Schmidt intenta evitar una crisis de Gobierno
El canciller Schmidt ha elegido el debate parlamentario sobre los derechos humanos en el bloque socialista para tomar postura pública respecto de las escuchas policiales en las cárceles alemanas. En síntesis, el jefe del Gobierno estima, evidentemente con el propósito de evitar una crisis de Gobierno, que «contando con que la República Federal de Alemania es un Estado de derecho, y por lo tanto el Estado alemán más libre, quien se proponga defenderlo debe aprovechar al máximo las posibilidades institucionales». En consecuencia, es más disculpable, según el canciller, «pasarse» en el celo por d...
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El canciller Schmidt ha elegido el debate parlamentario sobre los derechos humanos en el bloque socialista para tomar postura pública respecto de las escuchas policiales en las cárceles alemanas. En síntesis, el jefe del Gobierno estima, evidentemente con el propósito de evitar una crisis de Gobierno, que «contando con que la República Federal de Alemania es un Estado de derecho, y por lo tanto el Estado alemán más libre, quien se proponga defenderlo debe aprovechar al máximo las posibilidades institucionales». En consecuencia, es más disculpable, según el canciller, «pasarse» en el celo por defender la seguridad del Estado de derecho que «dejarse llevar por la negligencia en la lucha contra el terrorismo».La postura de Helmut Schmidt y la formación de una comisión conjunta social-liberal para el análisis de los casos de control policial parecen indicar que el Gobierno aprieta filas y se niega a otorgara la opinión pública dimisiones ministeriales, al menos por el momento.
Lo que sí parece dispuesto a conceder es el control del servicio secreto por el propio Parlamento, lo cual significaría una reforma constitucional.
Así y todo hay quienes no están dispuestos a dejar las cosas así. Los abogados del grupo Baader-Meinhof han concretado su denuncia contra los ministros de Justicia y del Interior de Baden-Wuertenberg: les acusan de «asociación criminal» y de «conspiración», al haberse unido en la organización de las escuchas ilegales. Con ello, se proponen restablecer la confianza ciudadana en la Constitución y en quienes deben ser los primeros en respetarla. En este contexto, la revista de economía Wirtschaftswoche dice en su número de esta semana que el número de miniespías electrónicos o chinches instalados en casas privadas se calcula en medio millón. La revista da también diez normas para librarse de estos observadores molestos.
El malestar creado por las escuchas policiales ha estado a punto de provocar dos víctimas. En la madrugada de¡ jueves estalló una bomba en el dormitorio d el vicepresidente de la Cámara de Abogados de la RFA, en Francfort. La víctima elegida y su mujer han logrado sobrevivir milagrosamente al atentado con heridas leves. Según la policía, un grupo extremista aún no identificado podría haber tratado de demostrar con el recurso a la dinamita su disconformidad en relación con la actitud manifestada por un sector de abogados del Estado, ante el control policial sobre los detenidos en las cárceles.
Derechos humanos
Si tanto el Gobierno como oposición parecen de acuerdo en no llevar este asunto demasiado lejos, en lo que social-liberales y democristianos no coinciden es en la elaboración de un criterio común sobre los derechos humanos con vistas a la cumbre de Belgrado. Los democristianos son partidarios de ejercer presiones sobre el bloque socialista, para que los Gobiernos orientales, dicen, atenúen el control sobre sus ciudadanos. Los social-liberales prefieren recurrir a la vía de los acuerdos, especialmente comerciales, como argumento convincente. Todos están conformes en que Belgrado no debe ser «un tribunal, pero tampoco un festival de la armonía, que no existe». Como argumento en favor de la efectividad de la anterior conferencia de seguridad, en Helsinki, el canciller ha citado la cifra de 60.000 alemanes «recuperados» de los países socialistas en virtud de la carta firmada entonces por los países participantes.