"Sí" a los estatutos
MAÑANA EL cuerpo electoral de Cataluña y del País Vasco -excepto Navarra- van a tener la oportunidad de manifestarse a propósito de los estatutos de Sau y de Guernica. El resto de los españoles, contra lo que algunos sectores de la ultraderecha sostienen, expresaron ya su opinión a través de sus legítimos representantes, que aprobaron por abrumadora mayoría en el Congreso ambos textos. A este respecto, nunca se insistirá lo suficiente en que los principios de la democracia representativa, la más alta cota de vida pública civilizada alcanzada en la historia de la humanidad, no pueden ser menos...
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MAÑANA EL cuerpo electoral de Cataluña y del País Vasco -excepto Navarra- van a tener la oportunidad de manifestarse a propósito de los estatutos de Sau y de Guernica. El resto de los españoles, contra lo que algunos sectores de la ultraderecha sostienen, expresaron ya su opinión a través de sus legítimos representantes, que aprobaron por abrumadora mayoría en el Congreso ambos textos. A este respecto, nunca se insistirá lo suficiente en que los principios de la democracia representativa, la más alta cota de vida pública civilizada alcanzada en la historia de la humanidad, no pueden ser menoscabados ni eludidos por las vanguardias iluminadas de la ultraderecha y la ultraizquierda, que están en desacuerdo en todo excepto en condenar a las urnas a la destrucción y en sacralizar el lenguaje de las armas como único vehículo de razonamiento. Es por eso una mentira o una ignorancia afirmar que los referendos de Sau y de Guernica han sido sustraídos a la voluntad del resto de la sociedad española. El Congreso representa al pueblo español y sus decisiones tienen como respaldo los millones de votos depositados, hace sólo siete meses, en los comicios. Desde estas columnas hemos defendido la necesidad histórica y política de la autonomía de Cataluña y del País Vasco y hemos señalado la congruencia de los estatutos de Sau y de Guernica como vía para alcanzar ese objetivo.Sólo nos queda ahora reafirmar nuestra recomendación de voto afirmativo a los catalanes y vascos -esto es, a los hombres y mujeres que viven y trabajan en Cataluña y en el País Vasco- a quienes pueda interesarles la opinión de este periódico. Tanto en una comunidad como en otra, no parece que los votos negativos signifiquen una amenaza real. Fuerza Nueva, con Alianza Popular en el País Vasco como compañero de viaje (los «tontos útiles» no son sólo de izquierdas), es la única formación política que apadrina de manera consecuente esa opción. Y no parece que vayan a conseguir un resultado de votaciones mínimamente interesante.
En cambio, la abstención puede restar calor popular, aunque nunca legitimidad democrática, a los resultados de mañana. Si la abstención significara, clara y unívocamente, un pronunciamiento en contra de los estatutos, una votación por debajo del 50% del censo electoral privaría al resultado final de capacidad de convicción política. Pero es del todo evidente que no es tal el caso. Si las fuerzas que se oponen a los estatutos de Sau y de Guernica desde el nacionalismo radical hubieran creído en la posibilidad de arrastrar en favor de su opción a la mitad de la población, o incluso a una cuarta, quinta o sexta parte de los catalanes y de los vascos, su campaña hubiera girado en torno al voto negativo. Conscientes de su debilidad política y de la carcoma de sus argumentos, han preferido situarse como tapones de corcho encima de la ola abstencionista, para simular que la provocan.
En el abstencionismo que mañana puede producirse en Cataluña y en el País Vasco confluyen varios factores de muy distinta naturaleza. En primer lugar, la incompetencia técnica del Ministerio del Interior, que ha sido irremediablemente incapaz de actualizar y rectificar los errores del censo electoral a lo Largo de los últimos tres años. Algunos expertos del Instituto de Estadística sitúan en niveles cercanos al 15%, y en cualquier caso difícilmente inferiores al 10%, la artificial inflación de las listas de ciudadanos con derecho a voto, por errores materiales y duplicaciones domiciliarias, y en un porcentaje no despreciable las personas despojadas de ese mismo derecho por pereza individual o desajustes administrativos. También hay que tomar en consideración los índices de abstención natural, que en los países europeos de vieja tradición democrática se elevan generalmente -con excepción de Italia- por encima del 20%. Los transeúntes, los enfermos, las personas de edad y los que permanecen al margen de cualquier manifestación de la vida pública constituyen un núcleo irreductible a la participación electoral.
