En 1979 las licencias pesqueras de la CEE para España serán inferiores a las 240 actuales

El triunfalismo con que las autoridades pesqueras españolas presentaron el último acuerdo provisional con la CEE (240 licencias) puede tornarse decepción ácida en los próximos meses, al reemprender la negociación bilateral para institucionalizar definitivamente el acuerdo-marco. La ampliación de 121 a 240 licencias pesqueras, sibilinamente pactada por el subsecretario Víctor Moro con la absoluta pasividad de Asuntos Exteriores y el departamento encargado de las Relaciones con la CEE, no es más que un parche coyuntural para -a partir de primeros de 1979- volver al punto de partida. El responsab...

El triunfalismo con que las autoridades pesqueras españolas presentaron el último acuerdo provisional con la CEE (240 licencias) puede tornarse decepción ácida en los próximos meses, al reemprender la negociación bilateral para institucionalizar definitivamente el acuerdo-marco. La ampliación de 121 a 240 licencias pesqueras, sibilinamente pactada por el subsecretario Víctor Moro con la absoluta pasividad de Asuntos Exteriores y el departamento encargado de las Relaciones con la CEE, no es más que un parche coyuntural para -a partir de primeros de 1979- volver al punto de partida. El responsable pesquero comunitario insiste en sus buenas palabras, aunque recordando permanentemente que España no ofrece contrapartidas en la negociación, y la Administración española guarda silencio, con la plana mayor de Transportes en Mauritania. Tras todo ello, el irresuelto contencioso entre Gran Bretaña y sus colegas comunitarios, que contribuye notablemente a enrarecer el ambiente y dificultar una solución.

« La Comunidad no tiene ningún interés en torpedear a España en materia de pesca», declaró a EL PAIS, Raymond Simonet, director de Asuntos Pesqueros en la Comisión Europea, al comentar la eventual disminución del número de licencias para barcos españoles para el próximo año. Actualmente la CEE concede 240 licencias para la pesca de altura, régimen provisional que concluye a finales de este mes. Para la: prórroga futura se excluye que se rebajen el número de licencias de las 121 que tenía España hasta el pasado 30 de septiembre. La propuesta de la Comisión Europea no está todavía definida y será discutida en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores del 19 de este mes, en Bruselas. La orientación general va hacia un régimen global equilibrado para todos los países terceros (España, Noruega, Suecia, islas Feroe) que actualmente pescan en la zona de las doscientas millas de aguas comunitarias.¿Cuál será el número de licencias que tendrán los barcos españoles para 1979? Ante tal interrogante se barajan varias hipótesis en Bruselas; partiendo siempre de las reservas de Gran Bretaña, que bloquea todo compromiso de definición de una «política común de pesca» entre los países comunitarios y se mantiene reacia a concesiones importantes para países terceros. Una posible rebaja del número de licencias podría oscilar entre 220 y 190 licencias para España. Los medios comunitarios recuerdan y repiten que España no ofrece ninguna contrapartida en el sector pesquero, que las concesiones comunitarias son unilaterales y que los propios pescadores de los países miembros deben reducir su volumen de capturas.

Se prevé una prórroga del régimen transitorio para los dos primeros meses del año próximo, con un número de licencias que queda por determinar pero que, en todo caso, será inferior al actual. Será en el curso de enero y febrero cuando españoles y comunitarios volverán a la mesa de negociaciones para encontrar una fórmula de compromiso más a largo plazo. En todo caso, se demuestra que la actual tendencia en la Comunidad queda, lejos del triunfalismo oficial español cuando, a finales de septiembre, se daba por concluido el acuerdo-marco pesquero España Mercado Común y se podía brindar ante la opinión pública un espectacular aumento del número de licencias (que de 121 pasaban a 240), sin explicar claramente que muchas de las licencias quedaban excluidas de las zonas más ricas en pescado en el interior de las doscientas millas comunitarias. La Comisión Europea, en su dictamen sobre la candidatura de España al ingreso en el Mercado Común, explica claramente que será necesaria una reducción de la flota pesquera española. Limitar el número de licencias a partir de ahora entra ya en el programa general de readaptación al que el Gobierno español y la Comunidad deben dar una respuesta frente a los pescadores españoles que se enfrentan con el peligro de quedar en paro.

Al margen del litigio pesquero, españoles y comunitarios negociaron ayer en Bruselas la prórroga del acuerdo en productos siderúrgicos. España pide 1.000.000 de toneladas como cupo de exportación a la CEE para el próximo año, aunque parece difícil que la CEE acceda a superar las 900.000 toneladas que concedió para este año. Tocará también al Consejo de Asuntos Exteriores de la CEE, en su debate general sobre el sector siderúrgico, definir el acuerdo con España.

Amenaza de amarre en Vigo

Una asamblea de armadores vigueses, reunida ayer por la tarde para analizar la situación de la flota en aguas comunitarias, decidió que en caso de que las actuales 240 licencias sean rebajadas quedará totalmente amarrada la flota, según nos informa nuestro corresponsal en la villa gallega, Gerardo G. Martín.

Seguro de desempleo

Los pescadores canarios regresaron ayer después de mantener en Madrid una rueda de prensa y de entrevistarse posteriormente con el ministro de Asuntos Exteriores y los subsecretarios generales de Pesca y Trabajo.

En la entrevista con los señores Oreja, Moro y Harguindey, los pescadores y representantes sindicales que les acompañaban insistieron en la necesidad de encontrar una solución política y pacífica al conflicto, pues en caso contrario los pescadores continuarán sin salir a la mar. Asi mismo expusieron su criterio sobre la conveniencia de que la Administración establezca un seguro de desempleo para los pescadores.

Un portavoz de dicha comisión informó a EL PAIS que el ministro señor Oreja Aguirre manifestó a los pescadores su intención de plantear el caso ante el Consejo de Ministros.