Feministas y amas de casa, contra la política de planificación familiar del Gobierno

El grupo feminista de planificación familiar ha recogido doscientas firmas que se solidarizan con una protesta por la actual legislación en materia de contracepción y sobre la interrupción voluntaria del embarazo.Los doscientos firmantes, entre los que se hallan sociólogos, políticos, médicos, catedráticos y artistas de las más diversas especialidades, declaran que, «presionados por el creciente número de mujeres que se ven obligadas a recurrir al aborto, poniendo en grave peligro su vida y su salud, e impulsados por un sentido cívico y responsable sobre cómo llevar a cabo esta operación en el...

El grupo feminista de planificación familiar ha recogido doscientas firmas que se solidarizan con una protesta por la actual legislación en materia de contracepción y sobre la interrupción voluntaria del embarazo.Los doscientos firmantes, entre los que se hallan sociólogos, políticos, médicos, catedráticos y artistas de las más diversas especialidades, declaran que, «presionados por el creciente número de mujeres que se ven obligadas a recurrir al aborto, poniendo en grave peligro su vida y su salud, e impulsados por un sentido cívico y responsable sobre cómo llevar a cabo esta operación en el extranjero a cuantas mujeres se encuentran bajo la circunstancia de un embarazo no deseado y deciden abortar».

En el escrito, los firmantes denuncian «al Gobierno por obstaculizar con su actitud e irresponsabilidad las medidas tendentes a evitar el terrible sufrimiento que para muchas mujeres supone recurrir a tan drástica solución».

Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Amas de Casa de la provincia de Madrid, ha emitido un comunicado en el que muestra su «total desacuerdo con la política y la filosofía del Gobierno sobre planificación familiar planteada ante el Congreso de Diputados por el ministro de Sanidad y exige que sea modificada».

El criterio en que, según las amas de casa, debe basarse esta modificación, es el reconocimiento de la planificación familiar como derecho democrático de todos los ciudadanos que debe ser recogido en la Constitución.

Los centros en los que se asesore sobre la planificación familiar deben llamarse precisamente así, recogiendo una expresión reconocida por la Organización Mundial de la Salud, de la que España es miembro.

La misión de estos centros -se dice en el comunicado- «debe ser la información, orientación, asistencia médica y suministros, a cargo de la Seguridad Social, de los medicamentos relacionados con la anticoncepción, pero los centros nunca pueden suplantar la libertad de las personas decidiendo por ellas y facilitando anticonceptivos sólo a las personas señaladas por ellos como necesitadas».