Pero a estas dos causas hay que añadir, tanto para Cataluña corno para el País Vasco, una específicamente política, que nada tiene que ver con el abstencionismo activo preconizado por Herri Batasuna, el PSAN, la LCR o el MC, pero que se relaciona directamente con ese fenómeno de «huelga de votos caídos» que expresa el desencanto de algunos sectores ciudadanos ante las formas y los contenidos de la democracia consensuada instaurada por las cúpulas de los grandes partidos. Esta manifestación, de gran interés para los analistas y una de las claves más originales y significativas del proceso político español, no pueden apropiársela ni los nacionalistas radicales ni la izquierda extraparlamentaria, que, a falta de principios, ha transformado el oportunismo en su bandera. ¿Alguien se puede imaginar a los abstencio nistas del desencanto vibrando de emoción patriótica ante un discurso de Telesforo Monzón, o apasionándose por las disquisiciones de los marxistas-leninistas del MC o de los trotskistas de LCR? Hace falta mucho fanatismo o mucha cara dura para llevar al molino del abstencionismo activo la pasividad desencantada de los que pasan de todo.
En el País Vasco hay que añadir a esos tres factores genéricos de abstencionismo -el técnico, el natural y el desencantado- otros dos específicos de la situación de aquel territorio. En primer lugar, la inercia residual de la campaña abstencionista del PNV en el referéndum constitucional. Los hechos han demostrado que la actitud del nacionalismo vasco moderado ante la convocatoria del 6 de diciembre no era ni tan cerrada ni tan rígida como algunos -entre otros, este mismo periódico- equivocadamente supusieron. Su decisión de acatar una Constitución a la que no votaron se ha prolongado en su positiva y constructiva actitud frente al Estatuto de Guernica. Lo que, dicho sea de paso, abre un cierto margen de esperanza para creer que algunos de los grupos que forman Herri Batasuna pudieran cambiar de actitud frente a las instituciones de autogobierno. En cualquier caso, la campaña abstencionista del PNV ante la Constitución, por justificable que fuera dentro de sus presupuestos, está demasiado cercana en el tiempo como para que sus efectos sobre el electorado nacionalista se hayan disipado completamente.
Y, en segundo lugar, está el clima de amedrentamiento -lo que acertadamente Santiago Carrillo ha llamado «el pucherazo del miedo»- creado por las acciones armadas de ETA y las agresiones físicas y verbales de algunos militantes de Herri Batasuna. Los delincuentes que asesinan sin contemplaciones y los admiradores del Superman etarra, que aplauden sus crímenes y no tienen ni una palabra de compasión para las víctimas, han manipulado como principal recurso para predicar la abstención, a falta de argumentos racionales y de alternativas políticas, la mezcolanza de amedrentar a los votantes y de presentar la aprobación mayoritaria del Estatuto como su propia sentencia de muerte.
Votar manana, y votar afirmativamente, es la única salida practicable para la situación del País Vasco y la confirmación de que la autonomía de Cataluña ha sido ganada gracias a la tenacidad, a la inteligencia y a la valentía ciudadana de los catalanes. Votar negativamente es un gesto que va a permitir a los nostálgicos del anterior regimen y a los auténticos artífices de los movimientos separatistas contar sus efectivos en esos territorios. Abstenerse, sin estar a favor de las opciones independentistas radicales en Cataluña y en el País Vasco y del terrorismo en Euskadi, es un acto de frivolidad o de cobardía política.
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