De la deshumanización de la asistencia sanitaria, a su reprivatización
El creciente deterioro de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, absolutamente deshumanizada y prácticamente inexistente en su nivel primario (ambulatorios), no parece evitado por el Gobierno de UCD, cuyo interés, según denuncia la Oposición, podría estribar en una reprivatización del sistema, a través de los conciertos con las clínicas privadas. Julio Fernández informa hoy sobre este aspecto y algunas de las variadas formas de fraude a que da lugar la crisis estructural del sistema.
La prestación sanitaria de la Seguridad Social constituye un claro exponente de la política tri...
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El creciente deterioro de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, absolutamente deshumanizada y prácticamente inexistente en su nivel primario (ambulatorios), no parece evitado por el Gobierno de UCD, cuyo interés, según denuncia la Oposición, podría estribar en una reprivatización del sistema, a través de los conciertos con las clínicas privadas. Julio Fernández informa hoy sobre este aspecto y algunas de las variadas formas de fraude a que da lugar la crisis estructural del sistema.
La prestación sanitaria de la Seguridad Social constituye un claro exponente de la política triunfalista del anterior régimen. Más preocupados por el interés político de rentabilizar la imagen de progreso que pudieran constituir las grandes ciudades sanitarias creadas por el sistema, sus responsables desatendieron totalmente la asistencia primaria, hasta sumir en el lamentable estado que hoy presenta a la asistencia ambulatoria. Tal situación justificaría desde posiciones partidistas la repatriación del sistema, en la que parece interesado el Gobierno.Intimamente ligada a la falta de un modelo sanitario, del que tradicionalmente ha adolecido éste país, la asistencia prestada por la Seguridad Social acusa la ausencia de una medicina preventiva e, incluso, de reinserción en la sociedad del enfermo recuperado. Se cura la enfermedad sin atender al fomento de la salud.
De esta manera, la asistencia ambulatoria presenta como principal deficiencia el que no haya servido para la materialización de una política de fomento de la salud. En este país, los poderes públicos, incluidos, naturalmente, los responsables de la Seguridad Social, se han preocupado exclusivamente de la asistencia a los enfermos. Y ello, a través de una maraña legislativa que implicaba en el ámbito de la sanidad a multitud de organismos con responsabilidades muchas veces competitivas entre ellos.
El deterioro de la medicina ambulatoria y domiciliaria, producto de una organización y unos sistemas de dedicación incomprensibles, ha minado en su base el funcionamiento correcto del sistema, sin duda por una política incoherente con los principios de socialización que inspiran, en realidad, el modelo.
El sistema de cupos, horarios y la deficiente distribución territorial, han llevado a un proceso de masificación de la medicina asistencial primaria, convirtiendo a los ambulatorios en simples centros burocráticos de expedición de recetas y partes de baja, con una media mensual de consultas que en 1977 alcanzaba la cifra de 13.921.224, mientras que en 1970 la media mensual era de 7.166.601.
El hundimiento de la medicina asistencial primaria ha agravado con un creciente estrangulamiento, derivado de la excesiva transferencia de procesos que podían haber sido atendidos y curados a primer nivel, las limitaciones de la propia estructura hospitalaria de la Seguridad Social.
La estructura hospitalaria, buena a nivel clínico, resulta sin embargo claramente insuficiente, lo que origina la masificación, que tiene su más inmediata traducción en la saturación de los grandes hospitales, en los que cualquier, beneficiario puede observar la presencia de enfermos en los pasillos por falta de espacio material para su atención.
El actual estado de los grandes hospitales de la Seguridad Social arranca de la deficiente planificación -en muchos casos esta planificación ni siquiera ha existido- que motivó su construcción sobre bases ya en desuso. Así, cuando en España se crearon las ciudades sanitarias de la Seguridad Social, en el mundo desarrollado ya no se admitía este tipo de centro, sino que se propugnaba la creación de un módulo funcional de alrededor de quinientas camas, que sería repetido cuantas veces fuera necesario en orden a su más correcta distribución geográfica.
La última realización en este sentido es el centro madrileño Ramón y Cajal (Piramidón), que constituye el más claro exponente de la falta de planificación aludida. Este centro, cuyo coste hasta el momento de su inauguración oficial, en octubre del año pasado, había superado los 10.000 millones de pesetas, de los que 6.000 fueron destinados a la compra del solar, obras y dotaciones mecánicas, y el resto a la dotación de material clínico, resulta ya insuficiente, pues a él no acuden únicamente pacientes de Madrid y su zona de influencia, sino que por la escasez de este tipo de instalaciones, se ve saturado por enfermos de todo el Estado. En la actualidad cuenta con 1.922 camas.
El deterioro de la asistencia primaria, limitado a una despersonalizada relación médico-enfermo muy reducida en cuanto a su duración y prácticamente concretada en la dispensación farmacéutica de productos que, muchas veces, son sugeridos por el propio paciente, justifica la incidencia negativa que sobre la prestación sanitaria de la Seguridad Social representan los gastos farmacéuticos (unos 90,000 millones de pesetas en el presente año).
Curar con pastillas
De esta manera, el gasto en farmacia se ha disparado a unos niveles insostenibles por el sistema, mientras que la Seguridad Social renuncia al control de su propia demanda y, consecuentemente, a la racionalización del mercado.En esta misma página se explica la notable presencia de las multinacionales en la colonización que soporta la dispensación farmacéutica de la Seguridad Social. Consecuencia inmediata del descontrol aludido es el elevado número de fraudes que estos días son conocidos por la opinión pública y alcanzan desde el robo de recetas oficiales de la Seguridad Social hasta el control de médicos que prescriben un excesivo número de medicamentos.
En este sentido, según datos obtenidos del INP, el 80% de la prescripción la hace el 47% de los prescriptores, y la mitad del consumo la ordenan 4.843 médicos, que prescriben mensualmente más de 2.000 recetas, por un valor medio superior al medio millón de pesetas; de ellos, 824 recetan por más de un millón de pesetas-mes.
Ello justifica que sobre 12.000 médicos se concentre la acción de otros 12.000 visitadores y la inversión de 9.768 millones de pesetas en promoción de los laboratorios. Esto no es de extrañar, ya que son 12.000 los médicos que imponen el 80% del consumo de treinta millones de españoles.
Hacia la reprivatización
La reforma emprendida por el Gobierno de UCD crea el Instituto Nacional de la Salud, para la administración y gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, como entidad gestora de ésta. Poco más supone la reforma en este sentido. No obstante, existen sobrados indicios que hacen temer, como apunta la Oposición, que bajo esta primera etapa de la reforma subyace la intención partidista de, al amparo del creciente deterioro de la prestación sanitaria, ir hacia una reprivatización de ésta, que vendría a través del régimen de conciertos que mantiene el sistema con clínicas privadas.Un dato económico avala esta sospecha: para las inversiones reales en el ámbito sanitario, el presupuesto del presente año establecía unas previsiones de gasto de 49.505 millones de pesetas; de esta cantidad, se estima que se gastarán 44.717 millones de pesetas, lo que supone que tan sólo se ha invertido un 90% de lo presupuestado.
Este deterioro de la inversión en el ámbito sanitario se acentúa aún más en los Presupuestos para 1979, ya que en los mismos se prevé para inversiones reales 32.115 millones de pesetas, es decir, un 35% menos de lo presupuestado para este año.
La creencia generalizada es que la cobertura de la prestación sanitaria que deja al descubierto esta congelación en el gasto se dejará en manos de la iniciativa privada.
ULTIMO CAPITULO
Alternativas políticas a la reforma de la Seguridad Social y su futuro económico-financiero.
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