Golpe a la Fiscalía chilena: un exjefe del Ejército, absuelto en una causa por corrupción

El excomandante en jefe del Ejército, el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), y su esposa, Ana María Pinochet, han sido absueltos este lunes por el delito de lavado de activos, en una de las causas por corrupción que han afectado al alto mando de la institución armada chilena durante la última década. En la lectura del veredicto, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago ha dicho que no cuenta con los antecedentes para acreditar los hechos que se le imputaban a la pareja, y ha cuestionado la rigurosidad del peritaje a los bienes del exmilitar, el que sirvió como base para la acusación presentada por la Fiscalía.

La jueza Carolina Escandón, la encargada de leer la resolución, ha dicho que la decisión de absolver a Fuente-Alba y a Pinochet ha sido tomada por unanimidad. La justicia también ha desestimado la aplicación de cualquier medida cautelar en contra de los imputados. Ambos arriesgaban una pena de entre 10 a 15 años de prisión, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público.

En la lectura del veredicto, la magistrada realizó una dura crítica al trabajo investigativo en el que se sustentó el caso. “Existen dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”, dijo la representante del tribunal. El fiscal Centro Norte, José Morales, se ha hecho cargo de estos cuestionamientos y ha defendido la labor de los investigadores que revisaron las cuentas de Fuente-Alba. “Los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) son peritos serios, hacen un trabajo completo, han trabajado durante años, tanto con la justicia militar como con nosotros, por lo tanto, nosotros respaldamos su trabajo”, ha expresado.

Juan Miguel Fuente-Alba ha hablado con la prensa local momentos antes de ingresar al Centro de Justicia de Santiago, en donde se concretó la audiencia. “Tengo la seguridad que no he cometido ningún delito [...] Yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe, tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos a los 21 años. Nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio. Nunca”, dijo el militar retirado. Una vez conocido el fallo a su favor, la exautoridad castrense ha resaltado los cuestionamientos hacia el Ministerio Público. “Se ha restablecido el imperio del derecho, que de alguna manera, se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales, fundamentalmente”, ha manifestado.

La acusación contra el excomandante en jefe del Ejército se centraba en una posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos (cerca de 3,2 millones de dólares) provenientes de los gastos reservados de la institución, para la compra de propiedades, regalos, viajes y vehículos. De acuerdo al Ministerio Público, tanto Fuente-Alba como su esposa habrían realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero, por lo que se incurriría en el delito de lavado de activos.

El militar retirado es investigado desde 2016 en el marco de un caso denominado como Milicogate —un juego de palabras de milico [como son apodados los militares en Chile] y el gate, en una referencia al escándalo de Watergate en Estados Unidos—, en donde han sido indagados varios uniformados de alto rango. Al inicio, la causa quedó radicada en los tribunales militares y fue encabezada por la ministra en visita de la Corte Marcial, la jueza Romy Rutherford, que sometió a proceso a Fuente-Alba por una malversación de caudales públicos originados desde la Ley Reservada del Cobre por un monto aproximado de 3.500 millones (unos 3,7 millones de dólares). En 2019, el exgeneral permaneció durante seis meses en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en el sector oriente de Santiago. De manera paralela al proceso militar, la justicia civil avanzó en un juicio que ha vivido su punto cúlmine con el veredicto entregado este lunes.

La lectura de la sentencia se concretará el próximo 5 de agosto. Allí se darán a conocer los detalles de la resolución de la justicia, en un juicio en el que también había participado como querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el organismo encargado de defender los intereses estatales en diversas disputas legales.

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