María Jaraquemada y el ‘Caso Audios’: “Las crisis de corrupción nos han demostrado que hasta que no llegan, no se logran los cambios”

Esta semana se cumplió un año desde que la Comisión para la probidad y transparencia, presidida por la abogada María Jaraquemada, entregó al Gobierno de Gabriel Boric una batería de recomendaciones para luchar contra la corrupción. Lo hicieron a raíz del Caso Convenios, la trama que la Fiscalía investiga sobre el traspaso de dineros estatales a fundaciones privadas a lo largo de Chile y que golpeó en especial al Frente Amplio. Un año después, el país sudamericano vuelve a estar sumido en una trama de corrupción, el Caso Audios, protagonizado por el influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, quienes ingresaron este martes a prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de lavado de activos, soborno a dos funcionarios públicos y fraude tributario en el marco de la pesquisa. Las conversaciones de Whatsapp que se han ido filtrando del teléfono móvil de Hermosilla han salpicado al mundo judicial –se indaga si pudo influir en designaciones de jueces–, policial y político. Y se espera que continúe expandiendo sus tentáculos.

Jaraquemada, que atiende esta entrevista en su casa ubicada en Vitacura, en el sector oriente de Santiago, cree que la crisis que ha abierto el escándalo es una oportunidad para reformar los nombramientos del Poder Judicial, un asunto que en Chile se ha planteado por más de una década. “Si tienes un sistema de justicia débil puede pasar lo que se ha visto en otros países, y que es lo que el crimen organizado va a querer hacer: capturar el sistema judicial”, alerta. Por ella, que todos los casos involucrados se sepan de una vez y se ponga fin al cuentagotas. Si hay conversaciones que tienen antecedentes de alguna irregularidad, lo que corresponde, señala, es que se entreguen a las instituciones que tienen que hacer las investigaciones. “Si no, al publicar informaciones que no sean irregulares, podría ser parte de una autotutela, que es tomarse la justicia por sus propias manos”, advierte.

Pregunta. ¿Qué revela este caso?

Respuesta. Todo esto está sujeto a un juicio y a que los tribunales digan qué es lo que ocurrió efectivamente, pero lo que uno intuye es una forma de hacer las cosas a través de sobornos, tráfico de influencia, captura de las instituciones, acceso a información privilegiada y muchas irregularidades. El chileno Daniel Kaufmann, del World Governance Indicator, dice que Chile está muy bien en muchas cosas en la lucha contra la corrupción, pero en lo que más mal está es en la captura del Estado. Que hay una élite política y económica muy cerrada y homogénea y que está todo muy interconectado. Hay una suerte de una imbricación entre el regulado, el regulador y este caso te lo demuestra un poco. Si es que es así, es muy peligroso, y una esperaría que fuera un caso excepcional, porque si no, te dice que en la institucionalidad se hacen las cosas de determinada manera para quienes tienen acceso y eso atenta contra el principio democrático.

P. ¿Qué le parece más grave?

R. Una de las cosas más graves es lo del director de la Policía de Investigaciones (PDI). Tanto lo del exdirector [Héctor Espinoza], que era su cliente [de Luis Hermosilla], al que al parecer lo ayudaron a arreglar una sala [en la Corte de Apelaciones] favorable, como lo del director que salió hace poco [Sergio Muñoz], con el que [Hermosilla] se traspasaba mucha información. Eso obviamente es muy peligroso, porque hoy es un abogado y mañana el crimen organizado.

P. El sistema de nombramientos en el Poder Judicial lleva años de cuestionamientos, y hoy nuevamente está en la agenda. ¿Chile espera los escándalos para reaccionar?

R. Espero que esta sea la vencida porque llevamos 10 años en esto. Las crisis de corrupción nos han demostrado que hasta que no llegan, no se logran los cambios. No estoy diciendo que sea bueno, pero esta vez tenemos que aprovecharlo. Nuestro sistema de nombramientos tiene serios déficits para el 2024, donde hay mucha más transparencia y acceso a la información pública. Hay una expectativa ciudadana de mayor publicidad y el proceso tiene que regirse por esos estándares. Además, hay un ansia de mayor meritocracia. Para darle más tranquilidad a las personas, en un momento de crisis de confianza terrible, donde todo lo que no se ve es sospechoso, el sistema tiene que ser mucho más transparente y con mayor equidad en la contienda.

