Los archivos españoles deben ser más accesibles a los investigadores
Coloquio sobre las fuentes documentales de la historia del siglo XX
La necesidad en España de unos archivos modernos, descentralizados, dotados de instrumentos automatizados y más accesibles al público fue reiteradamente señalada por los profesores Manuel Tuñón de Lara, Miguel Artola y Antonio Marquina Barrios en la segunda jornada del Coloquio científico sobre «Los archivos para la historia del siglo XX», que se celebra esta semana en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, organizado por la Dirección General del Patrimonio, Archivos y Museos y la Subdirección de Archivos.
El profesor Tuñón de Lara, catedrático de la Universidad d...
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La necesidad en España de unos archivos modernos, descentralizados, dotados de instrumentos automatizados y más accesibles al público fue reiteradamente señalada por los profesores Manuel Tuñón de Lara, Miguel Artola y Antonio Marquina Barrios en la segunda jornada del Coloquio científico sobre «Los archivos para la historia del siglo XX», que se celebra esta semana en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, organizado por la Dirección General del Patrimonio, Archivos y Museos y la Subdirección de Archivos.
El profesor Tuñón de Lara, catedrático de la Universidad de Pau (Francia), expuso, en el transcurso de su intervención sobre Los archivos para la historia social de nuestro siglo las dificultades y, en algunos casos, las facilidades que existen en España para el acceso de un historiador o investigador a los archivos y centros de documentación, tanto públicos como privados. En una exhaustiva enumeración de archivos dependientes del Patrimonio, de las administraciones provinciales y locales, o de registros económicos o grupos políticos, Manuel Tuñón no olvidó citar «el peligro que corren los catorce millones de película, más todo el material filmado incautado -a la República, que pertenecían a No-Do, y que correrán un grave peligro si efectivamente pasan a depender de Televisión Española ». «Me parece erróneo, sintentizó el profesor Tuñón, «centralizar los sistemas de archivos existentes. La renovación y el progreso de la archivística española y de otras ciencias, en buena medida relacionadas con ella, van a tener como motor la autonomía y la descentralización de los archivos. Naturalmente, habrá que mantener una acción coordinada sobre todos es tos centros, pero sin dañar su libertad de organización y de movimientos.» Como medidas concretas para aplicar el artículo 18 de la Constitución (libertad de información y acceso a las fuentes), el señor Tuñón señaló que es necesario facilitar el acceso a los centros mediante la reducción de los plazos de consulta (que no se distancie demasiado el registro documental de un hecho de la posibilidad de consultar ese registro). Además, para el señor Tuñón es fundamental que no se destruyan documentos valiosos, que se profesionalice al máximo la archivística y que se apliquen las últimas técnicas de informática a todo el proceso de archivos.El profesor Miguel Artola, en su intervención sobre el tema Historiografia y archivos, defendió también la necesidad de que el archivo administrativo pase cuanto antes a ser considerado como histórico. Este distanciamiento temporal de las fuentes es uno de los graves problemas para la historiografía del siglo XX. «Para poder hacer una historia contemporánea como técnicamente se exige en estos días, el archivo ha de recuperar por lo menos tres líneas de acción fundamentales: una acción de control del archivo histórico sobre el administrativo; una acción de reclamo, a los archivos de instituciones privadas, de la exigencia de información sobre el volumen y naturaleza de sus fondos, y una inspección que asegure su almacenamiento y conservación.» «Como la crisis energética que amenaza con endurecerse», añadió irónicamente el señor Artola, «produzca un nuevo descenso en los grados de calefacción, es terrible pensar lo que puede ocurrir con muchos archivos públicos y privados.»
«El viejo archivo medieval y estatal ha terminado», dijo Miguel Artola. «El nuevo archivo es mucho más amplio y va a plantear muchos más problemas, sobre todo de catalogación (es inevitable el trasvase de los ficheros a los ordenadores), ya que la autonomía y descentralización no debe establecer diferencias irreconciliables, y sobre todo de utilización, porque la accesibilidad del público debe comenzar ya por un acortamiento de plazos en la apertura de los archivos.»
La guerra y el franquismo
El profesor Antonio Marquina analizó, en el transcurso de su intervención sobre el tema La segunda guerra mundial y la guerra fría en archivos americanos y europeos, la documentación existente en los principales archivos norteamericanos (Archivos Nacionales de Washington, Biblioteca del Congreso y Museo Roosevelt), ingleses e italianos sobre España, durante esta época estudiada.El historiador Antonio Marquina confirmó, concretamente, según había podido comprobar él mismo después del análisis personal de algunos de los documentos existentes en los Archivos Nacionales de Washington, que operaciones como la de espionaje de la red To, que saltó hace escasamente un año a las páginas de los periódicos, y otras, demuestran que la neutralidad de Franco durante la guerra mundial no fue tal, y que prestaba valiosa ayuda a las potencias del Eje.
Así como en los archivos norteamericanos se encuentran las fuentes más importantes para el estudio de las relaciones exteriores de la Península Ibérica de los años 1939 a 1945, en Inglaterra, según señaló el profesor Marquina en su exposición, encontramos una documentación densa, completa y muy elaborada sobre los contactos con la oposición española durante la guerra y durante el franquismo, aunque algunos de estos documentos han sido declarados sensitive material (material reservado), calificación que no permite su acceso, dado que en ellos existen datos comprometidos sobre las relaciones del franquismo con la oposición y de Inglaterra con el franquismo y con la oposición.
En España existen en estos momentos 126 archiveros facultativos y 84 ayudantes para las tareas de dirección, ejecución técnica, custodia, conservación y difusión de los 146 archivos estatales, en los que están contenidos, aproximadamente, 1.600.000 legajos, y 800.000 libros.