El IVAM traza un plan de compras de obras para evitar arbitrariedades
La Generalitat, gobernada por el PP, no denunciará las irregularidades de Ciscar hasta que la auditoría sea definitiva
No había un plan de adquisiciones de obras de arte que respondiera a las necesidades del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ni se establecía una metodología, ni se registraban las ofertas que recibía. Esta falta de sistema y de control, detectada por el informe provisional de la Intervención de la Generalitat sobre la gestión del museo entre 2009 y 2013, junto al poder concentrado en la figura de la directora del museo, Consuelo Ciscar, posibilitaron las llamativas diferencias entre lo pagado...
No había un plan de adquisiciones de obras de arte que respondiera a las necesidades del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), ni se establecía una metodología, ni se registraban las ofertas que recibía. Esta falta de sistema y de control, detectada por el informe provisional de la Intervención de la Generalitat sobre la gestión del museo entre 2009 y 2013, junto al poder concentrado en la figura de la directora del museo, Consuelo Ciscar, posibilitaron las llamativas diferencias entre lo pagado por el IVAM y lo valorado por el mercado (hasta un 1.500% por un cuadro de Julio Quaresma), además de la incorporación de piezas sin apenas relevancia y sin encaje en la colección del museo.
En sus alegaciones a la auditoría, el nuevo equipo directivo del IVAM, encabezado por José Miguel G. Cortés, afirma que ya ha redactado un plan de adquisiciones que se presentará al próximo consejo rector del museo, ha puesto en marcha un registro de entrada de las ofertas y se ha recuperado el informe del conservador del IVAM con “expresa referencia al estudio del valor del mercado” y la conveniencia de sumar la obra a los fondos del museo. Con todo se pretende evitar arbitrariedades y compras no justificadas.
El demoledor contenido de la auditoría, publicado por este periódico, sobre las numerosas irregularidades detectadas originó inmediatas reacciones el jueves, que ayer continuaron. La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Cultura en funciones, Maria José Català, del PP, aseguró ayer que el Gobierno valenciano no puede emprender acciones ante esas irregularidades hasta que el informe provisional de Intervención General, dependiente de la Generalitat valenciana, pase a ser definitivo.
Català reiteró que el informe fue solicitado por ella misma a la Intervención General, que depende de la Consejería de Hacienda, con fecha 9 de mayo de 2014 e incidió en que este informe tiene todavía “carácter provisional” y por tanto el plazo de alegaciones todavía no ha culminado.
Ahora es el momento, añadió, de recopilar las alegaciones correspondientes, “recogiendo también las aportaciones que realice el IVAM”, que ya han sido entregadas, y el Gobierno tendrá que “esperar” a que este informe se eleve a definitivo “para tomar las decisiones oportunas”.
Sin embargo, el gobierno valenciano, hoy en funciones y presidido por el PP, cambiará de signo político en las próximas semanas, si se cumplen las previsiones y se concreta el pacto anunciado entre los principales partidos de la oposición de izquierdas, tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas. En consecuencia, no sería un Consell gobernado por el PP el que instara a la Abogacía de la Generalitat a denunciar ante la Fiscalía las irregularidades por si fueran constitutivas de delito, sino uno de izquierdas.
Mayor control
Català, en cualquier caso, remarcó que ha sido el actual Gobierno valenciano, presidido por Alberto Fabra, el que encargó el informe y el que “ha establecido un mayor control sobre el IVAM y ha tomado medidas oportunas para que así sea”. También recordó que convocó un “proceso de selección totalmente transparente y con criterios objetivos para nombrar al actual director del IVAM”. La Generalitat tomó la decisión de sustituir en abril de 2014 a Consuelo Ciscar, la directora más longeva en la historia del museo, unas semanas antes de que se diera a conocer la primera sentencia condenatoria a su marido, el exconsejero del PP, Rafael Blasco, por varios delitos en la concesión de ayudas a la cooperación.
La auditoría se centra en el periodo comprendido entre 2009 a 2013 y no se remonta hasta el 2004, año en que Ciscar accedió a la dirección.