de la Constitución.

En relación al apoyo prestado por la Iglesia a ese intento citó algunos párrafos de un boletín del obispado de Cuenca, publicado en 1978, en el que el prelado de la diócesis afirmaba que miembros del Gobierno le habían dado seguridades de que la ambigüedad del artículo 27 de la Constitución había sido necesaria para facilitar el desarrollo del texto constitucional.

Calificó de parciales las cifras facilitadas por el vicepresidente del Gobierno, cuya intervención interpretó como un intento de tranquilizar los escrúpulos que algunos miembros del propio partido del Gobierno sienten para votar afirmativamente esta ley, y aludió a las necesidades que podrían cubrirse en muy diversos aspectos con el dinero que va a dedicarse a financiar la enseñanza privada.

Le replicó el diputado centrista Herrero de Miñón, quien se excusó al iniciar su intervención porque «no puedo competir», dijo, «con la brillantez y hasta con la capacidad de injuria de mi predecesor en el uso de la palabra». Dijo que la libertad de enseñanza es inseparable de todas las restantes libertades que se consagran en esta ley, y aseguró que UCD había cumplido escrupulosamente con su programa electoral.

En relación con la actitud de los socialistas ante el futuro de esta ley, dijo que estaba convencido de que con el tiempo acabarían aceptándola.

A este respecto señaló que esta ley reproduce lo que es la base de los pactos escolares en países como Bélgica y Holanda y los textos legislativos sobre materia educativa de muchos otros países en los que gobiernan partidos socialistas.

Se mostró también convencido de que en la próxima campaña electoral veríamos cómo los socialistas ocultarían cuidadosamente a sus electores muchos de los argumentos que han venido utilizando en su oposición a esta ley, del mismo modo que en campañas anteriores se preocuparon muy cuidadosamente de ocultar otras posiciones de este partido en materia de enseñanza que habían mantenido anteriormente.