La Consejería de Trabajo del CGV denuncia la falta de medios económicos

La Consejería de Trabajo del Consejo General Vasco podría verse obligada a suspender su actividad por falta de medios económicos, según comunicaron ayer oficialmente los responsables de dicho departamento.

La nota de la Consejería recuerda que en octubre pasado el Ministerio de Trabajo concedió para el último trimestre del año, y para el conjunto de las tres provincias, un total de 719.000 pesetas. Reconocida por ambas partes la manifiesta insuficiencia de la cantidad calificada de «simbólica» por el propio Ministerio, reiniciaron gestiones para la aprobación de un presupuesto espec...

La Consejería de Trabajo del Consejo General Vasco podría verse obligada a suspender su actividad por falta de medios económicos, según comunicaron ayer oficialmente los responsables de dicho departamento.

La nota de la Consejería recuerda que en octubre pasado el Ministerio de Trabajo concedió para el último trimestre del año, y para el conjunto de las tres provincias, un total de 719.000 pesetas. Reconocida por ambas partes la manifiesta insuficiencia de la cantidad calificada de «simbólica» por el propio Ministerio, reiniciaron gestiones para la aprobación de un presupuesto especial de algo más de siete millones de pesetas. Sin embargo, desde el día 6 de noviembre, en que fue ultimado el acuerdo, no sólo no se ha recibido, según la Consejería vasca, ni una peseta, sino que ni siquiera ha habido respuesta a las sucesivas reclamaciones. En una de éstas se llamaba la atención sobre la existencia de un remanente de cincuenta millones de pesetas del presupuesto global destinado en 1979 a la financiación de las autonomías.

La falta de respuesta por parte de la Administración central dio origen a nuevas gestiones, que culminaron en una entrevista entre el consejero vasco Juan Iglesias y el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega. Pese al compromiso personal de este último, según la nota de la Consejería, «la Administración central ha incumplido una vez más». De ahí la decisión de «dar a conocer a la opinión pública cuáles son las causas y quiénes los causantes de esta situación», que podría conducir a «un grado de inoperancia de la Consejería equivalente al cierre, con lo que ello. supondría de lesivo para los intereses de los administrados».