Guardería ilegal: arresto domiciliario total para la cuidadora de una niña de tres años que cayó desde un octavo piso en Quinta Normal
Los padres de la víctima aseguraron que su hija no encontró cupos en jardines infantiles establecidos. Un 7% de los niños en edad preescolar estarían ocupado un tipo de cuidado más bien informal, según especialistas
Una menor de tres años murió este lunes tras caer del octavo piso de un edificio mientras se encontraba en un departamento que funcionaba como guardería ilegal en la comuna de Quinta Normal, en la zona poniente de Santiago de Chile. Cuando ocurrió el deceso, la cuidadora de la menor, una ciudadana venezolana que se encuentra en una situación migratoria irregular, había salido por 20 minutos para recoger a otros niños que asistían a su jardín infantil informal. Tras la formalización este martes, quedó con arresto domiciliario total como medida cautelar.
Según indagaciones del Ministerio Público, los padres de la víctima –de nacionalidad colombiana, según informan medios locales– optaron por este lugar para su hija porque no alcanzaron cupo en un centro educativo establecido y la niña asistía desde marzo de este año. La cuidadora, una mujer de 41 años, identificada como Marinel Padilla, quien aseguró estar titulada en educación integral en Venezuela, cobraba 120.000 pesos (132 dólares) para cuidar a preescolares de lunes a sábado de nueve y media de la mañana a seis de la tarde.
El hecho habría ocurrido a las 16 horas de este lunes mientras la niña de tres años se encontraba sola en el departamento ubicado en la calle Gaspar de Orense: “En momentos que la niña dormía, la cuidadora sale a buscar a otros niños, dejando a la menor en el interior del departamento y cuando ella vuelve la menor ya se había precipitado”, informó el fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte. El lugar donde funcionaba la guardería tampoco contaba con medidas de seguridad: “En el departamento no existe una malla de protección y el ventanal que daría hacia el balcón se encontraría abierta”, dijo el inspector Sebastián Rojas de la Brigada de la Policía de Investigaciones (PDI). La víctima murió instantáneamente en el lugar, donde llegaron equipos de emergencia como Bomberos y Servicio de atención médica de urgencia (SAMU), que le habrían realizado trabajos de reanimación sin éxito.
La cuidadora está en calidad de imputada por el delito de homicidio por omisión al no cumplir su deber. “Lo que ella hizo fue montar una guardería en su departamento, en un piso ocho sin tomar por lo demás las medidas necesarias para evitar lo que lamentablemente ocurrió. Según tenemos entendido, por WhatsApp ella promocionaba su guardería”, agregó Francisco Toloza, asistente de la Fiscalía Centro Norte. El abogado de la imputada, Rafael Urquieta, sostuvo que su representada no actúo con intencionalidad: “Todos podemos cometer errores y en este caso mi defendida cometió un error en el cuidado, no una intención de matar. Cualquier papá que se quede dormido 20 minutos y pase algo es culpable de homicidio según esa perspectiva”, aseguró a la prensa. La cuidadora quedó con arraigo nacional y arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público apeló para endurecer las medidas. Este miércoles el tribunal resolverá la medida cautelar con la que quedará la mujer.
Anuar Quesille, abogado que encabeza Defensoría de la Niñez en Chile, se mostró consternado ante el hecho: “Es un fenómeno muy preocupante pues tiene relación directa con la falta de cupos de jardines infantiles estatales y además tiene que ver con el difícil acceso a estos”, dijo en una entrevista con el noticiero 24 horas del canal TVN. “Sabemos que alrededor de un 7% de los niños en edad preescolar estarían ocupado un tipo de cuidado más bien informal”, comentó al mismo canal televisivo Marigen Narea, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica.
El municipio de Quinta Normal confirmó estar en comunicación con la familia y a través de una carta dieron a conocer eventuales acciones judiciales: “La municipalidad se reserva el derecho de presentar una medida de protección por los niños y niñas que pudieran ser afectados”.
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