Pleno del Congreso

Socialistas y comunistas, derrotados en las enmiendas a la totalidad

El debate presupuestario iniciado ayer en el Congreso de Diputados -con las intervenciones destacadas, la oficial y la espontánea, del ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez- puso de manifiesto las objeciones de la oposición parlamentaria ante las deficiencias informativas de unos presupuestos que no han logrado todavía emanciparse de la etapa franquista, pero que obtuvieron, sin grandes dificultades, el consenso de la mayoría de la Cámara. Fueron rechazadas sistemáticamente todas las enmiendas a la totalidad de las diferentes secciones, planteadas desde la izquierda.

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El debate presupuestario iniciado ayer en el Congreso de Diputados -con las intervenciones destacadas, la oficial y la espontánea, del ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez- puso de manifiesto las objeciones de la oposición parlamentaria ante las deficiencias informativas de unos presupuestos que no han logrado todavía emanciparse de la etapa franquista, pero que obtuvieron, sin grandes dificultades, el consenso de la mayoría de la Cámara. Fueron rechazadas sistemáticamente todas las enmiendas a la totalidad de las diferentes secciones, planteadas desde la izquierda.

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Las enmiendas citadas -en su mayoría a gastos de departamentos ministeriales- no obtuvieron en ningún caso 135 votos favorables y fueron derrotadas por un total de votos que casi siempre superó los 170. Las asignaciones presupuestarias a las secciones enmendadas fueron aprobadas, en cambio, por un mínimo de votos que osciló entre los 170 y los 180, contra los votos negativos, que en escasas ocasiones superaron los 130.Tanto Ramón Tamames (PCE) como Manuel Sánchez Ayuso (grupo mixto), Eduardo Martín Toval (Socialistes de Catalunya) y Enrique Barón (PSOE) pusieron énfasis en la resaca franquista de que adolecen los Presupuestos

En las secciones concretas objetadas, Enrique Múgica (PSOE) criticó el formalismo del Gobierno al mantener los diecisiete millones de pesetas de asignación al Consejo del Reino, a lo que José Miguel Bravo de Laguna (UCD) replicó que no puede cambiarse la legislación sustantiva.

Baldomero Lozano (PSOE) objetó los gastos presupuestados para Presidencia del Gobierno, Obras Públicas y Urbanismo, Educación y Ciencia, Industria y Energía, Transportes y Comunicaciones, Cultura y diversos. Este diputado se mostró disconforme con la información facilitada por los ministros que comparecieron ante la Comisión de Presupuestos y criticó, entre otros gastos, el paso de doce a setenta millones de pesetas de las asignaciones de Presidencia del Gobierno para el Centro de Investigaciones Sociológicas y subvenciones a los medios de comunicación social.

Por UCD, José Meilán se mostró, aunque suave en la forma, muy irónico ante la incapacidad socialista para comprender la complejidad presupuestaria. Más que falta de información estimó que se trataba de dificultad para digerirla.

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Más tarde el socialista Ciriaco de Vicente contestó airadamente al señor Meilán -al final salieron del Pleno juntos y sonrientes- que entre los socialistas no hay «hombres miembros de instituciones humildes en el tono y ambiciosas en los objetivos» (se refería al Opus Dei).

El ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, elogió el vigor con que se discutía el Presupuesto y reconoció que la política del Gobierno no figuraba todavía en el mismo, así como que los instrumentos para la distribución territorial del gasto público no están todavía a punto.

Sobre la incorporación de las obligaciones del organismo Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), por un importe de 25.034 millones de pesetas, el socialista de Cataluña señor Martín Toval expresó su discrepancia con esta asignación, mientras que el señor Bravo de Laguna (UCD) aludió a. los miles de funcionarios sindicales afectados.

En la explicación del voto socialista, contrario al presupuesto de la AISS, Ciriaco de Vicente acusó de demagógicos a los comunistas, y manifestó que el voto en contra de su grupo no cuestiona a los auténticos funcionarios sindicales, sino a quienes intentan utilizar las ventajas de los años de servicios al verticalismo para consolidar su posición convirtiéndose en funcionarios públicos.

Otro tema objetado desde la izquierda fue el presupuesto de la Seguridad Social. Marcelinó Camacho (PCE) consideró que faltaba claridad al montante de 1.285.350.000 pesetas, y en igual sentido se expresaron los señores Sánchez Ayuso (grupo mixto) y De Vicente (PSOE). Este último aludió a la marginación de la clase trabajadora en la gestión de la Seguridad Social y aseguró que existe una total desinformación sobre determinadas transferencias de créditos, ya que al Congreso de Diputados se le hurtan los presupuestos de las entidades gestoras, servicios y mutuas patronales que constituyen lo que denominó la «jungla de la Seguridad Social».

Por UCD, Juan Rovira Tarazona reconoció la complejidad de los presupuestos de la Seguridad Social, que, como las restantes partidas, fueron aprobadas.

Al llegar a las asignaciones en Educación y Ciencia, Javier Solana (PSOE) defendió que todo centro financiado con fondos públicos debe estar debidamente controlado. Aludió a que el incremento de las subvenciones ha sido de un 46 % mientras que el presupuesto educativo sólo aumentó en un 38

Por UCD, Fernando Benzo se refirió al enfrentamiento entre la filosofía que propugna la estatalización de la enseñanza y la patrocinada por UCD, favorable a la libertad. Estas palabras suscitaron unos murmullos de protesta en el sector socialista de la Cámara, secundados por parte del público de las tribunas. La réplica del señor Solana, negando la filosofía estatalizadora atribuida a los socialistas dieron origen al primer aplauso del debate presupuestario.

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