El Gobierno pide a Valencia que reduzca el tráfico en una gran avenida como prometió o se arriesga a perder ayudas europeas

El anterior gobierno local de Valencia, de Compromís y PSPV, lanzó en 2021 un concurso de ideas para la regeneración de la avenida de Pérez Galdós en Valencia, atravesada por un túnel y una de las vías de mayor tráfico de la ciudad. En 2022 se presentó la actuación a los fondos europeos para la supresión del paso subterráneo, con una reducción de espacio para el vehículo privado y en julio de 2023 se adjudicó al proyecto una sub...

El anterior gobierno local de Valencia, de Compromís y PSPV, lanzó en 2021 un concurso de ideas para la regeneración de la avenida de Pérez Galdós en Valencia, atravesada por un túnel y una de las vías de mayor tráfico de la ciudad. En 2022 se presentó la actuación a los fondos europeos para la supresión del paso subterráneo, con una reducción de espacio para el vehículo privado y en julio de 2023 se adjudicó al proyecto una subvención de 9,9 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation. Un año después, el nuevo Ejecutivo local, de PP y Vox, ha replanteado el proyecto y el Ministerio de Transportes requiere ahora al Ayuntamiento que preside María José Catalá (PP) para que justifique que las modificaciones cumplen con los criterios de las ayudas europeas porque, de lo contrario, se arriesga a perderlas. Tal y como adelantó EL PAÍS, el departamento de Óscar Puente está investigando a otras 14 urbes por regresiones en movilidad sostenible pagadas con fondos europeos.

El proyecto original de la avenida de Pérez Galdós actuaba sobre un eje de dos kilómetros de longitud, eliminaba el paso interior al tráfico y creaba dos franjas peatonales, tres líneas de arbolado, espacio dedicado al carril bici y al transporte público. El plan, además, reducía al mínimo el espacio para el vehículo privado a motor, de forma que se favorecía los recorridos peatonales en sentido longitudinal pero también transversal al eliminar el efecto barrera que supone el diseño actual.

La presentación de la regeneración de la avenida a los fondos europeos se justificaba porque se aumentaba el espacio destinado a medios alternativos de movilidad no contaminantes y se reducía la calzada para los vehículos privados, “lo que contribuirá significativamente a reducir las emisiones contaminantes y, en su consecuencia, a la mejora de la calidad del aire, de la seguridad de las personas, movilidad activa y, por lo tanto, un beneficio de la salud de las personas”, recogía la memoria de la obra.

El nuevo gobierno, de PP y Vox, paralizó el proyecto para revisarlo y solicitó en agosto de 2023 un estudio de simulación de tráfico al Servicio de Movilidad porque consideraba la avenida de Pérez Galdós y Giorgeta una ronda que forma parte del eje prioritario que canaliza y distribuye el tráfico por el conjunto de la ciudad. La solución escogida no debía de perder el carácter de ronda de la avenida, impuso como condición el nuevo consistorio pese a las peticiones vecinales de pacificación del tráfico en la zona.

El Ministerio de Transportes se dio por enterado de que se avecinaban cambios en el proyecto y pidió en septiembre del año pasado al Ayuntamiento valenciano que aportara documentación que permitiera dilucidar si la revisión mantenía los objetivos de la subvención europea. Este departamento volvió a enviar otra carta el pasado mes de abril porque la respuesta que dio Valencia no aportaba detalles sobre la solución en estudio: el consistorio alegó que el proyecto se encontraba en la fase inicial de redacción y no se dispone de la documentación solicitada, que se entregaría en cuanto se aprobase el proyecto de construcción.

A mediados de mayo, el equipo de María José Catalá presentó finalmente su remodelación, en la que se posponía la supresión del túnel “a corto plazo” como se pretendía en principio porque, según manifestaron, el anterior Gobierno local calculó mal el coste y los plazos de ejecución para eliminarlo. El concejal de Urbanismo de Valencia, Juan Giner, adujo que quitar el túnel costaría cerca de 10 millones de euros más, que se sumarían a los 12 millones ya presupuestados. El PP propuso a cambio reducir uno de los carriles reservados al tráfico privado en la avenida para evitar posibles reticencias, de forma que en lugar de dos carriles para el vehículo privado y uno para el transporte público, quedaba uno para los particulares pero el segundo sería de uso mixto para coches y transporte público, denunció la oposición socialista.

Según Transportes, dado que la actual avenida de Pérez Galdós tiene dos carriles para vehículo privado más un carril bus, por sentido; toda solución que no implique una “reducción al mínimo del espacio para el vehículo privado a motor”, es decir, eliminar uno de los dos carriles en servicio para vehículo privado por sentido, implicaría alterar los objetivos de la subvención, “por lo que no podría ser aceptada”. Y advierte del riesgo de perder los fondos. “Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención”, explicó a EL PAÍS el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha replicado que va a “poder acreditar” al Ministerio de Transportes que el anterior Gobierno local hizo un “fiasco” de proyecto sobre la avenida Pérez Galdós, que además era “inviable” desde el punto de vista técnico y económico, y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya tenido “la amabilidad y la delicadeza” de acudir a la cumbre climática europea inaugurado este martes en Valencia con motivo de la Capitalidad Verde 2024. “Creo que un poquito más de lealtad institucional, un poquito más de elegancia institucional, vendría bien”, ha afirmado.

La concejala socialista en Valencia María Pérez ha denunciado que Catalá oculta que está recibiendo requerimientos por actuar sin consultar al Ministerio y poniendo en duda el cumplimiento de las bases de las subvenciones europeas concedidas a los proyectos de recuperación de espacio público, tras conocerse la carta enviada por Transportes. La edil ha manifestado “la preocupación” de los socialistas porque “estos proyectos no solo están marcando la reputación de Valencia en cuanto a la sostenibilidad, sino que además está poniendo en peligro la financiación europea”.

Requerimiento por la supermanzana

Este requerimiento del Ministerio de Transportes no es el único recibido en las últimas semanas por el Ayuntamiento de Valencia. El pasado 19 de junio el departamento que dirige Óscar Puente envió otra carta al gabinete de Catalá para que explique por qué ha reducido el espacio peatonal en favor de nuevos aparcamientos en la supermanzana de la Petxina, un proyecto inaugurado en marzo de 2023 para pacificar el tráfico y crear zonas sin coches en pleno casco urbano de la capital.

Este departamento pide a la alcaldesa que “aporte información adicional y detallada sobre posibles alteraciones del proyecto original, y justifique que se cumple su solicitud de subvención” porque su incumplimiento implica una multa y la devolución de las ayudas europeas recibidas por un importe total de 3,5 millones de euros. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acusó al Gobierno de España de “matonismo” tras conocer la misiva.

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