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La ruta política de Ronald Ojeda, el incómodo disidente venezolano que fue asesinado en Chile

Tras casi dos meses de investigación, la Fiscalía chilena apunta a un móvil político tras el crimen del exmilitar que estaba asilado en Chile. Su ejecución, en la que participó el Tren de Aragua, habría sido planificada desde Venezuela

Familiares del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno lo despiden en el funeral en el sector poniente de Santiago de Chile
Familiares del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno lo despiden en el funeral en el sector poniente de Santiago de Chile, el viernes 8 de marzo de 2024.CRISTOBAL VENEGAS
Ana María Sanhueza

Durante casi dos meses, el móvil del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, abiertamente disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, secuestrado desde su departamento en Santiago el 21 de febrero y hallado muerto 10 días después enterrado bajo cemento, era una incógnita. Pero el jueves, el fiscal del caso, Héctor Barros, dijo que, tras agotar varias líneas investigativas –un autosecuestro, un secuestro extorsivo y que el exmilitar tuviera vínculos con el crimen organizado tras la revisión de sus datos financieros–, que la única tesis plausible que queda es el móvil político.

En una entrevista que dio el jueves al canal Chilevisión, Barros dijo que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”. Y luego señaló que “esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera y en el contexto de crimen organizado”. Y que “el perfil concreto que tiene la víctima nos lleva concluir que de las primeras hipótesis, en que él hubiera estado en movimientos ilícitos o que el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para efectos de cobrar algún rescate, están absolutamente descartadas”.

Las palabras del fiscal han provocado un fuerte impacto en Chile. Y aunque entregó luces sobre el móvil –que apunta como sospechosos de su ejecución a al menos dos miembros del Tren de Aragua que habrían huído a Venezuela, Walter del Jesús Rodríguez Pérez y Maickel Villegas Rodríguez–, también han abierto nuevas interrogantes.

Un secuestro inusual

Ronald Ojeda, de 32 años, vivía en el piso 14 de un edificio en el municipio de Independencia de Santiago de Chile junto a su esposa y su pequeño hijo. Fue secuestrado a las 3.10 de la madrugada por tres sujetos con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes lo sacaron en ropa interior. Un cuarto aguardó en la conserjería y, al menos uno, un joven venezolano de 17 años, el único detenido en Chile, prestó colaboración. Todo quedó registrado en un vídeo del edificio.

El secuestro ha sido considerado inusual por la forma en que se cometió: con sujetos vestidos de policía, con ingreso de madrugada a un departamento y sin que se pidiera rescate. Son al menos tres elementos que se diferencian del modus operandi que ha tenido el Tren de Aragua cuando ha cometido este mismo delito en Chile. Pero coincide en la forma en que fue sepultado el cadáver, pues en el extremo norte chileno hay entierros similares bajo cemento.

“Hay un grado de organización, un grado de ejecución en este delito, que nosotros no lo hemos visto. O sea, el Tren de Aragua jamás actuó haciendo una puesta en escena como la que hicieron en este caso”, dijo Barros a Chilevisión.

El exmilitar venezolano asesinado en Chile, Ronald Ojeda.
El exmilitar venezolano asesinado en Chile, Ronald Ojeda.

Las primeras señales

Fue Josmarghy Castillo, viuda de Ojeda, quien la madrugada en que su marido fue sacado del departamento, dio la primera pista a la policía y Fiscalía, pues dijo que uno de los captores tenía acento venezolano. Según su primera declaración, que publicó en marzo el periódico La Tercera, ello la hizo pensar que el secuestro “se debía a otro problema, en particular al conflicto político que tuvo mi marido en Venezuela”.

Castillo también contó, según el periódico, que Ojeda mantenía contacto con Anyelo Heredia, excapitán y disidente venezolano que le pedía “consejos e ideas para poder entrar a Venezuela y montar una operación para revocar al gobierno de Nicolás Maduro”. Heredia, hoy detenido en Venezuela, cuando vivió en Estados Unidos apoyó en tres ocasiones a la pareja con el envío de dinero como una ayuda económica.

Al día siguiente del secuestro, el 22 de febrero, el excomisario venezolano Iván Simonovis, hoy opositor al Gobierno de Venezuela, a través de su cuenta de la red social X apuntó a una operación orquestada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

Durante el funeral de Ojeda, su viuda dijo: “Mi esposo ha sido víctima solamente por querer la libertad de Venezuela”.

“Fui un preso político”

Ronald Ojeda llegó a Chile a fines de 2017 y obtuvo el asilo político tiempo después. En su biografía de X (exTwitter) era un activo disidente que se presentaba como “expreso político”. Precisamente, en diciembre de ese 2017 se había fugado, junto a otros nueve oficiales, desde la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, a 29 kilómetros de Caracas, donde estuvo recluido 239 días, acusado de conspirar contra el Gobierno de Maduro.