P. El Caso Audios cada vez salpica más nombres, dentro de ellos un fiscal, un exfiscal y un ministro de la Corte Suprema. ¿Cuánto afecta a la credibilidad del sistema judicial?

R. Ya está bastante alicaída. Un estudio de confianza de la OCDE muestra que estamos parecidos a la mayoría de los países, con baja confianza en el Congreso, en los partidos, y que la mayor brecha es en la confianza del sistema judicial, que en el resto es mucho más alta. En los países donde se deja de tener confianza del Poder Judicial, la gente empieza a solucionar las cosas por sus propios medios y no podemos llegar a eso. Además, estamos enfrentando la crisis de seguridad y un fenómeno de crimen organizado que no conocíamos, para el que nuestra institución aliada no estaba preparada. Si tienes un sistema de justicia débil, puede pasar lo que se ha visto en otros países, y que es lo que el crimen organizado va a querer hacer: capturar el sistema judicial. No estoy diciendo que Chile esté a punto de eso, pero no estamos exentos de ese riesgo. Hay que fortalecerlo sí o sí.

P. Esto caso no ayuda.

R. No ayuda, pero además te está mostrando que, al parecer, hay maneras de poder hacerlo [capturar al Estado] y que es muy difícil para la opinión pública, los medios de comunicación, la ciudadanía común y corriente, saber que hay detrás de los procesos para llegar a los cargos.

P. ¿Cuáles son los vacíos de la institucionalidad chilena que deja al descubierto este caso?

R. Una de las cosas que detectamos cuando hicimos el informe a raíz del Caso Convenios fue que los controles internos estaban fallando mucho. El sector privado hoy en día cuenta con leyes bien exigentes, se han fomentado un montón de avances en los mecanismos de prevención de delito. Una de nuestras propuestas fue llevar eso al sector público, adaptándolo a sus propias necesidades. Para eso requieres sí o sí profesionalizar más a los funcionarios públicos. En general, tenemos muy buenos, pero todavía tienes un sistema que permite que en cargos que deben ser más bien técnicos, de carrera, los gobiernos de turno puedan poner personas de su cercanía.

P. ¿Y esa recomendación en qué está?

R. Es la famosa reforma del empleo público que nadie quiere hacer. Es costosa, te cuesta peleas y requiere 10 años de transición. Entonces ni un presidente o presidenta que la lleve a cabo va a ver los frutos y tiene que tener mucho apoyo político. Me cuesta visualizar en el corto plazo que haya un Gobierno que tenga mayoría en el Congreso y que sus partidos quieran apoyarla porque le afecta a los que están gobernando y a los que quieren gobernar.

P. ¿Cómo califica la reacción del presidente Boric cuando se supo de la prisión preventiva a Hermosilla?

R. Desafortunada. Los presidentes deben guardar una cierta distancia con los casos concretos. Acá no hay una sentencia definitiva. Cuando hay una verdad judicial, uno puede manifestarse diciendo ‘qué bueno que cuando las personas cometen estos delitos haya la sanción adecuada’, pero siendo esto algo preliminar, no es bueno porque no sabemos cómo terminará. Hemos visto otros casos donde las personas se van a una prisión preventiva o todo indica que… y después son sobreseídas. Ahora, no creo que haya habido una intervención en los otros poderes del Estado.

P. ¿Qué dice del Gobierno que no tenga ese raciocinio de esperar una condena?

R. Justo estos días salió una encuesta de Data Influye donde hay una muy mala percepción hacia la justicia, de que no es igual para las personas con y sin poder. Entonces creo que hay una manifestación [del presidente Boric] de que las instituciones funcionan y que la justicia sí va detrás de personas que pueden tener muchas redes, como podría ser este caso, y que son muy poderosas. Pero es muy distinto decir ‘qué bueno que las instituciones funcionen’ a nombrar a una persona en particular, en un caso que todavía está en desarrollo.

