La nueva oficina española de derechos de autor: ¿necesaria o superflua?

Al principio del arte siempre hay una idea. Luego, con talento, tiempo y oficio, se convierte en un cuadro, una película, un videojuego o una novela. De alguna forma, para proteger más a los artistas el Gobierno ha decidido imitar su proceso. Primero, pensó que hacía falta una mayor defensa y reivindicación de sus obras. Y, entonces, se ha lanzado a plasmar: en concreto, un nuevo organismo. La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso ha aprobado hoy jueves la ponencia del Proyecto de ...

Al principio del arte siempre hay una idea. Luego, con talento, tiempo y oficio, se convierte en un cuadro, una película, un videojuego o una novela. De alguna forma, para proteger más a los artistas el Gobierno ha decidido imitar su proceso. Primero, pensó que hacía falta una mayor defensa y reivindicación de sus obras. Y, entonces, se ha lanzado a plasmar: en concreto, un nuevo organismo. La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso ha aprobado hoy jueves la ponencia del Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Aunque varios aspectos del texto final se quedaron sin consensuar de cara al siguiente y resolutivo paso —aún sin fecha―, cuando los mismos diputados votarán para convertirlo en realidad.

Se prevé que la normativa tenga los apoyos suficientes para salir adelante antes del final de la legislatura, aunque quedan enmiendas por resolver; entre las más problemáticas, curiosamente, dos a priori poco relacionadas con el asunto, sobre la posible prohibición de algunas fundaciones y la tauromaquia. La intención es que el futuro ente agilice y mejore todas las labores relacionadas con la propiedad intelectual. Pero las voces más críticas consideran su nacimiento redundante, vacío e innecesario.

“Hace falta una oficina que reconozca la importancia que tiene el sector cultural a nivel artístico, social y económico, y que esté a la altura de defenderlo también en los círculos internacionales”, asegura una fuente del Ministerio de Cultura y Deporte, impulsor de la iniciativa y al que quedará adscrito el futuro organismo. Porque sus principales funciones serán la supervisión y regulación de las entidades colectivas que gestionan los derechos de autor, como Sgae o Dama, la representación y negociación para el sector a nivel global y especialmente en la Unión Europea, y la sensibilización y promoción de los creadores y sus obras. El objetivo, pues, es tanto práctico como simbólico.

Para todo ello, Cultura cree que ya no basta la actual Subdirección de Propiedad Intelectual. “El análisis internacional comparado avala la creación de […] un Organismo Autónomo, a imagen y semejanza de […] países de nuestro entorno como Francia, Canadá, Portugal o Estados Unidos”, se lee en el texto. La oficina tendrá personalidad jurídica, presupuesto y equipo propios, aunque mucho dependerá de la letra pequeña, que se fijará más adelante: ¿cuánto dinero? ¿cuántos trabajadores? Las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, que se encargan hoy en día respectivamente de regulación de tarifas para los usuarios del derecho de autor (hoteles, gimnasios, radios, discotecas, etc.), resolución de conflictos y de la lucha contra la piratería, pasarán a integrarse dentro del nuevo organismo, al igual que el registro donde queda recogida cada nueva creación que los artistas generen en España. Así, entre otras cosas, la oficina quiere impulsar también la difusión de las obras que pasen a dominio público.

Entre otras razones para justificar su avance, el proyecto de ley cita la revolución que ha supuesto internet: “Por primera vez, ocupa la primera posición entre los distintos canales de comunicación, con el 84% de personas que acceden diariamente, superando al 83% de la televisión”. En el texto, también se habla de fenómenos contemporáneos como inteligencia artificial, NFT, plataformas de streaming o aumento de la piratería. Se argumenta que todo ello ha multiplicado las tareas de los actuales organismos. “La realidad supera a la estructura administrativa”, resume la misma fuente. De ahí que la propuesta sostenga que, en un contexto donde las creaciones de los artistas se consumen más que nunca y la tecnología corre sin parar, se precisa una nueva tutela, igual de moderna, rápida y adecuada. Y más fuerte.

“Tendrá más autonomía, más capacidad de respuesta. Y mayor desarrollo y especialización tecnológica. Se crea una nueva estructura que responde mucho más a un mundo, como el de los derechos de autor, que cambia a una velocidad brutal. A menudo desde las instituciones no sabemos dar la respuesta adecuada y rápida y el tema burocrático y administrativo bloquea mucho”, reconoce María del Mar García Puig, portavoz de Unidas Podemos en la comisión. Como ejemplo, la última directiva europea sobre los derechos de autor, aprobada en 2019 entre enormes enfrentamientos para actualizar un texto de 2001, algo así como la prehistoria digital. Y transpuesta en España con ulteriores retrasos, fuera de los plazos que estableció Bruselas. Aunque quizás la mayor prueba empírica sean las constantes quejas irresueltas de artistas incluso muy famosos que denuncian la extraña paradoja de que sus creaciones tienen mayor difusión que nunca y, sin embargo, ellos apenas reciben las migas del pastel, que reserva su mayor trozo para intermediarios como plataformas, grandes estudios de cine o discográficas.

La oficina deberá lidiar con estas y otras muchas labores. Y, por lo pronto, también con las visiones más escépticas. En su enmienda a la totalidad del proyecto, finalmente descartada, Vox sostenía que el nuevo organismo solo contribuye a la proliferación burocrática. Y dos expertos del prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, en un artículo publicado hace un mes en su página web, escribían: “Las bondades de crear este nuevo organismo frente a la alternativa de reforzar los medios humanos y materiales de la Subdirección General de Propiedad Intelectual distan de ser evidentes. Cuanto más se profundiza en las justificaciones facilitadas, más se advierte lo impostado de las mismas. Cuanto más se observan los detalles de la iniciativa, más se evidencia que no se encuentra lo bastante madurada, tanto por el calibre de los desajustes técnicos detectados como por las contradicciones internas que se aprecian en los documentos que la acompañan”. El texto lamentaba “redundancia y solapamiento”, negaba el presunto desbordamiento de la Administración y subrayaba una serie de fallos en la formulación del proyecto de ley.

Aun así, la iniciativa va camino de ver la luz. Cuando el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, defendió la iniciativa en el Congreso el pasado 16 de marzo, aseguró: “No queremos unos creadores que se dediquen a su oficio por amor al arte. Queremos que puedan vivir de su arte porque nada es gratis y la creación tampoco”. Al revés, cuesta dinero. Igual que lanzar un organismo autónomo. Así que la clave, como siempre, serán los resultados. Los artistas están acostumbrados a medirse con críticos y público. Ahora, por una vez, serán jueces: le toca a la nueva oficina estar a la altura de sus expectativas.