En un vídeo que Ojeda publicó en diciembre de 2022 en su cuenta de Instagram, dijo: “Fui un preso político, fui torturado y amenazado. Sé lo que representa ser un joven oficial, institucional y con moral para un sistema corrupto. Le hago llegar un mensaje a los presos políticos, un mensaje de fortaleza. Sé que en este momento se encuentran totalmente desesperanzados, pero, aun así, tenemos que encontrarnos con mucha fortaleza, con mucha paz mental”.

La ‘operación Brazalete blanco’

El 22 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó de la detención de ocho personas en el contexto de un plan, Brazalete blanco, para atentar contra la vida de Maduro, entre ellas el exmilitar disidente Anyelo Heredia, apresado en la frontera con Colombia y “quien pretendía tomarse varios puestos militares”.

Heredia, quien se fugó de Ramo Verde en 2019, se autoinculpa en un vídeo del plan y menciona, entre las personas como parte del grupo que conspiraba, al “teniente Ojeda”. No está nada claro si se trata de un vídeo que grabó en forma voluntaria o no.

El 24 de enero, Heredia y Ojeda aparecieron en una nómina de 33 militares, divulgada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que dirige el general Vladimir Padrino. En un comunicado se informa que se llevó a cabo un acto de “degradación y expulsión” de implicados en conspiraciones “mediante la planificación de acciones criminales y terroristas”.

El 31 de marzo pasado, Caracol Noticias de Colombia publicó una investigación, La cacería de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y Chile, en la que señala que el Gobierno de Venezuela se habría aliado con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el Tren de Aragua para perseguir a disidentes. Menciona que el foco estuvo en Heredia, Ojeda y el líder estudiantil opositor Pablo Parada.

Según los antecedentes de Caracol Noticias, Heredia y Ojeda fueron parte de un grupo de desertores que en diciembre de 2023 estuvieron en una reunión en Cúcuta. Ojeda habría huido herido a Chile, tras ser descubiertos. Y habría entrado al país por un paso informal.

El Gobierno recibe a la viuda

Apenas ocurrió el secuestro de Ojeda, el Gobierno de Boric fue en extremo cauteloso y, desde el primer día sus autoridades señalaron que no descartan ninguna hipótesis. La Administración de izquierdas mantuvo distancia total con la viuda de Ojeda por casi dos meses –lo que le valió críticas– hasta que el viernes 5 de abril el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la recibió en La Moneda sin publicitar la cita, que fue divulgada el lunes 8 por el vespertino La Segunda. Esa fue una alerta de que algo había cambiado: Ojeda no tenía vínculos con el crimen organizado, según informó el fiscal el jueves 11.

Por la mañana del viernes 12, tras la revelación de Barros, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso de Ojeda: “La víctima no tiene, según la investigación, relación con el crimen organizado, no hay ningún elemento para considerar, por ejemplo, un autosecuestro y ninguna otra hipótesis. Y eso es lo que ha llevado a la Fiscalía a pensar que la hipótesis más plausible es que haya habido algún móvil político. Ahora, ¿de quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar. Y quienes tienen la clave de eso son estas personas que se fugaron de Chile, que fueron a Venezuela, y que son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro”. Se refería a Walter del Jesús Rodríguez Pérez y Maickel Villegas Rodríguez, que estarían aparentemente en su país.

Luego Tohá emplazó a Venezuela para lograr la extradición de los dos implicados y dijo que “los ojos del mundo” van a estar puestos en su comportamiento.

Boric llama a su embajador

El sábado, el presidente Boric sostuvo una reunión en La Moneda con el embajador de Chile en Venezuela, el socialista Jaime Gazmuri, quien fue llamado a consultas el jueves por el mandatario (horas antes de que se divulgara la entrevista del fiscal Barros) en medio de una semana de alta tensión en las relaciones entre ambos países.

La tensión se generó a raíz de que el canciller de Maduro, Yván Gil, declarara el lunes que el Tren de Aragua, que opera en Chile desde 2022, era “una ficción mediática internacional” y que existen vídeos de personas “con acento chileno y peruano” que afirman ser parte de la organización. Los dichos que fueron catalogados por Boric y Tohá como “un insulto”, y el viernes tanto el fiscal Saab como Gil señalaron que la organización criminal fue desarticulada en Venezuela.

Pero la cita con Gazmuri también fue para tratar el caso de Ojeda. Y la Cancillería chilena informó que Interpol emitió una alerta roja para la detención de los dos sospechosos del asesinato, lo que significa, explicó la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de La Fuente, que, “de ser identificados, deben ser apresados en cualquier parte del mundo, de modo que se puedan realizar las gestiones para que respondan ante la justicia”.

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Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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