José Morales: los triunfos y fracasos del fiscal que perdió el juicio contra el excomandante en jefe del Ejército

Fue la primera hebra. En noviembre de 2014, cuando Juan Miguel Fuente-Alba (70) había dejado hace ocho meses de ser el jefe del Ejército chileno durante cuatro años (2010-2014), el fiscal José Morales (50) vio varias publicaciones por redes sociales en las que exmilitares daban cuenta de que el general en retiro tenía una vida ostentosa –con autos de lujo–, que señalaban que aquel estilo no era acorde al sueldo que había percibido durante su mandato, de 3.500.000 pesos chilenos mensuales (unos 3.800 dólares). Luego se sumaron cartas anónimas, algunas escritas a mano y otras en computador, con denuncias en el mismo sentido. Entonces el abogado, quien es parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, una de las más grandes de las cuatro regionales que hay en Santiago, decidió abrir de oficio, es decir motu proprio, una investigación en su contra por lavado de activos.

Para cuando resolvió indagar a Fuente-Alba, y luego a la esposa del uniformado Anita María Pinochet, José Morales –un fiscal con casi 24 años en el Ministerio Público– contaba en su currículum con dos largas indagatorias en las que había obtenido condenas por lavado de activos. Por ello, no llamó la atención que, por su experiencia, emprendiera esta nueva investigación que involucraba en una causa de corrupción el exjefe máximo del Ejército.

Morales, por ejemplo, en 2007 obtuvo una de las primeras sentencias en Chile por lavado de activos desde que rige la reforma procesal penal, un sistema de justicia que cambió gradualmente y que partió primero en dos regiones el año 2000 y rige desde 2005 en todo el país. Ese año el fiscal logró que el empresario Patricio Gálmez fuera sentenciado por ese delito al enviar droga desde Europa en un cargamento de bananas a través de la firma bananera Kristel Food. Y, en 2015, tras su investigación en el caso La Polar, uno de los mayores escándalos financieros chilenos protagonizado por tres altos ejecutivos de una multitienda que defraudaron a más de un millón de clientes –Pablo Alcalde, María Isabel Farah, y Julián Moreno–, la justicia los condenó, en un juicio abreviado, por infracciones a las leyes de bancos, al mercado de valores y también por lavado de activos.

Tras escuchar el fallo en el caso La Polar, en diciembre de 2015, la prensa chilena describía a Morales salir “sonriendo” del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, un contraste total con el rostro perplejo que el fiscal evidenció este lunes, cuando el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en votación unánime a Fuente-Alba y su esposa por el delito de lavado de activos. Pero la resolución fue más allá, pues además criticó duramente el trabajo del abogado y de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) que trabajaron recopilando pruebas. Las tres juezas manifestaron en el veredicto tener “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.

Es una resolución que ha significado un duro golpe para Morales y el Ministerio Público. Pero que el fiscal pretende revertir pues ya ha anunciado que, cuando lea los argumentos en la sentencia –el lunes fue comunicado solamente el veredicto–, que serán entregados por el tribunal el 5 de agosto, pedirá anular el juicio.

El elegido por Boric

José Morales, abogado de la Universidad Central, entró al Ministerio Público en el año 2000 y es parte de la primera generación de fiscales del organismo, que se creó en 1998. Comenzó su carrera en Los Vilos, un municipio de la zona centro-norte chilena ubicado a unos 220 kilómetros de la capital de Chile. En 2001 protagonizó uno de los primeros juicios de la reforma procesal penal, cuando dos sujetos fueron condenados por los homicidios, uno calificado y el otro frustrado, de dos monjas que fueron atacadas en la Región de Coquimbo.

En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte lleva más de una década en distintos cargos, tanto en delitos contra la propiedad como en la unidad de alta complejidad. Entre esas causas investigó en 2016 por estafas reiteradas en contra de 29 víctimas, por un perjuicio de 1.200 millones de pesos chilenos (aproximadamente 1,3 millones de dólares ) al ingeniero comercial y expanelista de televisión Rafael Garay. Fue condenado en 2017 a siete años de cárcel: cuando le revisaron sus cuentas solo le quedaban 1.250 pesos chilenos (poco más de un dólar).

