La SGAE se “democratiza” y convoca a todos sus socios a votar en unas elecciones

Los comicios del 22 de octubre amplían el sufragio desde los 19.000 autores que podían participar hasta ahora, al ser los que más recaudaban, hasta los 120.000 que componen la entidad

Madrid -
Antonio Onetti, presidente de la SGAE, impulsor de la nueva cara de la entidad de gestión de derechos de autor.KIKE PARA

La SGAE inicia su camino de redención a marchas forzadas. El Ministerio de Cultura aprobó el pasado viernes—con correcciones— los estatutos que la entidad diseñó en enero para su nueva era. Y la junta directiva se ha reunido hoy martes de manera extraordinaria para convocar elecciones el próximo 22 de octubre. Ese día, si la crisis sanitaria lo permite, se elegirá una nueva composición del órgano de gobierno (de la que saldrá el nuev...

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La SGAE inicia su camino de redención a marchas forzadas. El Ministerio de Cultura aprobó el pasado viernes—con correcciones— los estatutos que la entidad diseñó en enero para su nueva era. Y la junta directiva se ha reunido hoy martes de manera extraordinaria para convocar elecciones el próximo 22 de octubre. Ese día, si la crisis sanitaria lo permite, se elegirá una nueva composición del órgano de gobierno (de la que saldrá el nuevo presidente), los responsables de las estructuras territoriales y los componentes de la primera Comisión de Supervisión, un organismo de control interno creado por los nuevos estatutos.

La “nueva normalidad” de la SGAE diseñada por Antonio Onetti, presidente desde hace 20 días, busca superar así los obstáculos principales en el camino de la entidad: falta hacer las paces con el Ministerio de Cultura y que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) retire la expulsión y devuelva a la SGAE al seno de la organización internacional. En las intenciones de Onetti, a dar este último paso ayudará un hito en la historia de la entidad: por primera vez todos los socios tendrán derecho a voto, para elegir a los 39 integrantes de la nueva junta. “Esta medida democratiza la entidad”, aseguran desde la SGAE. La medida aprobada esta tarde por el máximo organismo de gestión significa pasar de un censo de unos 19.000 votantes a los más de 120.000 autores y editores que componen la entidad.

Ampliar el censo electoral, para ampliar la capacidad de decisión y que nadie se quedara al margen, era precisamente una de las peticiones de la CISAC. Pero, además, la decisión es una aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su artículo 159-f señala: “El derecho de todos los miembros a ser convocados en tiempo y forma a las reuniones de la asamblea general, así como a asistir y participar en las mismas disponiendo en todo caso, al menos de un voto”. La SGAE ya trató de reducir esta desigualdad en el año 2011, con Antón Reixa como presidente, cuando el censo se amplió de 8.220 a 20.881 votantes.

Hasta hoy los socios que recaudaban poco o nada no votaban. En el ADN de la SGAE no figuraba la máxima de un socio, un voto. Si un autor recaudaba anualmente por sus derechos la misma cantidad que el Salario Mínimo Interprofesional —950 euros— tenía derecho a elegir el futuro de la casa. Si ingresaba menos, no. El próximo octubre el voto ya no dependerá de los beneficios que cada cual haya aportado a la comunidad. Según fuentes de la entidad, la mitad de los 120.000 socios no genera ningún derecho de autor.

Los socios tendrán que elegir a los integrantes de la nueva Comisión de Supervisión, creada en cumplimiento de los objetivos de transparencia y regeneración amparados por el nuevo marco legal español y europeo y destinado al control de los órganos de gobierno. Se compondrá de cinco autores (socios) y cinco miembros externos a la entidad, con experiencia reconocida en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la propiedad intelectual.

También será la primera vez que se recurra al voto electrónico para ejercer el derecho. En la última Asamblea General, en enero, ya se usó, pero nunca hasta ahora se ha empleado en unas elecciones. El uso de este sistema fue aprobado en la anterior etapa, con Pilar Jurado al frente de la presidencia. El Ministerio de Cultura le había dado un ultimátum para que ajustara sus reglas de funcionamiento a la legislación europea.

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