Matías Acevedo: “El presupuesto de Chile 2026 está diseñado para un Gobierno de la oposición”

Matías Acevedo Ferrer (Santiago, 50 años), exjefe de la Dirección de Presupuestos en el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022) y académico de la Universidad de los Andes, ratifica que el próximo presidente de Chile, el que asuma el próximo 11 de marzo, tendrá una chequera ajustada o, al menos, durante su primer año. “El presupuesto de 2026 está diseñado para un Gobierno de la oposición [actual]”, dice en una entrevista con EL PAÍS.

Su conclusión se desprende del análisis que realizó durante días a cada una de las páginas del proyecto de ley presentado por el presidente Gabriel Boric ante el Congreso el pasado 30 de septiembre: “No solo se está dejando un presupuesto más ajustado, sino que también se dejan algunas presiones”.

Acevedo no participa activamente en ninguno de los equipos de las candidaturas presidenciales de la oposición, pero se define como “piñerista” cuando se le consulta por su postura política. El economista fue uno de los cinco expertos que conformó la comisión asesora para reformas estructurales al gasto público entre mayo y septiembre, una instancia convocada por el ministerio de Hacienda para realizar propuestas que contribuyan a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del gasto público en Chile a largo plazo. “Es importante para que no se malinterpreten nuestras recomendaciones, que exista la instancia en el Congreso, que nos permita explicar a los exmiembros de la comisión de gasto público, lo que propusimos versus cómo se acogieron por parte del ejecutivo en el presupuesto”, indica.

Pregunta. ¿Cómo se concilia sostenibilidad fiscal con las crecientes demandas sociales?

Respuesta. La principal responsabilidad fiscal es que los beneficios sociales entregados puedan contar con financiamiento. La responsabilidad fiscal y la social no compiten, sino que se complementan. Por eso, ser fiscalmente responsable es seguir financiando la Pensión Garantizada Universal (PGU), la gratuidad en la educación y subvenciones escolares. En Chile nuestra regla busca siempre que los gastos permanentes tengan su financiamiento permanente.

P. ¿Qué tan realista es recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en 18 meses como el propuesto por el candidato José Antonio Kast?

R. Me gustaría conocer el detalle de cómo piensan este ajuste, pero hasta ahora no lo conozco. Hay que estar conscientes de que estos recortes suelen ser debatidos en el Congreso y que, para ser aprobados, se debe contar con un buen clima político para lograr acuerdos. Lo digo en buen tono; hay que prometer lo que se pueda cumplir. Sé que estamos en la campaña de la primera vuelta electoral y que en la segunda se moderan los debates, pero el mayor daño que se hace a la ciudadanía es prometer y luego incumplir.

P. Usted ha dicho que decir la verdad genera noticia, ¿a qué se refiere con eso?

R. A que uno sale a desmentir que el Gobierno central contrató a 100.000 empleados públicos en cuatro años y se crea un gran revuelo. Son datos públicos. Pero, permanentemente, por distintas intenciones se busca confundir. No sé si será de forma intencional o quizá por falta de información, que se hable de 100.000 funcionarios públicos [afirmado por Kast y miembros de su equipo], sin distinguir al Gobierno central del general. Ahí, uno se pregunta cuál es la intención. A nuestro país le hace mal los discursos maximalistas de ambos lados. La confianza se construye con la verdad, la ventaja de corto plazo, dura eso, y hace mucho daño. Paremos la chacota.

P. ¿Hay manipulación de datos en esta campaña presidencial?

R. Es una campaña en que se está hablando ligeramente de los datos sin entenderlos y uno aspira a que los debates sean constructivos.

P. ¿Por qué piensa que la ley de presupuesto para 2026 está diseñada para un gobierno de la derecha?

R. Se tomaron algunos riesgos en el presupuesto que en un año normal, sin cambio de gobierno, se hubieran evitado. Por ejemplo, como el reajuste del sector público se define después de aprobado el presupuesto, usualmente una parte de ese gasto se “provisiona” y otra se deja en el subtítulo de gasto en personal. En este presupuesto la parte del gasto en personal y provisión es cero. Y el reajuste se deberá financiar con el ahorro del retiro de funcionarios y reemplazo tres por uno. Pero si la negociación del sector público se cierra después de la segunda vuelta electoral, dependiendo del resultado, el cierre de la negociación puede convertirse en una presión de gasto adicional para la siguiente administración, que tendrá que financiar mediante reasignaciones si ese monto no fuera suficiente.

P. ¿A qué otros riesgos se refiere?

R. Por otro lado, la inversión pública —uno de los pilares de los presupuestos llamados “pro-empleos” del presidente Boric—cae cerca de 750 millones de dólares, lo cual es distinto a lo recomendado por la comisión asesora para reformas estructurales al gasto público. Es decir, en el fondo rebajaron el gasto de inversión que tiene un efecto multiplicador en la economía, a cambio de poder tener espacio para aumentar el gasto corriente en este presupuesto. Por otra parte, cambiaron la provisión republicana (una partida presupuestaria destinada al próximo Gobierno para ser distribuida según sus necesidades de gasto) de forma distinta a la propuesta por la comisión de gasto público, rebajándola a la décima parte. La explicación aún no me convence.

P. ¿Por qué?

R. Tengo dudas sobre por qué recortaron unos programas sin mucho fundamento y no lo hicieron con otros que recomendamos. En fin, algunos ejemplos que me hacen creer que su diseño es más bien pensado en que lo ejecute un futuro gobierno de otro signo político. Un cuarto ejemplo es que el presupuesto incluye 500 millones de dólares en el Tesoro Público en la asignación del Fondo de Emergencia Transitorio (creado para atender la emergencia por los incendios de Valparaíso en 2024) que no están siendo recogidos en el resultado de Balance Estructural (BE) estimado para 2026, pero que serán gastos si se ejecutan, tal como mencionó un informe reciente de la Universidad San Sebastián. En resumen, hay una presión de gastos de 2.000 millones de dólares que podría llevar el déficit, solo por este concepto, a 1,7 puntos del PIB, sin considerar la potencial sobre estimación de ingresos.