Tras el estallido social que comenzó el 19 de octubre de 2019, Morales ha logrado de las pocas condenas por la quema de las estaciones de metro. En su caso, llevó a juicio a dos jóvenes por el incendio de la estación San Pablo: uno de ellos fue sentenciado a 10 años de cárcel y otro a dos, por daños.

En junio de 2022 obtuvo presidio perpetuo para el homicida de Tamara, una niña de cinco años que en febrero de 2021 fue asesinada de un disparo durante una encerrona, cuando dos hombres interaron robar el autómovil de sus padres.

Actualmente, el fiscal está en etapa de juicio por el incendio, también durante las protestas del estallido social, de la iglesia de Carabineros. Es una causa que llevaba en paralelo al caso de Fuente-Alba, que acaba de perder.

Morales ha postulado dos veces para ser fiscal nacional, en 2013 para reemplazar a Sabas Chauhuán y en 2022 para ocupar el cargo que dejó Jorge Abbott. En ambos concursos ha quedado como finalista en las quinas de candidatos que elabora la Corte Suprema, pero no ha logrado liderar el Ministerio Público.

En noviembre de 2022 estuvo muy cerca de convertirse en fiscal nacional, pues el presidente de izquierdas Gabriel Boric lo eligió como su candidato, pero su nombre fue rechazado en el Senado. Finalmente, fue nombrado en el cargo el abogado Ángel Valencia, cuando el Parlamento aceptó la tercera propuesta del mandatario.

Un nuevo juicio

José Morales investigó al general Fuente-Alba, quien fue representado por el penalista Miguel Chaves, por casi nueve años, mientras que el juicio oral se extendió por cerca de 300 días. Sin embargo, el fiscal no logró acreditar el delito reiterado de lavado de activos, que tiene como ilícito base la malversación de caudales públicos, arista que investiga la justicia militar.

La acusación en contra del excomandante se basaba en un posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos (cerca de 3,2 millones de dólares) que provenían de los gastos reservados del Ejército para la compra de propiedades, regalos, automóviles y viajes. E imputaba tanto al exuniformado como a su esposa haber realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero. Ambos arriesgaban una pena de entre 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a lo pedido por el Ministerio Público.

Según ha dicho Chaves, el abogado del exuniformado y su esposa, “son 40 años de matrimonio” y “quedó absolutamente acreditado que en la labor de la Fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto así que usaron un término que para este tipo de casos es sumamente importante: el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante”.

Si bien Fuente-Alba ha sido liberado en esta arista que lidera la Fiscalía, el exjefe del Ejército se encuentra sometido a proceso por la justicia militar por malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 3.500 millones (unos 3,7 millones de dólares), falsedad de documentación y uso de un automóvil y de un avión institucional fuera de su horario del trabajo mientras era comandante en jefe. Es una causa que primero investigó la jueza Romy Rutherford y que hoy está en manos de la ministra Ana María Osorio y cuyos peritos son los mismos que han sido cuestionados este martes por el tribunal que absolvió al general y su esposa. Ello implica un desafío mayor para Morales, si es que finalmente decide, en agosto próximo, cuando analice el fallo, pedir la nulidad del juicio.

“Existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede”, ha dicho el tribunal oral, en el veredicto publicitado el lunes, en referencia a la investigación de la justicia militar.

Morales, tras conocer el lunes el resultado adverso, respaldó la labor de los peritos de la Policía de Investigaciones, de quienes dijo que “son serios” y que han hecho por años “un trabajo completo”, tanto para la justicia militar como para la Fiscalía.

En 2019, Fuente-Alba estuvo en prisión preventiva durante seis meses en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en el sector oriente de Santiago, por orden de la justicia militar. La causa se encuentra abierta.

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