P. Desde esa declaración, ha habido un cruce entre el abogado de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, y el Gobierno, en particular con el ministro de Justicia. ¿Se politizó este caso?

R. Es un caso que cruza la política también. Acá han salido personas que han tenido distintas situaciones de poder ahora o en el pasado, por lo tanto, una de las líneas es su imbricación con el poder. Pero no es un juicio político. Otra cosa es que haya personas en la política que aprovechen este caso para llevar agua a su molino. Pero me imagino también que dentro de la estrategia de la defensa es llevar la discusión a otro lado y no al caso concreto, a los WhatsApp, y a los hechos por los cuales la persona [Luis Hermosilla] está en prisión preventiva.

P. Y el hecho de que el abogado Hermosilla haya pedido a la Fiscalía el teléfono del imputado para publicar el contenido, ¿es estrategia o busca de mayor transparencia?

R. Creo que es una estrategia de la defensa y, lamentablemente, suena como amenaza o amedrentamiento. Ese teléfono debe tener conversaciones que tienen que estar cubiertas bajo el secreto profesional, otras por la privacidad de las comunicaciones, por lo tanto no es llegar y publicar. Si hay conversaciones que tienen antecedentes de alguna irregularidad o ilegalidad, lo que corresponde es que se dé a las instituciones que tienen que hacer las investigaciones. Si no, al publicar informaciones que no sean irregulares, podría ser parte de una autotutela, que es tomarse la justicia por sus propias manos. Otra cosa es ponerlas a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), como propuso el exfiscal Carlos Gajardo, que me parece razonable. Dado que ya que hay un fiscal [Carlos Palma] y un exfiscal [Manuel Guerra] en investigación, y se ha dicho que hay Whatsapps –no toda conversación con Hermosilla es una irregularidad o un delito– con el Fiscal Nacional y otros fiscales, sería bueno que lo tuviera otro ente, como manera de control cruzado, si es que hay dudas de que la Fiscalía va a hacer su trabajo de manera imparcial.

P. ¿A usted le gustaría que se publicara todo de una vez?

R. Si me preguntas a mí como un tema comunicacional y de cómo enfrentamos como país este hecho, claro que a una le gustaría que se pudieran conocer todos los casos involucrados de una sola vez y enfrentáramos todos estos miedos y fantasmas que nos van a aparecer, más que un cuentagotas de las comunicaciones.

P. El caso recién comienza, pero ¿se pueden sacar ya lecciones?

R. Van a ir apareciendo nuevas lecciones, pero hasta ahora el nombramiento del Poder Judicial, como tener lo mismo de la PDI. O sea, ¿cómo hacemos para que efectivamente hayan ciertos controles internos dentro de la PDI que no permitan que el director general pueda tener este tipo de vínculo y estar dando información? Hay que tener algún tipo de auditorías y también de los pagos. Sobre la discusión del secreto bancario que se está teniendo, la ONU nos ha recomendado que ciertas autoridades, ciertos cargos claves dentro de la institución pública, tengan mayor flexibilidad para levantar el secreto bancario y someterse a ciertas auditorías y controles de los fiscalizadores. Otra oportunidad de mejora es lo que vimos con la acusación constitucional [al exministro de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick].

P. ¿A qué se refiere?

R. Hay unos informes en derecho que se pagaron con recursos de Factop. Supuestamente Luis Hermosilla dice que retornó ese dinero, pero ¿por qué lo pagó él? Hay que aclarar esas cosas y, para el futuro, en ese tipo de intervenciones debe haber transparencia y rendición de cuentas. En una acusación constitucional, ¿quién está pagando el abogado? ¿es pro bono? ¿quién está pagando los informes en derecho? Nosotros hicimos toda una regulación gigante en 2016 de financiamiento a la política. Con el mecanismo de este caso podríamos baipasear esa normativa y financiar indirectamente políticos. No estoy diciendo que sea el caso, pero hay que tirar este hilo.

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